Esther Palomeras
¿Y ahora, qué? Esta vez no hay refranero que valga. Tras la tempestad, no se atisba la más mínima calma. Tampoco liderazgo capaz de solucionar la mayor crisis de Estado de cuantas ha vivido España en los últimos 40 años. Ni Puigdemont está por la labor ni Rajoy, a la altura. Pase lo que pase el 1-O será ya para nuestra historia una fecha maldita, y no sólo por la desobediencia y la flagrante ilegalidad cometida por el independentismo, también por la torpe respuesta que el Gobierno de Rajoy ha decidido dar al desafío secesionista: primero esconderse tras la toga de los jueces y, después, tras el material antidisturbios de la policía. Y todo para seguir no haciendo política. ¿El resultado? El desgarro, la ruptura y una España convertida en la vergüenza de Europa y en profundo motivo de preocupación de todos sus socios.
Lo que no habían conseguido durante años Mas, Puigdemont, Junqueras y Romeva lo ha logrado solito en 24 horas el Gobierno. Ya tenemos aquí la internacionalización del conflicto. Y encima el Parlamento Europeo va a discutir sobre la crisis catalana antes de que lo haga nuestro Congreso. Eso es lo que ha logrado la derecha española con su peculiar defensa del Estado de Derecho, además de reiterar hasta la náusea algo obvio, que lo del 1-O no fue un referéndum, y que el presidente está ahora dispuesto a dialogar con todos.
El independentismo consigue la internacionalización del conflicto. El Gobierno, al borde del abismo
¡A buenas horas! De haberlo hecho hace cinco años, no estaríamos donde estamos, ante una crisis de Estado de consecuencias incalculables que España afronta, por cierto, con la clase política más mediocre de cuantas ha dado la democracia y con una situación de debilidad como nunca antes ha tenido un Gobierno. Ahora resulta que el más sensato va a ser el socialista Pedro Sánchez. Sin su apoyo, Rajoy, al borde del abismo, está condenado a adelantar elecciones. Y cuidado, que ya sabemos que, aunque la crisis catalana ha resucitado al rancio nacionalismo español al que el PP da cobijo en sus siglas, las urnas en este país las carga el diablo. Al fin y a la postre, el independentismo es el principal responsable de los daños causados, pero el Gobierno ha contribuido denodadamente a agrandarlos.
El caso es que la consulta independentista no era más que la excusa para la Declaración Unilateral de Independencia. Y no será porque no estuviera escrito y anunciado. Sólo el PP se negó tozudamente a verlo, como se negó también a aceptar que las costuras de la España territorial habían estallado hace mucho tiempo. De aquellos polvos, estos lodos.
JUAN MEDINA / REUTERS
Y ahoya hablan de diálogo, de acuerdo y de ese pacto que nunca quisieron. Lo que no aclaran, por miedo al demonizado 155 de la Constitución, es cómo antes de sentarse en una mesa -si es que el independentismo acepta- piensan reestablecer la legalidad en una Comunidad autónoma que ha decidido no respetar el marco general pero tampoco el suyo propio. Cataluña es hoy una región sin ley, donde la autoridad del Estado ha quedado seriamente dañada tras las imágenes del 1-O, y en la que no hay Código Penal que pueda arreglar el destrozo causado.
Guste o no, hay una parte de Cataluña que, aún sin declaración de independencia, ye se ha desconectado emocionalmente de España y así seguirá durante décadas. Y lo que tenemos por delante no es un problema, sino la cronificación de un gravísimo conflicto. Por muchas apelaciones que se hagan al diálogo, esto no se resuelve ni mañana, ni pasado, ni en una comisión parlamentaria por la que vayan desfilando todo tipo de expertos.
La crisis catalana se debatirá antes en Estrasburgo que en el Congreso. Sánchez garantiza estabilidad pero exige ya diálogo sin exclusiones
Si el Parlament declara unilateralmente la independencia entraremos en una maraña institucional y en una tensión permanente entre gobiernos. Y el independentismo -por muy dividido que ande-, después de la implicación social del 1-O no tiene más remedio que seguir hacia adelante y soslayar la inmediata convocatoria de elecciones autonómicas, como reclama el bloque constitucionalista.
La situación es tan crítica que no extrañaría que tardaramos poco en escuchar llamadas para la constitución de un gobierno de gran coalición, un escenario del que el PSOE no quiere ni oir hablar. Una cosa es garantizar la estabilidad institucional, a pesar de no compartir la respuesta policial del Gobierno en Cataluña, y otra dejarse embaucar por una derecha tan dada a patrimonializar los éxitos como a socializar los fracasos.
Podemos trabaja en una alternativa a la Declaración Unilateral de Independencia
El PSOE navega estos días entre dos aguas: la de la defensa del Estado frente a la ilegalidad y la de la repulsa a las cargas policiales que dejaron un balance de centenares de heridos en Cataluña. Con todo, y para no dejarse parasitar por el Gobierno, ha exigido a Rajoy que abra de inmediato un diálogo sin exclusiones, que se reúna también con Puigdemont y que busque el acuerdo. Para Sánchez, se puede y se debe hablar ya con el independentismo, al margen de que haya o no declaración unilateral de independencia. Si Rajoy decide antes restablecer la legalidad y aplicar el 155, no tendrá más remedio que apoyarlo. Siempre, eso sí, que se sepa para qué y por cuánto tiempo.
Y esto a pesar de que esa desdibujaría, sin duda, al Pedro Sánchez que ganó las primarias. Su apoyo al Gobierno le aleja de un Podemos con el que se había propuesto reconstruir puentes y al que, sin duda, necesitará en el futuro si quiere llegar a La Moncloa. De ahí su empeño en que Rajoy incluya a Pablo Iglesias en el diálogo al que le ha emplazado de inmediato para resolver la crisis catalana. El secretario general de los morados trabaja, por su parte, con el independentismo en una alternativa a la Declaración Unilateral de Independencia. Las conversaciones, se solemnicen o no, son a varias bandas. Y todos están enterados. Los próximos días son críticos, pero decisivos para el futuro de España.
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