Francisco Chacón
La medida entró en vigor este 4 de septiembre y pretende acabar con los 10 millones diarios de estos restos de cigarros en el país vecino.
Imagen de archivo - JAIME GARCÍA
Portugal se pone cada vez más restrictivo para combatir la plaga de restos de cigarrillos que inunda las calles de sus principales ciudades. Las estimaciones hablan de casi 10 millones de colillas diarias al otro lado de la frontera, un desperdicio con el que se ha propuesto terminar un proyecto de ley auspiciado por el PAN (Personas, Animales, Naturaleza), socio minoritario del Gobierno socialista, y aprobado con las modificaciones introducidas por los conservadores del PSD.
El resultado es que, a partir de este miércoles 4 de septiembre, un gesto tan común como arrojar una colilla al suelo puede desembocar en una multa de entre 25 y 250 euros para los particulares que caigan en semejante práctica.
En el caso de los establecimientos comerciales que no se pongan las pilas con este tema, la cantidad oscilaría entre los 250 y los 2.500 euros. Eso sí, queda establecido un periodo transitorio de un año, de modo que la aplicación en sentido más riguroso se aplicará desde 2020.
Con todo, la vigencia de la legislación es ya un hecho y queda claro que los lugares donde se desarrollan actividades lúdicas deben «disponer de ceniceros y equipamientos propios para deshacerse de los residuos indiferenciados y selectivos producidos por sus clientes».
En el plazo de 180 días a partir de la entrada en vigor, el Estado se hace cargo de crear unos incentivos financieros, en el ámbito del Fondo Ambiental, para «la adquisición de depósitos de colillas industriales».
También se les supone a las autoridades la potestad para poner en marcha campañas de sensibilización en este sentido de cara a los ciudadanos. En todas esas circunstancias, la responsabilidad correrá a cargo de la Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), de los ayuntamientos y de los cuerpos policiales.
De hecho, el reparto de la cuantía de las multas tiene que ver con este factor: un 50% para la ASAE y la otra mitad para las corporaciones municipales.
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