Lucía Abellán
La Comisión Europea reprocha a Madrid no haber aplicado sanciones cuando se descubrió el escándalo.
Almacén de coches de Volkswagen en la sede de la compañía en Wolfsburgo MARKUS SCHREIBER AP
Bruselas actúa por primera vez para exigir responsabilidades en el escándalo de las emisiones de Volkswagen. La Comisión Europea ha abierto este jueves procedimiento contra siete países en el llamado dieselgate por no haber sancionado al fabricante alemán cuando se descubrió que había instalado dispositivos en sus coches que falseaban la medición de gases contaminantes. Bruselas reprocha a Alemania, España, Luxemburgo y Reino Unido que no actuaran. A República Checa, Grecia y Lituania les reprende por no contar siquiera con un marco sancionador.
La apertura del procedimiento es la primera fase de un proceso que puede acabar en el Tribunal de Justicia de la UE, con posibles multas para los países cuya actuación se cuestiona. Las autoridades nacionales disponen de dos meses para responder y, si no convencen a la Comisión, esta dará un segundo paso. El tercero contempla ya recurrir a la justicia.El Ejecutivo comunitario carece de competencias para sancionar a Volkswagen por incumplir la normativa, pero sí puede exigir a los Estados miembros, responsables de garantizar que las pruebas de emisiones sean fidedignas, que actúen. Bruselas ha puesto la lupa sobre Alemania, Reino Unido, España y Luxemburgo por dos motivos: son los países que han homologado los modelos de la firma alemana para su venta en todo el mercado único y han aportado ya suficientes indicios de que, a ojos de la Comisión, evitaron aplicar la norma. Pero el Ejecutivo comunitario no excluye abrir expedientes a otros Estados cuando reúna más información, según las fuentes consultadas.
Se trata de un camino lento y, en todo caso, iniciado más de un año después de que se conociera el fraude de las emisiones. En Estados Unidos -donde se descubrió el caso-, la compañía se ha comprometido ya a pagar más de 13.000 millones de euros como compensación a los clientes y aun así el organismo de defensa de los consumidores ha vuelto a demandarla. En Europa, en cambio, no ha asumido responsabilidades.
EXPEDIENTE A SEAT
España abrió expediente informativo a Seat, empresa del grupo Volkswagen, "y se pueden derivar, en su caso, sanciones", ha alegado el ministro de Industria, Rafael Catalá, desde Bruselas, donde asiste a una reunión de ministros europeos del ramo. "Estudiaremos lo que nos pide la Comisión porque en España sí se han producido actuaciones", ha añadido.
El expediente, no obstante, queda supeditado a la decisión que tome la Audiencia Nacional, que investiga a Volkswagen por presuntos delitos ligados al trucado de motores. Desde el pasado julio, la compañía está imputada. El caso se originó a raíz de varias denuncias. El dieselgate ha afectado a más de 11 millones de vehículos con motores diésel de cuatro cilindros, casi 700.000 de ellos vendidos en España, según los datos de la empresa.
Bruselas alega que ha estado esperando la información requerida a los Estados miembros. De los 28 que integran la UE, solo Alemania y Reino Unido han respondido. Y la información es muy suficiente. La Comisión arremete contra los dos países por “negarse a revelar” los datos recabados “en relación con las posibles irregularidades de las emisiones”. Es decir, que no han ofrecido a Bruselas el resultado de sus pesquisas.
Multas disuasorias
“El cumplimiento de la ley es, ante todo, el deber de los fabricantes de automóviles. Pero las autoridades nacionales deben garantizar que los fabricantes de automóviles lo hagan”, destacó la comisaria europea de Mercado Interior e Industria, Elzbieta Bienkowska. La Comisión insiste en que las multas deben ser disuasorias para que las empresas automovilísticas cumplan la ley.
De momento, toda la presión cae sobre Volkswagen porque ha sido el primer caso probado de medición fraudulenta. Pero de la información transmitida por los Estados se desprende que hay otros fabricantes sospechosos de enmascarar sus gases para contaminar más de lo permitido.
Bienkowska está incómoda con la actitud que ha mostrado Volkswagen en este proceso, pero también con las resistencias de los Estados a cambiar el modelo. La Comisión presentó en enero una reforma para reforzar esos controles (de modo que reflejen las emisiones reales, no las pruebas de laboratorio) y para imponer directamente multas a los fabricantes que no respeten las reglas. El texto está pendiente de negociación por parte del Parlamento Europeo y del Consejo, que representa a los Estados.
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