Florantonia Singer
En un gesto inusual, el banco central revela datos sobre la economía local. Maduro logra desacelerar el alza de precios a costa de una brutal contracción económica.
Un vendedor en un mercado de Caracas. MATIAS DELACROIX AP
La hiperinflación en Venezuela sigue causando estragos. En 2019 llegó al 9.585%, según ha informado este jueves el Banco Central de Venezuela. El precio de los alimentos se multiplicó por 80 el año pasado y el de los bienes relacionados con la salud, por 180. Cualquiera que haya ido últimamente a un supermercado, una farmacia o una consulta médica en el país sudamericano es consciente de lo que ha revelado el banco central. Costear la vida diaria es la mayor preocupación de muchos venezolanos. En los anaqueles de las tiendas hay productos disponibles, pero solo una pequeña porción de la población puede pagarlos.
Las nuevas cifras de inflación siguen siendo brutales, más en una economía moribunda como la venezolana. No obstante, revelan una desaceleración respecto al índice de precios al consumidor de 2018, que se ubicó en 130.060%, según la misma data oficial. Y, con todo, el dato es recurrentemente inferior a las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que recientemente constató como el país se ha dejado por el camino las dos terceras partes del PIB en seis años de crisis.
La inusual revelación se hizo a través de la página web del instituto emisor sin mayor explicación de parte del Gobierno. El dato ni siquiera fue mencionado en la reciente rendición de cuentas que hizo Maduro ante la Asamblea Nacional Constituyente. Para algunos economistas, la difusión de la cifra es parte de la política de liberación económica que comenzó a aplicar Maduro el año pasado, como última medida para enfrentar la deriva en la que está sumida el país luego de 15 años de controles.
"El año pasado el motivo de revelar cifras podía ser otro, más relacionado con condiciones de sus socios comerciales para obtener más endeudamiento. Hoy, tiene que ver más con la tendencia de liberalizar la economía y darle un marco a la empresa privada para fijar precios y estructuras de costos y que tome la batuta para lograr cierto abastecimiento. El gobierno ha empezado a reconocer, sin decirlo, que no puede mantener el gasto público con la reducción de la renta petrolera", señala el economista Luis Bárcenas, de la firma Ecoanalítica.
Las cifras, sin embargo, no muestran que la apertura corresponda a un verdadero golpe de timón. El Gobierno de Maduro tiene un pulso con la hiperinflación a través del recorte del gasto público y de la reducción total del crédito. En Venezuela, la tarjeta de crédito es un objeto en desuso, pues ningún banco puede ofrecer financiamiento por las restricciones que ha impuesto el Banco Central de Venezuela al encaje legal. La dolarización informal también le ha favorecido en ese forcejeo contra los precios. "Las personas no tienen la misma capacidad de compra, por lo que las empresas bajan los precios o no los suben tan agresivamente porque se encuentran con un consumidor con menos dinero para gastar".
El país todavía no supera la hiperinflación. En 2020 podría seguir en el deshonroso primer lugar entre los países con más inflación del mundo y donde la economía se ha contraído dos tercios desde que llegó Maduro al poder. Se prevé que este año su desempeño continuará achicándose un 10%, según la última estimación del FMI, publicada este mismo mes.
El desequilibrio entre el alza de la tasa de cambio y de los precios ha venido produciendo lo que los economistas llaman el encarecimiento de la vida en dólares, que la gente llama erróneamente como una inflación en la moneda extranjera. Bárcenas señala que entre 2018 y 2019, tomando en cuenta el porcentaje de inflación revelado por el BCV, el poder adquisitivo del dólar —en el que se hacen ya 60% de las transacciones— se redujo un 20%. Al cierre del año pasado necesitabas 0,25 dólares más para adquirir lo mismo que en 2018 comprabas con un billete verde.
En contrasentido con la dolarización, la Constituyente de Maduro ha anunciado recientemente reformas en las leyes tributarias que imponen penalizaciones adicionales de entre 5% y 25% a las transacciones que se hagan en dólares o criptomonedas distintas al petro. La medida buscaría, además de forzar el uso del petro, pescar algo del flujo de divisas que se mueve actualmente en la economía. "El deterioro del bolívar es tal que la gente igual va a preferir usar dólares aún pagando un impuesto adicional".
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