Daniel Viaña
'Presentación de Don Juan de Austria ante Carlos V en el
monasterio de Yuste', obra historicista realizada en el siglo XIX por el pintor
Eduardo Rosales en el que se ve a la corte de consejeros del monarca. MUSEO
DEL PRADO
Una asesora de la concejalía de Ciclo de
Vida, Feminismos y Lesbianas, Gays, Bisexuales y personas Transgénero (LGBT)
con un sueldo de 50.790 euros brutos al año en
el Ayuntamiento de Barcelona; un asesor gráfico con un coste de 54.098 euros para el Gobierno de Aragón; dos
asesores, a razón de 37.753 euros al año cada uno,
en la secretaría general de la consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas
Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura; un asesor técnico de Familia,
Servicios Sociales y Participación Ciudadana al que el Ayuntamiento de Madrid
paga 61.502 euros; un asesor político, sin más
especificaciones, en el Consistorio de Orense que se embolsa 32.124 euros; un asesor en materia de comunicación y
otro asesor Parlamentario, ambos con un sueldo de
86.816 euros, en el gabinete del secretario de Estado de
Presupuestos y Gasto; o un asesor de comunicación a la Presidencia del Gobierno
de Cantabria para el que se destinan 59.652 euros del
presupuesto anual.
Y así, se podría seguir hasta una cifra
indeterminada de asesores que están contratados por las diferentes
administraciones y cuyo coste, por lo tanto, tampoco se conoce con exactitud.
Sin embargo, sí que existen estimaciones como la que realiza la Central
Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que calcula que la cifra ronda
los 20.000 y que el sueldo medio podría estar sobre los 50.000 euros brutos al
año. Esto supone que, anualmente, el conjunto del Estado destina hasta 1.000 millones de euros de dinero público para
pagar a un conjunto asesores que, en su mayor parte, son elegidos a dedo y a los que no se tiene, ni mucho menos,
totalmente identificados.
"Averiguar con exactitud cuánto
se gasta el Estado en asesores es un trabajo casi imposible de abordar porque
dependen de varios presupuestos: Estatal, autonómicos, de Ayuntamientos,
Diputaciones... Además, las retribuciones suelen estar camufladas en diferentes conceptos
presupuestarios", explican desde CSIF.
El acceso a esta información, además, no
resulta sencillo en la mayor parte de los casos. Algunas Comunidades Autónomas
y Ayuntamientos, como los citados al inicio, sí que ofrecen una relación de
puestos y sueldos clara y ordenada. Pero otros muchos no lo hacen ya que, a
pesar de estar obligados a publicar esta información en sus respectivos portales
de transparencia, evitan su difusión u ocultan los
asesores bajo cargos que son difícilmente identificables.
CCAA, Ayuntamientos, Diputaciones...
En la Administración central, en cambio,
sí existe algo más de claridad y el número de asesores está limitado por Ley.
Según los datos que se ofrecen en el Portal de Transparencia, el conjunto de
asesores en Presidencia y los diferentes ministerios superaba levemente el
centenar de personas en 2013, que es cuando se produjo la última actualización
de datos. Es una cifra muy pequeña si se compara con los hasta 20.000 que hay
en todo el país, por lo que resulta evidente que la mayor parte de estos
expertos, colaboradores, ayudantes y demás nombres bajo los que están ocultos los asesores se encuentran en las Comunidades Autónomas,
Ayuntamientos, Diputaciones y otros entes públicos de menor tamaño.
A cambio, en los ministerios cuentan con
los puestos de libre designación de mayor remuneración. Además de los ya
mencionados asesores del gabinete del secretario de Estado de Presupuestos y
Gasto, que superan el sueldo del presidente del Gobierno -cobró
80.992 euros en 2015-, hay otros muchos que se acercan a esa cifra. Por
ejemplo, el asesor de la Oficina Económica de Presidencia se embolsa 79.039
euros, mientras que el asesor parlamentario del gabinete del secretario de
Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda llega a los 76.498 euros y el
asesor en materia competencia del secretario de Estado de Medio Ambiente gana
74.580 euros.
Ahora, con la renovación del Gobierno,
muchos de ellos dejarán sus puestos y se producirá una modificación parcial de
las plantillas de asesores que irá aparejada a los cambios de ministros y
secretarios de Estado, que son en muchos casos quienes los eligen. Este
proceso, sin embargo, no será tan complejo como el que han llevado a cabo las
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos que han cambiado de signo político. Cada
vez que esto ocurre, los nuevos dirigentes
prescinden de los anteriores asesores y nombran a sus propios cargos,
al tiempo que crean figuras que hasta ese momento no existían con el fin de dar
cabida a un mayor número de personal de su confianza.
No hay comentarios:
Publicar un comentario