martes, 11 de octubre de 2016

LA RAZÓN.es
Ethel Bonet. 

Los talibanes controlan un tercio del territorio ante la impotencia del Gobierno central. La situación de la mujer afgana apenas ha mejorado.
Una misión inacabada. Soldados afganos participan en una operación contra los rebeldes talibanes, ayer, en la provincia de Helmand. Epa

Han pasado quince años desde que EE UU y sus aliados invadieron Afganistán para derrocar al régimen talibán. Sin embargo, Washington se equivocó al pensar a finales de 2001 que «muerto el perro se acabó la rabia». Grandes zonas de Afganistán, especialmente en el sur y el este, escapan fuera de control y ha habido un proceso de neotalibanización.
Debido a la pobreza endémica y la alarmante tasa de 40% de paro, «muchos afganos desesperados son reclutados por los talibanes, que les pagan ocho dólares diarios por empuñar un kalashnikov», explica a LA RAZÓN Hamid Sabir, diputado del partido islámico Hizb-e-Islami. Según Sabir, la insurgencia no son sólo talibanes. «Hay incluso funcionarios del Gobierno que abandonan sus puestos para alistarse a la insurgencia porque ganan más dinero», indicó. También algunos ex señores de la guerra colaboran vendiendo armas a los talibanes, y controlan, además, el negocio del tráfico del opio, que mueve millones de dólares. «Los talibanes tienen todo: el dinero para comprar armas y milicianos y el control sobre las zonas rurales por el apoyo de los mulás locales», subrayó.
La insurgencia ha resurgido con fuerza en los últimos años, convirtiéndose en una verdadera amenaza para la estabilización y el proceso de democratización afgano. Los talibanes han aprovechado para reagruparse en un momento en el que quedan alrededor de 12.000 militares de la OTAN para capacitación y asistencia, después de que se cerrara su misión miliar a finales de 2015. Estados Unidos mantiene 9.800 soldados en misión antiterrorista o de combate, que debería reducirse a cerca de la mitad en 2017, pero esta decisión se ha ido posponiendo.
En el último año, los talibanes han ganado terreno y han desafiado al Gobierno del presidente Ashraf Ghani en provincias como Kunduz (norte) o Lashkarga (sur). Según funcionarios estadounidenses, los insurgentes controlan ahora alrededor de un tercio del país. La lista de provincias más afectadas por la guerra incluye a Nangarhar, Kunar, Logar (este), Ghazni, Paktia, Kandahar, Uruzgan, Zabul y Helmand (sur), Ghor, Farah, Badghis, Faryab (oeste), y Baghlan y Kunduz (norte).
Al cumplirse el viernes el 15 aniversario de la invasión, los talibanes amenazaron: «El Emirato Islámico de Afganistán [como se llaman a sí mismos] condena la invasión estadounidense en los términos más enérgicos y una vez más, llamamos a los invasores a dejar el país y abandonar su despiadada invasión», declaró el grupo insurgente en un comunicado. «Si no es así, la nación afgana bajo el Emirato Islámico continuará su legítima lucha hasta el día en que los obliguen a salir del país, y ese momento no está lejos», avisan.
En este clima de incertidumbre, muchos temen que el país regrese de nuevo a los oscuros tiempos del régimen talibán, especialmente las mujeres. Cuando los aliados invadieron Afganistán, la por entonces secretaria de Estado, Condoleeza Rice, esgrimió, como una de las razones principales, salvar a las mujeres afganas del trato vejatorio al que los talibanes las tenían sometidas. Las aspiraciones de las afganas tropiezan con la dura realidad. «La sociedad afgana se enfrenta a una multitud de problemas, especialmente las mujeres. El país sigue estando bajo un régimen islámico», denuncia a LA RAZÓN la activista Sima Samar.
«Hemos perdido 15 años de democracia. [El ex presidente Hamid] Karzai prometió construir una nación en la que se le garantizaría a las mujeres sus derechos. Y hoy en día se nos sigue negando la educación, la asistencia médica o el trabajo», critica Samar. Cuando una mujer está embarazada, los afganos dicen que está enferma. La mayoría de las mujeres en las zonas rurales dan a luz en sus casas porque «tienen prohibido consultar a médicos varones y casi nunca disponen de medios de transporte para llegar a centro un médico», lamenta la activista afgana.
Miles de niños enferman y centenares mueren cada año por falta de tratamiento médico. En un país donde el 70% de la población sobrevive con menos de cuatro dólares diarios es imposible comprar medicinas. Por eso, los datos sobre mortalidad infantil hielan la sangre: 150 de cada mil niños mueren antes de cumplir los cinco años. A Afganistán le queda un largo camino por recorrer para poder romper con la corrupción en las instituciones, que impide avanzar al país en educación, derechos de las mujeres y proceso democrático.






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