Manuel Marraco/Beatriz Ríos
El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco) cargó contra España en su informe sobre las medidas de lucha contra la corrupción. A ojos de la institución, las autoridades españolas sólo han avanzado parcialmente en siete de las 11 recomendaciones que la organización había presentado para mejorar la transparencia en el ámbito político y judicial.
Entre las reformas que plantea el Greco y que no han sido suficientemente atendidas se encuentra el sistema de designación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los 20 vocales que lo integran son votados en última instancia por el Congreso y el Senado, frente a la petición del Consejo de Europa de que al menos la mitad sean elegidos directamente por los jueces. El informe estima que lo mejor sería que el poder político no participara de ninguna manera en la elección.
El equipo de evaluación del Greco "recomienda que al menos la mitad de los miembros" del Consejo "sean jueces elegidos por sus compañeros de todos los niveles del poder judicial y respetando el pluralismo dentro del mismo". El informe se alinea también con la tesis del Consejo Consultivo de Jueces Europeos de que "las autoridades políticas tales como el Parlamento o el Poder Ejecutivo no se deberían implicar en ninguna fase del proceso de selección" del órgano de gobierno de los jueces.
Actualmente, los 20 vocales del Consejo son elegidos por el Congreso y el Senado por mayoría de tres quintos. Doce deben ser jueces o magistrados, escogidos por el Parlamento entre candidatos propuestos por la carrera. Los otros ocho son juristas designados libremente por las Cámaras. Un sistema que según el Consejo de Europa -una organización formada por 47 Estados, cuyo principal objetivo es la defensa de la democracia, el Estado de derecho y los Derechos Humanos-, resulta insuficiente para garantizar la independencia o, al menos, la apariencia de independencia del CGPJ.
En respuesta al informe, el Ministerio de Justicia resalta que en 2013 se modificó el sistema de nombramiento de los vocales para "ampliar la posibilidad de que un mayor número de jueces y magistrados puedan presentar sus candidaturas, consiguiendo así una representación más plural".
El Greco considera que debe acoger "con cautela" la posibilidad de que la reforma "pueda reforzar eficazmente la imagen del CGPJ como organismo imparcial".
Respecto al riesgo de que la elección del Consejo responda a afinidades de un partido, el ministerio que dirige Rafael Catalá subraya que los vocales actuales "recibieron un apoyo parlamentario alto, siendo la mayoría de ellos propuestos de manera conjunta por la mayoría de los partidos con representación parlamentaria".
Añade que las tres reformas del sistema en los últimos años revelan que se trata de un asunto "que preocupa a los poderes públicos". También que el Gobierno acaba de aprobar un plan que "incluye una propuesta de modificación de la [ley] para reforzar la independencia del CGPJ, a través de la modificación del sistema de nombramiento de sus vocales de procedencia judicial, posibilitando su elección por los propios jueces y magistrados".
Una función esencial del CGPJ es la designación de los principales cargos judiciales, un aspecto sobre el que el Greco también muestra su preocupación. Una de las 11 recomendaciones no cumplidas pedía "que se estipulen por ley los criterios objetivos y los requisitos de evaluación para el nombramiento de altos cargos en la judicatura, por ejemplo, jueces presidentes de las Audiencias Provinciales, de los Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo, con el fin de garantizar que estos nombramientos no pongan en tela de juicio la independencia, imparcialidad y transparencia de este proceso".
Cuatro de las recomendaciones que el Greco examina se centran en el ámbito judicial, cuatro en la Fiscalía y tres en el ámbito parlamentario. "La gran mayoría de esas propuestas programáticas deben ser aún materializadas en la práctica en el Parlamento", lamenta el informe. El organismo contra la corrupción asume que en los últimos años el bloqueo político en España dificultó las reformas, pero no lo considera excusa suficiente. Ese periodo, dice, pasó hace tiempo, por lo que pide "una acción decidida", "no sólo palabras y planes, sino hechos", para luchar contra la corrupción.
En resumen, el Consejo de Europa valora que ha habido un "progreso limitado" en el cumplimiento de las recomendaciones, que describe como "insatisfactorio globalmente" desde su anterior informe publicado en 2016. En vista de los resultados, el Greco reclama a España que incremente sus esfuerzos con el objetivo de "alcanzar un progreso tangible lo antes posible".
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