Miguel Ángel Noceda
- Las constructoras de la ampliación del Canal siguen a la espera de que se decidan los arbitrajes en los que reclaman al menos 3.300 millones.
Panorámica de la esclusa de Cocolí en Ciudad de Panamá.
El pasado 26 de junio se cumplieron dos años de la inauguración de la ampliación del Canal de Panamá. Pero los conflictos que llevaron varias reclamaciones de arbitraje a la Corte Internacional de Comercio de Miami siguen sin visos de resolverse a corto y medio plazo. Las empresas constructoras se quejan de la lentitud de los procesos porque perjudica sus economías, mientras recriminan que el canal funciona día a día y aumenta sus ingresos.
Las empresas se quejan de la lentitud de los procesos abiertos
Atrás queda una mastodóntica obra que comenzó en julio de 2009, cuando el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) se adjudicó el contrato para el tercer juego de esclusas para que pasaran grandes buques (los denominados post-panamax). El consorcio (liderado por la española Sacyr, con el 41,5%, e integrado por la italiana Impregilo, la holandesa Jan de Nul y la panameña Cusa) había ganado el concurso con una oferta de 3.200 millones de dólares (unos 2.850 millones de euros), lo que provocó acusaciones de baja temeraria por la firma estadounidense Bechtel.
La construcción supuso unos desafíos enormes por la complejidad geológica, por ser una zona de alta sismicidad, y la aparición de sobrecostes que no estaban previstos. Estas desviaciones se debían a la peor calidad de la roca basáltica, lo que obligó a buscar otra cantera; la aparición de fallas no esperadas o más grandes de lo previsto y algunos cambios normativos.
El consorcio, ante eso, solicitó unos modificados que elevaron el presupuesto a 5.581 millones de dólares. La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) rechazó las pretensiones del consorcio, dando lugar al conflicto que acabó en Miami, donde se dirimen unas reclamaciones de GUCP que suman 4.000 millones de dólares (unos 3.300 millones de euros), pero que pueden subir hasta 5.800 (cerca de 5.000 millones de euros) si los fallos se siguen retrasando porque el daño continúa.
Las tensiones crearon un conflicto diplomático que obligó a intervenir al Gobierno español. El acuerdo, de marzo de 2014, que no se firmó por ACP hasta agosto, estipulaba que ACP y GUPC hacían aportes a partes iguales para asegurar el final de las obras. Conforme se fueran dando las resoluciones, cada uno recuperaría la parte en la que tuviera razón.
Hay seis demandas, de las que solo se ha resuelto una, en contra del consorcio
Se fueron cumpliendo plazos y las relaciones normalizando. Se produjeron encuentros del presidente de Sacyr, Manuel Manrique, con el presidente del país, Juan Carlos Varela, y los responsables de ACP. Pero no se levantaron las demandas de arbitraje. El 31 de mayo de 2016 se entregaron las llaves a ACP y el 26 de junio se inauguró la ampliación con la presencia del rey Juan Carlos.
Sobre la obra no parece haber ningún pero. El quid está en la parte jurídica. Los arbitrajes de la Corte de Miami son lentos. Fuentes del consorcio han sido explícitas. A su juicio, la ACP obstruye los procesos de arbitraje, lo que provoca una asfixia financiera a GUPC, cuyos socios “están sufriendo el coste de defender estas causas y el coste de oportunidad de no poder dedicar sus recursos a otros fines”. “Mientras, el cliente disfruta de su obra a plena satisfacción e ingresando mucho dinero gracias a un proyecto ejecutado a la perfección, que estuvo siempre bajo su supervisión técnica y económica y con política de libros abiertos”, arremeten.
Hasta el momento ha habido una resolución en un proceso que se inició en 2011 con la primera reclamación de GUPC por una presa provisional en el lado del Pacífico. En agosto de 2017, los árbitros consideraron los argumentos de ACP y no los de GUPC, que reclamaba 193 millones de dólares. Esta tuvo que pagar las costas por valor de 25 millones. El DAB (Junta de Resolución de Conflictos, la instancia previa de expertos) ya había desestimado antes la reclamación, por lo que GUPC no consideraba en sus cuentas ningún retorno.
El segundo arbitraje, que se refiere al del problema del basalto y la calidad del hormigón, está en curso, con expectativa de finalización en la segunda mitad de 2019. Esta reclamación procede de 2013. El DAB reconoció las demandas del consorcio y el pago del 60% de la reclamación, es decir, 286 millones. La resolución de Miami determinará si debe pagar el 40% restante o si tiene que devolver la compensación.
Aparte de estos dos arbitrajes quedan otros cuatro para los que no están todavía ni constituidos los tribunales. De ellos, los más importantes son los efectos por la parada técnica que sufrieron las obras por falta de cash-flow y el sobrecoste de las compuertas.
UNA MÁQUINA REGISTRADORA DE HACER DINERO
En estos dos años el canal ha estado operativo el 100% del tiempo. La Autoridad del Canal ha ido variando el método de transitar los buques y ampliando el horario y el número de operaciones conforme su personal iba adquiriendo experiencia. En dicho periodo han pasado por las nuevas esclusas un total de 3.500 barcos, entre ellos muchos buques gaseros y transatlánticos de pasajeros que por sus dimensiones no podían pasar por las antiguas. A una media de 750.000 dólares por barco, el canal ampliado ha generado en dos años unos 2.625 millones de dólares, lo que supone más del 80% de su presupuesto inicial.
Esto quiere decir que, aún en el supuesto de que el coste final fuera superior, el plazo de amortización será muy corto, según apuntan esas fuentes. En un plazo de tres a cinco años, la inversión se habrá amortizado, incluso en el peor escenario. Más, teniendo en cuenta que la vida útil de los materiales será, con el debido mantenimiento, muy superior a 100 años.
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