El Huffington Post
El nuevo impuesto que penaliza las bebidas azucaradas entra en vigor, con tramos en función del edulcorante añadido.
GETTY IMAGES / ISTOCKPHOTO
Latas de refresco, en una imagen de recurso.
Es lunes, 1 de mayo, y es el momento de que entre en vigor el impuesto a las bebidas azucaradas aprobado por
Cataluña y que repercutirá de modo obligatorio sobre los consumidores. La medida aprobada por la
Generalitat busca penalizar el consumo de productos bebibles cuya composición supera los cinco gramos de azúcar por cada 100 mililitros, en consonancia con las últimas recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud (OMS). Refrescos azucarados, zumos y néctares, batidos o bebidas con sabores de té y café son las afectadas por la normativa.
El incremento de precios puede oscilar hasta el 50%, pero se notará especialmente en bebidas de marca blanca, de menor valor que las originales. A la hora de gravar una bebida, la medida tiene en cuenta en qué proporción se presenta el azúcar en su composición. Así, el coste extra será de ocho céntimos más por litro si contiene entre cinco y ocho gramos del edulcorante por cada 100 mililitros, y 12 céntimos más por litro si supera los ocho gramos.
Su traducción más inmediata y práctica en la cesta del consumidor se establecerá siguiendo esta relación, de tal modo que una lata de
Coca Cola,
Fanta o
Pepsi será cuatro céntimos más cara a partir del lunes (7% de incremento). En el caso de las botellas de dos litros de refresco de cola, pasarán a ser 24 céntimos más caras, con un incremento de casi el 17%. Si esta botella es de marca blanca, el precio se infla un 51%, hasta 24 céntimos más en el refresco de cola de marca
Carrefour, por ejemplo.
Zumos o néctares con alta presencia de azúcar, como los tradicionales de botella de litro de
Granini, sumarán a su precio habitual 18 céntimos (que podrá variar dependiendo del zumo y del tamaño), y aguas de sabores como las de Font Vella se encarecerán 10 céntimos.
Según informa
El Periódico de Cataluña, las empresas afectadas buscan estrategias para comunicar e informar a sus consumidores sobre esta medida que se está implementando en otros países como
Francia y que el propio Gobierno español está considerando.
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