EL PAÍS ECONOMÍA
Manuel Planelles
La generación de electricidad en Europa con este mineral camina hacia su fin. En España centrales térmicas y yacimientos se preparan para el cierre progresivo.
Asistió al nacimiento en 1951 del germen que dio lugar a la Unión Europea. Aunque mucho antes de la creación de aquella Comunidad Europea del Carbón y el Acero, este mineral ya había alimentado la Revolución Industrial. La misma Europa que cimentó su crecimiento en el carbón lidera ahora el movimiento para desengancharse de este combustible fósil, el más contaminante y el que más gases de efecto invernadero emite al producir electricidad.
Mina La Escondida, en León. ÁLVARO GARCÍA
Una combinación de políticas europeas —motivadas por una mayor conciencia medioambiental— y razones de mercado —el coste de las renovables sigue cayendo— han hecho que la UE haya construido una estructura legislativa encaminada a sacar el carbón del mix energético. La Agencia Internacional de la Energía, en su último informe sobre el carbón, pronosticaba que su consumo para electricidad se reducirá un 4,1% cada año en la UE de aquí a 2021.
La agencia señalaba como factores determinantes "el marco climático y energético" —Europa se ha comprometido a que su sector eléctrico estará limpio de gases de efecto invernadero en 2050—; el sistema de derechos de emisiones que pone precio al CO2 expulsado; y "el aumento de la oposición pública y la disminución del apoyo financiero de los bancos" y fondos a la construcción de plantas de carbón.
Eurelectric —la asociación que representa a 3.500 compañías de la UE— lo ha puesto negro sobre blanco: las eléctricas no construirán más centrales de carbón en Europa después de 2020. Eso sí, de esta reciente declaración se han descolgado las compañías de Grecia y Polonia; este último país —donde el 80% de la electricidad se genera con carbón— es el ogro de la lucha europea contra el cambio climático.
Pocos dudan de que las renovables son el futuro, pero hasta que se desarrollen los grandes sistemas de almacenamiento hará falta una pareja de baile para que respalde la solar, la eólica y la hidráulica cuando no haya sol, viento y agua en los pantanos. El carbón y el gas —menos emisor de CO2— cortejan a las renovables para esta transición.
Nuevas plantas no va a haber", apuntala Carlos Fernández Álvarez, responsable del informe del carbón de la Agencia Internacional de la Energía. "Aunque el carbón se seguirá usando". La duda es hasta cuándo.
El instituto alemán Climate Analytics fija 2030 como límite de funcionamiento para las más de 300 centrales de carbón europeas si la UE quiere cumplir con sus compromisos del Acuerdo de París contra el calentamiento. Esto implicaría no agotar la vida útil de muchas instalaciones. Julián Barquín, experto en regulación de Endesa, comparte ese análisis: "El cierre total en España se producirá alrededor del año 2030".
Algunos países, como Reino Unido, tienen un calendario de cierre para las suyas; todas se habrán desconectado de la red en 2025. España, sin embargo, no. Y en este asunto va a remolque de lo que dicta Bruselas. "Muchos países están presentando calendarios y planificaciones, pero el ministro [de Energía, Álvaro Nadal] dijo en la Cumbre de Marrakech que este tema se dejará en manos del mercado", recuerda Tatiana Nuño, especialista en carbón de Greenpeace.
Futuro en España
Para el futuro del sector en España hay dos fechas clave: 1 de enero de 2019 (para las minas) y 1 de julio de 2020 (para las centrales de carbón). La primera —2019— fija el cierre de las minas de carbón que no puedan subsistir sin ayudas públicas, como establece la UE.
La segunda —2020— es la fecha límite hasta la que podrán operar las centrales térmicas sin haber acometido las costosas obras para reducir los contaminantes que expulsan —dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y partículas—, como también establece la normativa europea. Para el CO2—responsable del calentamiento global— no se ha encontrado una solución viable, ya que las técnicas de captura y almacenaje (básicamente, enterrar el dióxido de carbono) son demasiado costosas e impopulares. Eso hace que el carbón tenga los años contados, según la mayoría de los analistas.
Alrededor del 15% de la electricidad generada el pasado año en España salió de sus 15 centrales térmicas. A su vez, en 2015, esas 15 instalaciones fueron responsables de más del 15% de todos los gases de efecto invernadero que emitió la economía española.
Las centrales del país están en manos de cinco empresas: Iberdrola, Gas Natural, Hidrocantábrico, Viesgo y Endesa (esta última es la que cuenta con más potencia instalada de carbón). EL PAÍS les ha preguntado por sus planes para las térmicas, con la vista puesta en 2020. Y la apuesta clara es por el carbón de importación (el 87% del que se quemó el pasado año se compró fuera), entre otros asuntos, por el cierre progresivo de las minas españolas que funcionaban con ayudas. La producción de carbón nacional ha caído más de un 90% este siglo. En 2000 se extrajeron más de 23,4 millones de toneladas; el pasado año, 1,7 millones, según los datos de la patronal Carbunión.
Las eléctricas confirman que han realizado o realizarán las obras de desnitrificación en siete instalaciones, con lo que podrán continuar operando después de 2020. A ellas se une la de Alcudia, en Mallorca, que no está sujeta a las mismas obligaciones. Las que tienen segura su continuidad son en su mayoría las costeras, que pueden alimentarse más fácilmente del carbón de Colombia, Rusia, Malasia y Sudáfrica. Iberdrola ya ha invertido en sus dos centrales de internacional, Lada (Asturias) y Velilla (Palencia).
El 40% abocado al cierre
Sobre el resto —seis centrales que representan el 40% de la potencia térmica de carbón instalada en España— pende la amenaza del cierre porque sus propietarios aún no han realizado las obras. Si se clausuran, supondría reducir un 30% las emisiones de CO2 del sector del carbón, tomando 2015 como referencia.
Endesa —que posee más de la mitad de la potencia instalada de carbón del país— continuará con su actividad en As Pontes (A Coruña) y Litoral (Almería), al haber acometido ya las obras. “No se prevén inversiones en carbón nacional por las condiciones del mercado”, señala su plan estratégico para el periodo 2017-2019. Esto se traduce en el cierre en 2020 de Compostilla (León) y Teruel, dos de las más grandes del país. "No hay una decisión tomada aún sobre Narcea y La Robla", dice por su parte Gas Natural sobre sus centrales de Asturias y León.
Lo mismo responde Viesgo cuando se le interroga por la térmica que posee en Córdoba. Pero esta empresa añade: "Para realizar inversiones en centrales de carbón como la de Puente Nuevo necesitamos un marco favorable que todavía está en discusión".
Viesgo se refiere a las negociaciones del ministerio con los sindicatos para buscar una fórmula para que las minas de carbón puedan operar más allá de 2019.
"No es lo mismo una central de carbón que una de gas", indica el subdirector de regulación de Endesa, Eduardo Moreda. "Las de gas pueden funcionar igual con gas de cualquier lugar, pero las de carbón se construyen para un carbón específico y no pueden quemar otro o, si lo hacen, tienen un menor rendimiento". Es decir, el futuro de estas centrales está ligado al de las minas. Y al revés. Así lo estuvo también al inicio de las explotaciones mineras, cuando el carbón fue el combustible que alimentó a una Europa que ahora intenta desengancharse para transitar hacia una economía más limpia.
DELVOLVER LAS AYUDAS PARA SEGUIR OPERANDO
Bruselas ha ido frenando los intentos de España de conceder ayudas al carbón y a su quema en las centrales. No es un asunto que solo preocupe a la Comisión Europea. Organismos como la Agencia Internacional de la Energía, el FMI y la OCDE critican que los países sigan subvencionando los combustibles fósiles pese al daño que causan sobre el medio ambiente.
El Gobierno acordó con Bruselas hace un año un plan de cierre para la minería española no competitiva, que afecta a 26 yacimientos. El Estado podía destinar 2.130 millones de euros para el cierre. Pero las minas que se acogieran tendrían que dejar de funcionar antes del 31 de diciembre de 2018. Si no, las empresas deberían devolver las ayudas recibidas. Además, las que quieran seguir operando deben hacerlo sin subvenciones. “"Las de cielo abierto podrían continuar sin ayudas", apunta José Pedro Iglesia, director de la patronal Carbunión. ¿Aunque tengan que devolver las ayudas del plan de cierre? "El acuerdo no define ni la forma ni los plazos. Tenemos que ver qué posibilidades hay", añade Iglesia. Hacia la misma línea apunta el secretario general del sector minero de UGT, Víctor Fernández, que ya se ha reunido con el Ministerio de Energía. Este jueves hay prevista otra reunión. "Quizás puedan seguir trabajando cinco, diez o 15 años", dice sobre el futuro en España de la minería, un sector que en 1995 daba empleo a 30.000 personas y en que el ahora apenas hay 2.000.
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