Editorial
La estabilidad en el empleo es básica para elevar el capital humano, mejorar la productividad y aumentar el valor añadido global de la economía.
Fátima Báñez, ministra de Empleo. JAIME VILLANUEVA
La precariedad laboral, entendida como el aumento masivo de los contratos temporales (27,4% de la contratación total), a veces de días de duración, con salarios muy bajos, es ya el principal problema estructural de la economía española. Poco a poco se va confirmando la evidencia de que el regreso de la economía española a la senda del crecimiento (el PIB subirá este año más del 3%) se ha conseguido gracias a una depresión profunda y sostenida de la calidad de la contratación laboral, empeorada además en los dos últimos años por la aparición de negocios digitales que niegan la condición de asalariados a sus trabajadores. Aunque se admitiera que esta era la mejor política económica para superar la recesión (suposición errónea), la factura de esa política es muy cara una vez superada la recesión.
La precariedad, de la cual los jóvenes y las mujeres son los mayores damnificados, separa drásticamente el mercado laboral en dos grupos: uno privilegiado, con contratos indefinidos, y otro formado por generaciones nuevas, que no encuentran su posición social ni oportunidades de independencia. Esta marginación laboral de los jóvenes tiene efectos indeseados en variables decisivas tales como la natalidad o la financiación de las pensiones. El empleo precario estrangula el consumo y se incorpora como una ventaja competitiva a los nuevos negocios, que se hacen más frágiles y volátiles. La estabilidad en el empleo es básica para elevar el capital humano, mejorar la productividad y elevar el valor añadido global de la economía. En la situación actual del mercado de trabajo, una nueva recesión destruiría tanto empleo o más que la anterior y provocaría una caída mayor de la riqueza.
Frente al daño de la precariedad, la respuesta del Gobierno oscila entre la debilidad y el olvido. Subir el salario mínimo no basta; hay que suprimir los incentivos a la temporalidad, negociar modalidades de contratación estable que acaben con la irregularidad en el empleo e imponer por ley el reconocimiento —fundado en sentencias legales— de que los empleados de la nueva economía digital (Deliveroo, Uber, Glovo) tan alérgica a reconocer los derechos laborales, son asalariados.
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