JUANMA JIMÉNEZ
El 30 de julio de 1749, hace ahora 270 años, se ensayó en España el intento de exterminio de la totalidad del pueblo gitano. Le llamaron "la solución definitiva"
La luz anaranjada del sol poniente baña la ciudad de Murcia. Son las últimas horas del 30 de julio de 1749. Lorenzo Ceca, teniente coronel del regimiento de dragones de Frisia, acaba de entregar un sobre lacrado procedente de Madrid al corregidor de la ciudad, Diego Manuel Mesía y Barrionuevo. En su interior, las órdenes taxativas para, «con el máximo sigilo y prontitud», proceder al arresto de la totalidad de gitanos de la localidad, hombres, mujeres y niños.
Tras la lectura de la misiva, ambos organizan la operación. La gran redada va a comenzar... Y en toda España. Dada la disposición de las viviendas gitanas en Murcia, repartidas en varios núcleos separados por toda la ciudad, se opta por formar cuatro grupos, cada uno de ellos con un alcalde mayor, un oficial de dragones, un escribano, ocho ministros de justicia y 30 soldados. La operación de captura comienza a la 1 de la madrugada. Con la máxima cautela, y adelantando a varios soldados para confirmar la quietud de las casas, las tropas rodean las edificaciones señaladas y proceden a la detención de todos los que viven en ellas, que no opondrán la menor resistencia. Aturdidos y temerosos, los gitanos serán engrilletados y concentrados en fila en las calles adyacentes. A las cuatro de la mañana se da por finalizada la operación, conduciendo a todos los detenidos a la cárcel real de Murcia. Una guardia de soldados vigila que nadie entre en las viviendas vacías, mientras un escribano toma nota de la totalidad de bienes de los detenidos.
Comenzaba así uno de los episodios más negros de la Historia de España: la última redada oficial contra los gitanos españoles. Hasta 9.000 personas dieron con sus huesos en penales, todo según un plan exterminador.
Los preparativos de la redada. Convencido por Gaspar Vázquez Tablada, obispo de Oviedo y gobernador del Consejo de Castilla, el rey Fernando VI (la dinastía borbónica había arrancado con Felipe V en 1700) ha lanzado una Pragmática donde se ordena la captura de la totalidad de gitanos de España. El objetivo es lograr la extinción de la etnia mediante el encarcelamiento y separación de hombres y mujeres lo que -con el tiempo- llevaría a su desaparición como grupo humano. Se daría así una «solución definitiva al problema gitano» [solución final llamaron los nazis a su plan para exterminar a los judíos dos siglos más tarde]. Como explica el historiador Manuel Martínez Martínez, autor del libro Los gitanos y las gitanas de España a mediados del siglo XVIII: El fracaso de un proyecto de exterminio, la clase dirigente ilustrada ve al gitano como «un elemento patógeno y desestabilizador que amenazaba de contagio al resto de la población, por lo que era necesario extirparlos de la sociedad».
La intervención del ejército es imprescindible para lograr el éxito de la misión. El marqués de la Ensenada, secretario de Guerra, se ocupará de la logística militar, movilizando para la operación de arresto a más de 5.000 hombres procedentes, entre otros, de los regimientos de infantería de Sevilla, de Zamora, de Soria, de Nápoles; o regimientos de dragones de Frisia, de Aragón, de la Reina, de Calatrava o Edimburgo. Los oficiales al mando de la tropa llevarán consigo sobres cerrados que entregarán al corregidor de cada localidad -que justo en ese momento tendría conocimiento de la operación- poniéndose a las órdenes de éste. El sobre incluía los permisos eclesiásticos necesarios para arrestar a los gitanos que se refugiasen en las iglesias, en virtud del acuerdo alcanzada con la Santa Sede en 1748.
El día señalado para la redada será el 30 de julio, a las 12 de la noche.
El carácter indiscriminado de la captura obligaba a preparar el destino de los detenidos y su agrupación según sexo y edad. Los varones de hasta 7 años quedarían con sus madres, hasta los 15 años se dedicarían al aprendizaje de «oficios útiles» (pajes, grumetes, aprendices de carpintería, etc.) y, a partir de 15 serían destinados a los arsenales para trabajos forzados. Las mujeres, por su parte, serían trasladadas -junto con sus hijos pequeños- a depósitos especiales donde se las emplearía en oficios manuales, principalmente textiles. Las niñas adolescentes se destinarían al aprendizaje de «oficios virtuosos» y al servicio doméstico. En el caso de los matrimonios mixtos, se impondría el «fuero del marido», por lo que la mujer tendría el mismo trato que su esposo en función de si era o no gitano. Las viviendas y pertenencias de las familias detenidas se subastarían y, con los ingresos obtenidos, se sufragarían los gastos de la operación.
La redada cogió desprevenidos a los gitanos españoles. En su mayoría fueron detenidos en los primeros días sin prácticamente ofrecer resistencia. Incluso muchos de ellos, conscientes de no haber cometido delito alguno, se presentaron voluntariamente ante las autoridades con sus papeles y certificados de castellanos viejos, que de poco les servirían. En Vélez Málaga, para asombro de los soldados, todos los gitanos se dirigieron motu proprio a la cárcel de la localidad manifestando que «ya sabían se les había de prender y que, desde luego, venían a que S. M. les mandase donde habían de ir». En Orihuela (Alicante), la totalidad de los gitanos se presenta voluntariamente ante el corregidor de la villa.
EN SEVILLA Y TRIANA
En Sevilla, sin embargo, habrá algunos muertos. Iniciada la operación al mediodía del 31 de julio, a esa hora se cerrarán todas las puertas de la ciudad menos la de la Carne y la del Arenal, provocando el pánico de la población. Una nutrida tropa de soldados acordona las murallas exteriores, impidiendo la salida por las dos únicas puertas que quedan abiertas. Al mando de la operación se encuentra el asistente de la ciudad e intendente del Ejército de Andalucía, Ginés de Hermosa y Espejo, que actúa con el apoyo militar del coronel de dragones de Edimburgo, Juan Parrigo. Más de un centenar de soldados componen la tropa, agrupados en 8 piquetes y 60 caballos. Éstos se dividirán en varias partidas por los distintos barrios sevillanos con la misión de rodear las casas de los gitanos identificados y, con orden clara de «arrojarse» sobre los moradores, proceder a su arresto. Si hay conatos de resistencia o huida tiene orden de abrir fuego. La práctica totalidad de los 600 gitanos sevillanos se entrega sin resistirse. Salvo en Triana: dos gitanos que intentaban huir a caballo son abatidos por disparos de los soldados frente al Monasterio de La Cartuja y un tercero perecerá ahogado en el río delante de su mujer e hijos.
En el resto de España, los principales incidentes se produjeron en el interior de las iglesias, donde los gitanos habían intentado refugiarse en sagrado. En la ermita de San Andrés, en Sierra Morena, un grupo de más de 40 gitanos logró hacerse fuerte y resistir a su detención. Fue necesaria la intervención del ejército y de las justicias del Viso y Calzada para su captura.
El principal conflicto entre la autoridad eclesiástica y el Estado se produciría durante el desalojo del convento de los Mínimos, en El Puerto de Santa María, donde un grupo de gitanos se había refugiado. Los soldados han intentado entrar en el templo sin presentar las órdenes oficiales, por lo que el arzobispo de Sevilla protestará ante las autoridades enérgicamente, exigiendo garantías para que los gitanos arrestados «no sean castigados en manera alguna» ni, una vez presos, trasladados a minas o galeras.
La separación de matrimonios e hijos provocará escenas desgarradoras. La gitana Rosalía de Vargas y su esposo serán arrestados precisamente por negarse a abandonar a su familia. Residentes ambos en Alicante, donde la joven acaba de dar a luz a un niño, el matrimonio tiene además otra hija pequeña, Lucía, que se encuentra con su abuela en Orihuela justo en el momento de la redada. Cuando Rosalía y su marido se enteran de que ambas han sido detenidas, en vez de huir, se presentarán ante las autoridades del Castillo de Santa Bárbara para entregarse y reunirse con su hija y el resto de su familia.
Serán numerosos los casos de payos que ayudarán a sus vecinos gitanos. En Jarafuel (Valencia), el párroco de la localidad se negará a entregar a las justicias a una joven gitana refugiada en su iglesia con su gitanillo pequeño. De nuevo, tendrá que intervenir el Consejo para lograr su arresto. El alguacil mayor de Utrera (Sevilla) denunciará a uno de sus subordinados por alertar de la redada a varios de los gitanos de la localidad, lo que les permitió vender parte de sus bienes y poder huir.
El historiador Manuel Martínez cifra en 9.000 las personas detenidas durante la operación, del total de los aproximadamente 11.000 gitanos que había en España en el momento de la redada. En los primeros meses, la mayoría de los arrestados fueron trasladados provisionalmente a prisiones locales y fortalezas a la espera de destino definitivo, en unas condiciones de hacinamiento, insalubridad y carencias terribles.
AVECINDADOS Y NÓMADAS
La redada -que debía afectar a los «vagos y maleantes»- se cebó, paradójicamente, con los gitanos más integrados, avecindados desde generaciones y, en su mayoría, con oficio reconocido. Éstos, a diferencia de los gitanos nómadas, estaban censados y controlados desde 1745, por lo que fue más fácil su captura.
Es el caso, por ejemplo, de la familia Losada, gitanos de Madridejos (Toledo), avecindados desde hace generaciones en la localidad. Son dueños de tierras y ganado, cofrades de diversas hermandades y tienen sepultura propia en la parroquia, lo que no impedirá que sean arrestados.
El testimonio del corregidor de El Puerto de Santa María refleja también el nivel de integración de los gitanos detenidos: pese a acatar las órdenes, escribirá indignado no tener «nada que reprochar a sus conciudadanos gitanos», ni siquiera el delito de haber abandonado su localidad, donde casi todos habían nacido.
En parecidos términos se expresará también el corregidor de Jerez de la Frontera, quién pedirá instrucciones sobre cómo obrar respecto a una de las familias gitanas más respetadas de la ciudad, de apellido Monje, «que además de ser muy necesarios y útiles para la labranza» son reconocidos «diferentes» a otra clase de familias «por su aplicación al trabajo y modo de comportarse».
En definitiva, siglos de prejuicios, leyendas y pragmáticas, calcadas unas de otras, pero alejadas de la realidad social de los gitanos españoles, habían creado un imaginario del gitano como portador de todos los males y vicios de la sociedad. La confrontación entre este imaginario negativo y la realidad cambiará el rumbo de la operación.
LA RECONDUCCIÓN DE LA REDADA
Al poco de producirse la captura, comenzaron a llegar a Madrid innumerables peticiones solicitando la liberación de muchos de los calés apresados y que habían dado muestras sobradas de «vivir honrosamente». En muchos casos, además del propio humanitarismo, se unía la auténtica necesidad económica. El Ayuntamiento de Málaga, en pleno, pide a Madrid que haga una excepción con los gitanos de la ciudad, que «gozaban del fuero de castellanos viejos [...] y han estado muy aplicados a su trabajo de herreros por lo muy útil y necesario que es en esta ciudad».
Los responsables de los arsenales militares, por su parte, se quejarán por la llegada de tal cantidad de gitanos, a los que consideran «inútiles» para trabajar en dichos centros.
Toda esta avalancha de quejas y peticiones -llegadas incluso desde la propia nobleza- llevará a la publicación de un nuevo decreto, en octubre de 1749, que ordena la liberación inmediata y restitución de los bienes de todos aquellos gitanos considerados «honrados», entendiéndose como tal a aquellos que demostraban tener domicilio fijo, trabajo, documentos de castellanía, etc.
Las autoridades reconocerán que, «Su Majestad no mandó que se prendiesen y maltratasen aquellos que sólo tenían el nombre de gitanos [...], pero ya ellos habían dejado ese ejercicio y vivían quietos como otros vecinos [...], solamente fue su real intención que se prendiese a los gitanos malhechores, vagabundos [...] pero el efecto ha sido el más injusto, habiendo preso y atropellado muchos buenos vasallos». Aun así, se solicitarán informes secretos de cada gitano a liberar, con un número de testigos de la localidad que atestiguasen la bondad del detenido en cuestión.
Se calcula que unos 5.000 gitanos, algo más de la mitad de los arrestados, saldría en libertad en virtud del decreto de octubre de 1749, si bien para las familias liberadas su situación estaba lejos de considerarse afortunada: temerosos de reclamar o habiendo perdido casi todas sus propiedades, ya subastadas, tuvieron que rehacer sus vidas prácticamente de cero.
Peor fortuna correrían aquellas otros miles (unos 4.000) de gitanos que no pudieron atestiguar su «honradez». Para éstos, quedaban 16 años de penurias y padecimientos, incrementados por la incomprensión que experimentaban ante el indulto de otros calés en su misma situación.
Según su lugar de origen, los hombres fueron trasladados, sin juicio alguno, a los arsenales de La Carraca (Cádiz), Cartagena y La Graña (El Ferrol) en condición de desterrados y obligados a «servir al rey de por vida». El trabajo en condiciones de esclavitud serviría para recomponer la maltrecha marina de guerra y para diversas obras públicas. La llegada repentina de tan elevado número de presos provocó que las condiciones de hacinamiento e insalubridad fuesen terribles.
En 1752, con objeto de descongestionar de prisioneros el arsenal gaditano de La Carraca, se ordenó el envío por barco de medio millar de gitanos al arsenal de La Graña. El viaje, azotado por tempestades y epidemias a bordo, acabó con la vida de casi la mitad de los gitanos embarcados.
Mientras tanto, el estado psicológico de los calés presos era lamentable. Recluidos en condiciones infrahumanas y sin posibilidad de indulto, muchos de ellos cayeron en un estado depresivo del que se harían eco los propios intendentes que los vigilaban, que llegarían a enviar numerosas cartas solicitando humanizar su situación. Los intentos de fuga fueron continuos y centenares de ellos lograrían escapar.
Las mujeres, junto con sus hijos pequeños, son trasladadas a depósitos específicos y casas de caridad, concentrándose principalmente en Málaga, Sevilla, Denia y Ciudad Rodrigo. El hacinamiento humano y las pésimas condiciones higiénicas fueron la tónica general. El depósito malagueño llegaría a acoger a más de 600 gitanas de las que en un solo año, entre 1750 y 1751, fallecerían más de 140, principalmente ancianas y niñas. Uno de los principales centros donde se concentraría a las mujeres presas sería la Casa de la Misericordia de Zaragoza, que llegaría a albergar a casi un millar de gitanas.
Las calés estuvieron lejos de aceptar sumisamente su situación. Junto a los continuos planes de fuga, que culminarían con éxito más de 300 de ellas, optaron por poner en práctica acciones de resistencia e insubordinación como insultos y burlas a sus carceleros, con ánimo de minar su moral. En sus fases extremas, las gitanas destrozaban camas, vajillas, herramientas de trabajo o, incluso, rasgaban sus propias ropas y quedaban en cueros, dejando en estado de shock a los vigilantes. Excepcionalmente llegaron a producirse agresiones directas a los funcionarios. Todas estas insubordinaciones se penalizaron con aislamientos, castigos corporales o el uso de cepos.
GOTEO DE LIBERACIONES
A lo largo de toda la década de 1750, y a instancias de autoridades compasivas como el duque de Caylus, capitán general del Reino de Valencia, se producirá un continuo goteo de liberaciones, en muchos casos motivadas por el lamentable estado de salud en que se encontraban los presos.
Durante todos estos años, los gitanos y gitanas jamás dejaron de reivindicar su inocencia y solicitar su libertad en desgarradoras cartas a las autoridades, como la redactada en 1764 por un grupo de muchachos recluidos en el arsenal de La Graña. Apresados a muy corta edad, no habían conocido más que la vida en prisión, por lo que «con la más humilde y respetuosa veneración» solicitan su libertad suplicando «V.E. les mire con ojos de misericordia».
CARLOS III LOS LIBERA
Finalmente, el nuevo rey Carlos III ordena en 1763 indultar al centenar largo de supervivientes que aun permanecían en los arsenales y depósitos, liberación que no se produciría hasta 1765 cuando los últimos calés presos, muchos de ellos ya ancianos, regresarán definitivamente a sus hogares. En el camino habrán quedado más de medio millar de gitanos muertos -hombres, mujeres y niños- y una comunidad destrozada.
En 1772 Carlos III recibirá de sus consejeros un nuevo anteproyecto legal para «reducir» a los gitanos basado en leyes tomadas por su hermano Fernando VI en 1749. El monarca lo desechará alegando que aquellos hechos «hacen poco honor a la memoria de mi amado hermano».
La Gran Redada de 1749 fue un hecho traumático para quienes la padecieron. Una grieta que aún perdura. «Al estancamiento de población durante los años que duró el proyecto hay que unir el aumento de la desconfianza y el recelo», explica el historiador Manuel Martínez, para quien el recuerdo de aquellos sucesos «quedaría marcado en el imaginario colectivo de los gitanos españoles».
Esta dolorosa experiencia tendría también su reflejo en la herencia cultural gitana, como sostiene el investigador Antonio Zoido, autor del libro La prisión general de los gitanos y los orígenes de lo flamenco, quién considera los sucesos de 1749 como la base del quejío y el desgarro del flamenco. De hecho, serán numerosas las letras flamencas que hagan alusión al sufrimiento padecido: Calorros de Triana/Duquelas[1] pasaron/Los bariales[2] cortaron los puentes/Y ellos se ahogaron o A ciento cincuenta hombres/ Nos llevan a La Carraca/Y allí nos dan por castigo/De llevar pieras[3] p'al agua.
[(1)Duquelas: padecimientos, penalidades. (2)Bariales: soldados, policías. (3)Pieras: piedras]
De igual modo, habrá sectores de la población gitana que, una vez liberados y para acreditar su piedad y honradez, decidirán fundar gremios y cofradías religiosas. Así sucederá en 1753 cuando un grupo de gitanos de Sevilla, al frente de Sebastián de Varas, funda la actual Hermandad de los Gitanos.
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