Daniel Viaña
Raúl Arias
Este miércoles, 4 de abril, comienza la campaña de la Renta 2017, que se extenderá hasta el próximo 2 de julio y supondrá la regularización y declaración de una de las principales fuentes de financiación del Estado. Según las últimas estimaciones del Ministerio de Hacienda que dirige Cristóbal Montoro, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) aportó el año pasado unos 77.000 millones de euros y en 2018 sobrepasará los 80.000 millones.
Una notable cifra, por lo tanto, a la que si se le suman otros ingresos básicos como los más de 100.000 millones de las cotizaciones sociales, lo que aportan las comunidades autónomas y lo que suman también los ayuntamientos, da como resultado que el conjunto del Estado ingresa cerca de 400.000 millones de euros al año, según los datos de Eurostat. La mayor parte de esa cantidad, al igual que ocurrió en años precedentes, irá destinada a los denominados servicios públicos básicos, esto es, sanidad, educación, pensiones y otras prestaciones sociales, defensa, orden público y seguridad.
En concreto, tal y como consta en la información de la Agencia Tributaria, en 2016 este conjunto de partidas recibió 70 de cada 100 euros que recaudan las Administraciones Públicas. Destacan especialmente las Pensiones y prestaciones sociales, que se llevaron el 39% de la recaudación y que en los próximos años demandarán, probablemente, una cifra todavía superior. Además, Sanidad recibe un 14% de todos los fondos recaudados por el conjunto del Estado, y para Educación y Orden Público y Seguridad se destinan un 10% y un 5%, respectivamente.
Otro capítulo muy importante, con el 10% de la recaudación, son los denominados asuntos económicos: infraestructuras, agricultura, energía y emprendedores. Por su parte, los servicios públicos generales, en donde están englobados los gastos en instituciones, ayuda al desarrollo y organizaciones internacionales, se llevan cerca del 8%. Y destaca también el 7% que acaparan los intereses, partida que se convirtió en una de las más importantes de los Presupuestos Generales del Estado como consecuencia de la crisis.
Durante los últimos años del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y en los primeros de Mariano Rajoy, el volumen de deuda se disparó de manera alarmante: pasó de suponer el 35% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2007, a superar el 100% del conjunto de la economía en 2014.
Durante ese proceso, además, las agencias de calificación crediticia fueron degradando de manera progresiva el rating de España, la economía estuvo al borde del rescate total -además del financiero- y, en definitiva, tuvo muchas dificultades para acceder a los mercados. Esta situación le obligó a ofrecer altos intereses para poder colocar la deuda que necesitaba para financiarse, teniendo todo ello un evidente y notable impacto en las cuentas públicas. Ahora, el contexto es muy diferente, y se espera que el peso de los intereses vaya reduciéndose a medio y largo plazo, pero en el corto todavía demandará una parte importante de lo recaudado.
Margen de mejora manifiesta y duplicidades
«El mayor gasto es el de las pensiones, que en principio lo deseable es que fuesen autofinanciables», corrobora José Félix Sanz, director de estudios tributarios de Funcas, quien considera además que el sistema tributario español podría ser más eficiente y que, por ello, es necesario introducir modificaciones sustanciales. «Hay márgenes de mejora manifiestas. Yo diría que esencialmente esos márgenes irían encaminados en aumentar el peso de los impuestos indirectos en lugar de los directos».
Esto supondría acometer rebajas en, por ejemplo, el IRPF y aumentar la importancia principalmente del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), cuya recaudación alcanzará los 71.000 millones en 2018. En su opinión, «los impuestos sobre el consumo tienen un bajísimo impacto sobre el crecimiento», mientras que en el Impuesto de la Renta, Sociedades o Sucesiones y Donaciones sí tienen una mayor incidencia.
«El actual diseño del sistema tributario consiste en una maraña de impuestos estatales, autonómicos y locales, que en ocasiones se superponen y generan distorsiones, incluso supuestos de doble imposición», asegura José Ignacio Alemany, presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf). «A modo de ejemplo», prosigue, «la propiedad de un inmueble se encuentra gravada por dos impuestos distintos: el IBI y el Impuesto sobre el Patrimonio, pero la cuota del primero no es deducible de la cuota del segundo.
Además, Alemany pone el acento en la «total falta de coordinación de los elementos básicos de la imposición», lo que en su opinión «provoca notables diferencias entre los ciudadanos, quienes, dependiendo de la región de España en la que habiten, se encuentran sometidos a distinta presión fiscal».
En lo que el presidente de Aedaf sí considera eficaz al sistema tributario es en la redistribución de la riqueza, «pero lo es más desde el punto de vista del gasto (subvenciones, pensiones no contributivas, etc.) que desde el punto de vista de los ingresos». En este sentido, subraya que «aunque la progresividad del IRPF provoca una determinada redistribución, ésta no es mayor porque la alta presión fiscal lo hace difícil».
Esta alta presión fiscal a la que alude Alemany es rechazada por el Gobierno. De hecho, el ministro Montoro destaca siempre, que tiene oportunidad que el PP realizó en 2015 la mayor rebaja fiscal de la historia, aunque lo que no repite con tanta frecuencia es el duro ajuste que decretó el mismo Ejecutivo, en Navidad de 2011, en una de sus primeras decisiones.
La razón, en todo caso, parecen tenerla ambas partes. Trabajos como los de Fedea sobre ingresos públicos muestran que España «tiene unos tipos marginales muy altos». Sin embargo, en comparación con la UE, la «recaudación en porcentaje de PIB es bastante baja». «Esta dicotomía se explica por unos tipos efectivos bajos, es decir, un alto grado de beneficios fiscales».
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