Juan Revenga Fracua
Noruega y Finlandia han tomado una serie de medidas eficaces de salud pública que están consiguiendo contener la epidemia de obesidad en niños y adultos. Sorpresa: ninguna se aplica en España.
Una de las medidas es subir los impuestos a los dulces. KAHVIKISU / FLICKR
La obesidad es uno de los mayores problemas de salud pública en el mundo; no lo decimos nosotros, es una cuestión evidente que planea de forma constante en los más prestigiosos foros de salud internacionales, y a la que las revistas científicas más importantes dedican extensos monográficos. Es motivo también de numerosas publicaciones y de miles de trabajos científicos debido, precisamente, a la alta prevalencia y gravedad del asunto.
No es una cuestión que nos pille por sorpresa: tirando por lo bajo llevamos con esta cantinela 20 años; aunque en el entorno científico el asunto se veía venir desde mucho antes, pongamos otros 20 más. Pero no solo estamos como quien oye llover, sin hacer gran cosa: con bastante probabilidad, muchos países (entre ellos España) están adoptando posturas peores que la de no hacer nada. Me refiero a emprender acciones que parece que sirven para algo —solo lo parecen— pero que en realidad retroalimentan el problema.
La estrategia es sencilla, consiste en desarrollar programas con nombres más o menos eufónicos y que a la vez no sean demasiado intervencionistas, ya que eso enfadaría a unos ciudadanos poco comprometidos, además de aportar munición a los adversarios políticos de turno. De esta forma se puede decir públicamente que ya hay en marcha planes, campañas y programas para poner freno al asunto: solo de cara a la galería, eso sí, pero ahí están. Siendo bienpensantes, podríamos creer que hacen lo que pueden y no hay unas políticas de solvencia contrastada que se podrían imitar y aplicar a lo local. Pero las hay, y para conocerlas ni siquiera tenemos que salir de Europa (aunque los guantes, el gorro y la bufanda son recomendables en este viaje).
Políticas de éxito dirigidas a la población general
Tenemos que viajar hasta los fríos países escandinavos para encontrar un modelo que funciona y destaca por la intervención —seria y real— de la Administración en el problema que nos ocupa. A fin de cuentas los países nórdicos se han revelado tradicionalmente como un ejemplo a seguir en cuanto a políticas de salud pública y prevención, entre las que podemos destacar el proyecto para la prevención de la enfermedad cardiovascular de Karelia del Norte (Finlandia) a principios de la década de los 70.
Noruega ha marcado un hito reciente al conocerse que sus ciudadanos han reducido el consumo per cápita de azúcar de 43 kilos al año a 23 entre los años 2000 y 2018. Asombroso. ¿Cómo se ha conseguido este prodigio? Pues con diversas acciones, de nuevo mancomunadas, realizadas en el fondo —no como una pose— y con la intención directa de conseguir el objetivo perseguido. Entre ellas:
- Aumentar hasta un 87% los impuestos sobre los alimentos dulces y chucherías (en España no se hace).
- Aumentar hasta un 42% los impuestos a los refrescos, ya sean “normales”, con azúcar, light o zero, o con edulcorantes acalóricos (en España tampoco se hace).
- Legislar de forma específica la publicidad de estos productos y, todavía más importante, controlar el cumplimiento de esas leyes (una vez más, en España tampoco se hace).
Las cifras de sobrepeso y obesidad de la población adulta noruega son radicalmente inferiores a las nuestras, tanto como casi la mitad. Según la última Encuesta Nacional de Salud de 2017, cerca del 55% de los adultos españoles de ambos sexos está en situación de sobrepeso u obesidad. En la población noruega esa cifra no alcanza el 25%
Las buenas excepciones en el terreno infantil también vienen del frío
Algunas comunidades también se han remangado para trincar por los cuernos al toro de la obesidad en esta franja de edad, que debería estar especialmente protegida y a la vez bien informada para fomentar futuros ciudadanos con criterio propio. Vamos con el ejemplo que en su día nos mostró la ciudad de Seinäjoki, en Finlandia: el éxito de su modelo ha servido para exportarlo posteriormente a otros municipios del país e incluso a otros países tan poco parecidos como Corea del Sur (sí, en todas partes se cuecen las habas de la obesidad).
Hace ya más de nueve años se puso en marcha en la localidad un programa piloto para revertir la obesidad infantil que, por aquel entonces, afectaba a cerca del 20% de los niños de cinco años. Apenas cinco años más tarde, la prevalencia de la obesidad en esa población se redujo a la mitad, hasta cerca del 10%. Mientras, en España, la conocida como Estrategia NAOS —nutrición, actividad física y prevención de la obesidad— nacida en 2005 para revertir la prevalencia de la obesidad infantil tiene el dudoso honor de haber ido de la mano con el incremento del sobrepeso y la obesidad en los más jóvenes; de forma constante e inexorable desde entonces y hasta nuestros días (este trabajo da una idea de lo acontecido entre los años 1993 y 2011).
¿Cuáles son las características del exitoso modelo finlandés?
La principal fue emprender un programa mancomunado, hasta el punto de convertir la salud en un criterio clave para la toma de cualquier decisión política. Al mismo tiempo observaron el problema desde una perspectiva multifactorial, emprendiendo acciones al unísono que por aquí ni están ni se las espera. Ahí van algunos ejemplos:
- Mejorar la planificación urbanística para cambiar los patios de las escuelas con el fin de promover una mayor actividad física.
- Rediseñar los menús escolares con opciones más saludables y con menos azúcar.
- Planificar revisiones médicas anuales gratuitas en las que se cuente con profesionales de la salud específicamente formados en la materia.
- Crear campañas de educación nutricional para los padres, con el fin de concienciarlos y dotarles de recursos para afrontar mejor estas cuestiones.
- Realizar acciones concretas para reducir el acceso a los alimentos de peor perfil nutricional —aquellos especialmente dulces, altos en grasas saturadas y también a las bebidas azucaradas—, en las máquinas expendedoras de los colegios.
- Regular desde la Administración la publicidad de alimentos dirigidos a los niños.
- Imponer la mayor tasa impositiva de comercialización posible a productos de nulo interés nutricional: dulces, chocolates, refrescos, helados, chucherías y demás.
- Impartir en las escuelas contenidos específicos de nutrición, dietética, salud y cocina.
Las líneas maestras que funcionan
Volvamos a aquel glorioso monográfico de la revista médica británica The Lancet de 2015 sobre la obesidad en el mundo, que estableció las líneas maestras que deberían regir sobre cualquier Administración realmente interesada en poner coto al problema de la obesidad (y las plasmó en una infografía bastante resultona). Podemos de nuevo detallar cuáles son esas grandes líneas y contrastar cuántas de ellas están siendo empleadas por la Administración sanitaria española:
- Restringir el marketing dirigido a niños: aquí el Código PAOS (de autorregulación, no olvidemos) es una excusa de cierta industria alimentaria para ponerse medallas con la publicación de su compromiso, incumplido de forma sistemática sin que haya ningún tipo de castigo o sanción.
- Legislar para conseguir un etiquetado más amable y accesible para los consumidores: en este caso dependemos de las directrices de la Unión Europea, y aunque hay que reconocer que el RE 1169/2011 supuso un cierto avance, lo cierto es que queda mucho muchísimo por hacer. Empezando por el etiquetado frontal que, posiblemente por las actuales presiones de cierta industria alimentaria, se encuentra estacionado y sin plazo.
- Invertir en infraestructuras para producir alimentos más saludables: algo que suena muy bonito pero que parece que en España no se tiene ni idea de qué quiere decir. A efectos prácticos, no se conocen otras relaciones de la administración sanitaria con otra industria alimentaria que no sea la que elabora productos típicamente ultraprocesados.
- Gravar los productos con peor perfil nutricional: fue algo que se llegó a plantear en España en su día; solo plantearlo y solo respecto a los refrescos azucarados. Al final la propuesta nunca vio la luz y lo poco que se vislumbró estaba motivado por cuestiones económicas, nunca de salud: de haberse implementado, se hubiera hecho lejos, muy lejos, de las directrices marcadas por la OMS en este sentido.
- Ofrecer subsidios para favorecer el consumo de alimentos de perfil más saludable: Si el punto anterior era imposible, el mero planteamiento de este directamente nos lleva a la carcajada.
- Proporcionar educación alimentaria: una información válida que vaya más allá de absurdeces decimonónicas como la pirámide de los alimentos o el famoso balance de calorías que entran por las que salen. Si es así, esto no se hace en España.
- Establecer unos mínimos estándares en los menús escolares: establecerlos y sobre todo hacerlos cumplir, ya que a pesar de tener una Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición bastante regulera, el mayor de los problemas es que ni siquiera se vela por su cumplimiento.
- Incentivar a los distribuidores de comida con mejor perfil nutricional para facilitar su acceso en los entornos más desfavorecidos: esto no se hace ni de lejos en España.
- Regular la venta de alimentos insanos en aquellos lugares de mayor concentración de menores: se refiere, por ejemplo, al emplazamiento de máquinas de vending malsano, algo con lo que de nuevo solo cabe la carcajada histérica.
La respuesta puede parecer bastante descorazonadora, pero si alguien me preguntara si creo que nuestro Ministerio de Sanidad está acertando en algo para afrontar el problema de obesidad en España, no podría decir otra cosa que un “no” rotundo. Lo siento, pero no se está dando ni una. Esta no es una perspectiva personal: Margaret Chan, exdirectora de la OMS, la describió con pelos y señales. También se puso de relieve en una de las series del monográfico de The Lancet antes mencionado, que tomó por título Repensar y replantear el problema de la obesidad. Ya en 2015 aquel trabajo partía de dos ideas básicas muy sencillas: primera, la epidemia de la obesidad no revertirá jamás en tanto en cuanto los Gobiernos no asuman el liderazgo y; segunda, ningún país ha reportado una disminución significativa de la obesidad durante tres décadas.
Si se me permite la analogía, esta actitud es similar a la que se produciría cuando alguien está siendo objeto de un delito violento y se da cuenta que hay una persona que está presenciando toda la escena y llamando a la policía. Pero ese supuesto testigo es en realidad un compinche del atacante, y está ahí para que la víctima permanezca relativamente tranquila y crea que hay alguien que está haciendo algo por poner fin a su situación. Pues con muchas administraciones sanitarias pasa lo mismo: parece que hacen algo, pero no. Honestamente, casi sería mejor que no hicieran nada.
Juan Revenga es dietista-nutricionista, biólogo, consultor, profesor en la Universidad San Jorge y miembro de la Fundación Española de Dietistas-Nutricionistas (FEDN). Ha escrito los libros Con las manos en la mesa y Adelgázame, miénteme.
LOS BRINDIS AL SOL DE LA SANIDAD ESPAÑOLA
Esto no va de colores ni de siglas políticas: en los último 30 años (1987-2017) los españoles hemos pasado del 39% al 55% de obesidad entre los adultos y ha habido muy distintas coyunturas políticas en dicho periodo. En todas ellas hemos destacado entre los países de nuestro entorno por saber hacer las cosas especialmente mal. De nuevo, la mía no es una opinión aislada: el Instituto Económico Molinari reveló en su último informe de hace pocas semanas que España es uno de los países más tolerantes con las conductas más insanas. Se refiere a conductas de control -que no ejercemos- relacionadas con el tabaco, las bebidas alcohólicas y las elecciones alimentarias menos recomendables.
En relación con la regulación de la publicidad, un también recentísimo estudio publicado en la prestigiosa revista Nutrients reveló que la mayor parte de los anuncios de comida dirigidos a niños en nuestro país sirven para promocionar productos de pésimo perfil nutricional e infringen el conocido código PAOS de autorregulación de la publicidad dirigida a menores.
Este mismo código PAOS -de autorregulación, no lo olvidemos- se ha revelado tantas y tantas veces como una auténtica vergüenza porque, de hecho, solo sirve nominalmente a los fines que pretende servir. Tanto que en esta carta publicada en la revista The Lancet el investigador español Miguel Ángel Royo-Bordonada denunciaba en apenas 300 palabras la ignominia de dicho código, la ineficacia de la Estrategia NAOS y el papel mojado que en realidad es nuestra Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición.
En 2019 el mismo Royo-Bordonada publicó un interesante dosier cuyo elocuente título es Captura corporativa de la salud pública. En él se detalla cómo estamos expuestos al grave proceso en el que las decisiones políticas responden a un interés particular, privado, en detrimento del interés público. El siguiente eslabón es el Plan HAVISA, supuestamente para la promoción de Hábitos de Vida Saludable en el que el Ministerio de Sanidad establece un convenio de colaboración con la Fundación Alimentum; un consorcio de empresas de la industria alimentaria caracterizadas, la mayoría, por la producción de comestibles de la peor calidad nutricional posible.
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