Santiago Torrado
La decisión respalda un recurso presentado por una empresa cazatesoros de EE UU.
Colombia no ha conseguido despejar la larga cadena de litigios que rodea desde hace décadas al galeón San José, incluso antes del anuncio de su hallazgo. Un tribunal de la ciudad de Barranquilla ha ordenado el embargo o "secuestro" del tesoro de la embarcación española, hundida por corsarios ingleses cerca de Cartagena de Indias en el siglo XVIII. El fallo judicial, divulgado este martes, responde a la apelación formulada por una compañía de Estados Unidos que reclama los derechos sobre el 50% de la carga. El San José, cargado de oro del Virreinato de la Nueva Granada, plata de Perú y piedras preciosas, se fue a pique el 8 de junio de 1708 tras ser alcanzado por cañonazos de corsarios ingleses.
La decision "solo se refiere a una medida procesal antigua que en nada afecta el proceso contractual vigente en este momento", apuntó la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, encargada del tema por parte del Gobierno. "Colombia mantendrá en la más absoluta reserva las coordenadas donde se encuentra el naufragio y no cederá frente a las estrategias que buscan la revelación de esta valiosa información", agregó tras conocer el fallo.
El Tribunal Superior de Barranquilla revoca una resolución de octubre de 2017 y mantiene "la medida cautelar de secuestro decretada por providencia del 12 de octubre de 1994". En su fallo, la corte admite el recurso interpuesto por Sea Search Armada (SSA). La empresa reclamó en 1989 "el 100% de los bienes de valor económico, histórico, cultural o científico que tuvieran la calidad de tesoros para el caso de lo que se encontrara en la plataforma continental" o dentro de las coordenadas que habían quedado consignadas en un informe confidencial de 1982.
La SSA –parte de una asociación que se dedica a la recuperación de barcos hundidos– alega desde esa fecha haber ubicado las coordenadas de la embarcación. Un juez de Barranquilla determinó en 1994 que los tesoros corresponderían en un 50% a Colombia y en otro 50% a la compañía estadounidense. Sin embargo, el hallazgo del San José solo fue anunciado el 4 de diciembre de 2015 por el anterior presidente colombiano, Juan Manuel Santos, quien en reiteradas ocasiones declaró que las coordenadas corresponden a zonas inexploradas, y no a la ubicación entregada por SSA, y por lo tanto no había razones para el alegado.
Danilo Devis, abogado de SSA, aseguró este martes a varios medios colombianos que los tribunales colombianos siempre les han dado la razón, que la embarcación no es patrimonio cultural colombiano sino peruano y que en cualquier caso la firma que representa está abierta a renunciar al San José a cambio de una indemnización. Según el abogado, le han propuesto al Gobierno hacer una verificación conjunta de la ubicación y no han obtenido respuesta.
El Consejo de Estado, el máximo órgano judicial en el ámbito contencioso-administrativo en Colombia, determinó el año pasado que el galeón y su cargamento son patrimonio de los colombianos, y que para que SSA pueda obtener la parte por la que litiga desde hace tres décadas tendrá que demostrar que el San José se encuentra en las coordenadas exactas que anunciaron en 1982.
El Gobierno de Santos puso en marcha una licitación con empresas extranjeras para extraer el pecio del fondo del mar, pero ese proceso fue suspendido por el nuevo Ejecutivo de Iván Duque, quién tomó posesión el pasado 7 de agosto.
La postura de España
El proceso preveía un porcentaje de la valiosa carga de metales preciosos que llevaba el navío como parte de pago por ese trabajo. El Gobierno de Duque ha postergado en varias ocasiones los plazos para la contratación de la empresa que recuperará el galeón. El más reciente venció el pasado 10 de marzo.
España, por su parte, ya pidió a Colombia que no comercializara el San José y recuerda que es un "buque de Estado". El Ministerio de Exteriores aseguró el pasado 9 de marzo que el galeón es la "tumba submarina de 600 marineros" y ofreció su cooperación a la "nación hermana". España renunciaría a cualquier participación en el reparto del tesoro a cambio de que Colombia lo mantenga y cree un museo.
La vicepresidenta colombiana había segurado este lunes que Colombia no permitirá que el tesoro del galeón acabe en anticuarios del mundo. "Nuestra historia y el legado de nuestros antepasados no terminará convertido en bienes para negociar por anticuarios, coleccionistas ni cazatesoros del mundo entero", advirtió en alusión a la recuperación del tesoro, antes de que se conociera el fallo del tribunal de Barranquilla.
Ramírez recordó que la Constitución colombiana "impone el compromiso de defender el patrimonio de todos los c
olombianos". El país cuenta con una ley, la 1675 del 30 de julio de 2013, que tiene por objeto "proteger, visibilizar y recuperar el Patrimonio Cultural Sumergido".
Según dicha ley forman parte de ese patrimonio todos los restos que estén en aguas colombianas, incluidas "las especies náufragas constituidas por las naves o artefactos navales y su dotación, sus restos o partes, dotaciones o elementos yacentes dentro de estas, cualquiera que sea su naturaleza o estado, y cualquiera sea la causa de la inmersión, hundimiento o naufragio".
Esa ley recoge sin embargo que "no se considerarán patrimonio cultural sumergido" las "cargas comerciales constituidas por materiales en su estado bruto, cualquiera sea su origen, tales como perlas, corales, piedras preciosas y semipreciosas, arenas y maderas", así como los "bienes muebles seriados que hubiesen tenido valor de cambio o fiscal tales como monedas y lingotes".
Además, incluye la posibilidad de hacer una alianza público-privada para que una compañía cazatesoros recupere el pecio y obtenga una compensación de "hasta el 50% del valor de los bienes (en este caso, en el galeón) que no constituyan patrimonio cultural de la nación".
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