J.A. Aunión
La norma española de desclasificación de documentos y las trabas para acceder a los archivos mantienen en penumbra numerosos acontecimientos del pasado reciente.
Manifestantes marroquíes en la Marcha Verde en el Sáhara Occidental en 1975. UPI / EFE
En algún momento, los diplomáticos españoles en la ONU dejaron de insistir. Llevaban tiempo buscando apoyos para que la salida del Sáhara se hiciera bajo el paraguas de la legalidad internacional, con una descolonización ordenada que dejara el destino del país en manos de los lugareños. Pero cuando las cosas se terminaron de torcer con la ocupación de 350.000 marroquíes a finales de 1975 (la Marcha Verde), con el rey Juan Carlos recién llegado a la jefatura del Estado y la guerrilla del Frente Polisario determinada a resistir, España simplemente se marchó, dejando su excolonia en manos de Marruecos. Ese fue el resultado de una lucha interna entre una parte del Ministerio de Exteriores y la Diplomacia española, partidaria de la solución descolonizadora, y la Presidencia del Gobierno encabezada por Carlos Arias Navarro, más sensible a las pretensiones marroquíes.
Pero ¿por qué y cómo ganó esa segunda postura? ¿Qué ministros la apoyaron y cuáles cambiaron de postura tras la muerte de Franco? ¿Cuál fue el papel del Rey? Estas son algunas de las preguntas de la historia reciente de España que, según los especialistas, se podrían responder, al menos en parte, si no fuera por la Ley de Secretos Oficiales de 1968. Esta, a diferencia de otros países, no tiene un plazo establecido para la desclasificación de documentos; lo decide el Gobierno en cada caso. Y esto no ocurre muy a menudo.
Las principales asociaciones de investigadores y 160 historiadores han pedido por carta a los grupos parlamentarios que desatasquen la reforma de la ley del 68, aprobada en el Congreso el pasado noviembre a petición del PNV; se proponen 25 años para desclasificar las materias secretas y 10 para las reservadas. La iniciativa sigue desde entonces en el limbo después de 15 prórrogas del plazo de enmiendas, previo a la tramitación de la nueva ley.
Precisamente porque son inaccesibles, es imposible saber exactamente qué contienen y qué episodios podrían ayudar a esclarecer los archivos ocultos. Pero el profesor José Luis Rodríguez Jiménez, de la Universidad Rey Carlos, está convencido de que podría responder muchas preguntas sobre el Sáhara si le dejaran acceder a las actas de los consejos de ministros de los años 1974 y 1975. Tampoco le vendría mal echar un vistazo a la documentación de la Junta de Jefes de Estado Mayor y el Alto Estado Mayor del Ejército de esas fechas. “En 2015 hubo una disposición según la cual, para consultar los fondos [en la Real Academia de la Historia] relativos a Marruecos, Sahara, Ifni, Ceuta, Melilla y Gibraltar era preciso una autorización previa del Ministerio de Asuntos Exteriores. Esta autorización no significa que se pueda consultar toda la documentación, aunque hayan pasado 50 o 25 años de los hechos; depende de una decisión de los encargados del fondo. Y a finales de 2016 se ha cerrado a la consulta de los investigadores. Esto significa que en España, en materia de Archivos, seguimos retrocediendo”, protesta.
De hecho, a la ley de Secretos Oficiales se suman otros problemas, como la dispersión de documentos entre diversos archivos, públicos y privados; la destrucción de una gran cantidad de información (por dejadez y también de forma sistemática durante la Transición, según numerosos estudiosos); o la arbitrariedad de los propios archiveros, ante la ausencia de criterios comunes. La ley de Patrimonio Histórico establece que si hay “datos personales de carácter policial, procesal, clínico” o cualquier otro detalle privado, los documentos no podrán consultarse a no ser que lo acepte el afectado, hayan pasado 25 años de su muerte o 50 desde que se firmaron desde que se firmaron. Esto afecta de lleno a los papeles de la Brigada Político Social (la policía política del franquismo) o la Guardia Civil, aunque no estén clasificados.
Así, entre unas y otras circunstancias, el resultado es una situación que los historiadores tachan de anómala y absurda, porque tienen que recurrir una y otra vez a fondos extranjeros para contar la historia de España. La cual sigue, en todo caso, llena de agujeros. Los siguientes son solo algunos ejemplos.
Accidentes aéreos. En julio de 1936, el teniente general José Sanjurjo, uno de los principales conspiradores del golpe de Estado contra la II República, murió en un accidente aéreo en Estoril (Portugal). Algo menos de un año después, murió del mismo modo otro de los competidores de Franco como líder de los sublevados, el general Mola. Y al año siguiente, Ramón Franco, el hermano del futuro dictador. La profesora de la Complutense Mirta Núñez Díaz-Balart se pregunta si esos sucesos fueron tan accidentales. El golpe de 1936 y la posterior Guerra Civilson épocas oscuras, también en cuanto a documentación. Núñez ha estudiado en profundidad la represión sistemática contra el bando republicano (en forma de ejecuciones, reclusiones, humillaciones…), pero asegura que falta mucha información para conocer la verdadera extensión de aquel proceso. Por ejemplo, sería fundamental el acceso al archivo de Falange, aunque sospecha que buena parte del mismo ha sido destruida.
Entramados económicos. "[Con acceso a la documentación clasificada], podríamos saber las redes de amistades, familiares y nepóticas que se han enriquecido en tiempos de la dictadura y años posteriores", asegura la profesora de la Universidad Carlos III de Madrid Matilde Eiroa. Y desarrolla las incógnitas: “Cómo gestionaron la escasez en tiempos de la autarquía, cómo consiguieron las grandes fortunas en el contexto de un país pobre y en vías de desarrollo, hasta qué punto tuvieron influencia en los Gobiernos, si actuaron como un Gobierno en la sombra o no, qué privilegios tuvieron, qué mano de obra utilizaron en sus empresas (¿trabajo esclavo republicano?)”.
El contubernio de Múnich. En 1962, un grupo de opositores al régimen franquista —118 representantes políticos de todas las tendencias, del interior y el exilio, con excepción del PCE- se reunieron en Múnich y, entre otras cosas, pidieron a la Comunidad Económica Europea que no aceptara la adhesión de España hasta que no respetase las reglas de la democracia. El Gobierno de Franco no solo reaccionó con una feroz campaña de desprestigio –lo llamó el contubernio de Múnich-, sino que inició una implacable represión política contra algunos de los asistentes. La profesora Eiroa también se pregunta cómo se ejecutó esa persecución o cómo se eligieron los objetivos. Unas claves que pueden estar en la documentación de la Brigada Político Social. Con ella, se podría “conocer cómo funcionaba la política del franquismo, quiénes eran sus objetivos, qué procedimientos utilizaban para obtener información (desde torturas a sistemas de vigilancia y espionaje), quiénes eran los grupos y las actuaciones perseguidas dentro y fuera de España”, asegura.
Norte de África. En el verano de 1970, desapareció en el Sáhara español Bassir Mohamed uld Hach Brahim uld Lebster, Basiri, líder de la organización independentista que daría origen al Frente Polisario. Poco antes, había sido detenido por las autoridades españolas. El periodista y escritor Tomás Bárbulo reconstruyó este suceso en el libro La Historia prohibida del Sáhara español, pero tuvo que hacerlo a partir de testimonios indirectos, pues en el Archivo General de la Administración hay numerosas lagunas y los pocos documentos que quedan sobre Basiri están, asegura, falsificados. Bárbulo relata cómo durante su investigación, un simple cambio del responsable del archivo podía suponer acceso generalizado o completamente restringido a la documentación. Los historiadores José Luis Rodríguez Jiménez y Carlos Sanz recuerdan que gran parte de los informes sobre la descolonización del Sáhara permanecen clasificados, como todo lo que tiene que ver con Ceuta y Melilla.
República o monarquía. El pasado noviembre se conoció una entrevista inédita de 1995 en la que el expresidente del Gobierno Adolfo Suárez confesaba que en la Transición no se hizo un referéndum sobre república o monarquía porque sus encuestas decían que ganaría la primera. La solución que adoptaron fue la de meter “la palabra rey y la palabra monarquía” en la Reforma Política de 1977. Este es el ejemplo que usa la profesora Eiroa para llamar la atención sobre todo lo que queda por saber de la Transición y de “los acuerdos y decisiones de los Gobiernos de Suárez con respecto al sistema político imperante en España”.
Alianza Atlántica. Durante la discusión en el Congreso, en 1986, sobre el referéndum de permanencia de España en la OTAN, el expresidente Calvo Sotelo mencionó unas actas de las conversaciones mantenidas con la Alianza Atlántica antes de la adhesión del país en 1982. En su réplica, Felipe González dijo que le gustaría tener acceso a esas actas, insinuando que ya no estaban en Asuntos Exteriores. Ningún investigador ha podido, según el profesor de la Complutense Carlos Sanz, acceder a esas actas que podrían aclarar las posibles amenazas para España que se abordaron en aquellas conversaciones o la participación en la estructura de mandos y el estado de preparación de las Fuerzas Armadas. Hay que recordar que pocos meses antes de la entrada en la OTAN se había producido el intento de golpe de Estado del 23-F (un tema que también sigue clasificado).
LA SEGURIDAD DEL ESTADO Y EL DERECHO A LA INFORMACIÓN
La exministra de Defensa socialista Carme Chacón propuso en 2011 la desclasificación de 10.000 documentos fechados entre 1936 y 1968, sobre temas como los campos de concentración y los batallones de trabajo tras la Guerra Civil, la política del Protectorado español en Marruecos, las operaciones en Sidi Ifni o las dotaciones de buques de guerra italianos y alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Se había concluido que su publicación ya no es un riesgo para la seguridad del Estado. El trabajo estaba hecho, los papeles expurgados de puntos conflictivos, pero faltó el último paso: su desclasificación en el Consejo de Ministros.
Y el sucesor de Chacón en el Ministerio de Defensa, ya con el Gobierno del PP, Pedro Morenés, abortó el proceso en 2012. Una decisión contra la que se levantaron públicamente un centenar de historiadores y juristas, entre ellos, Francisco Espinosa, Mirta Núñez Díaz-Balart, Manuel Álvaro Núñez, Paul Preston, Josep Fontana, Ángel Viñas, Carlos Jiménez Villarejo, Matilde Eiroa, Ricardo Robledo o Ana Martínez Rus.
“Los dos Gobiernos del señor Rajoy se caracterizan, en política de archivos, por haber dado un parón a la creciente apertura que se había registrado desde 1976. Es decir, un récord del que no debemos sentirnos particularmente orgullosos. En algunos temas, España estaba en cabeza, por ejemplo, en la desclasificación de documentos diplomáticos entre los países de la UE”, relata por correo electrónico el historiador Ángel Viñas.
En noviembre del año pasado, el Congreso de los Diputados aprobó una proposición del PNV (por 169 votos a favor, 3 en contra y 162 abstenciones) para tramitar una nueva ley de Secretos Oficiales que sustituya a la de 1968. Pero todavía no ha empezado a tramitarse porque la Mesa del Congreso lleva desde entonces alargando el plazo de enmiendas; la decimoquinta prórroga termina el próximo 6 de junio.
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