Jaume Viñas
La Comisión Europea recomienda subir impuestos al diésel.
Hacienda rechaza elevar la presión fiscal sobre los carburantes.
La fiscalidad medioambiental, es decir, los impuestos que gravan productos y servicios contaminantes, ha ganado relevancia en los últimos años. Ya sea por cuestiones puramente ecológicas y sanitarias o por un afán recaudatorio disfrazado de conciencia medioambiental, los países de la UE han visto margen para elevar o fijar nuevos tributos verdes.
En este aspecto, España se encuentra lejos de la media europea. Es el cuarto país que menos recauda por impuestos medioambientales. Los últimos datos publicados por Eurostat muestran que la Hacienda española ingresó en 2015 el 1,9% del PIB en tributos verdes frente al 2,4% de la media de los Veintiocho. Solo superó a Luxemburgo, Lituania y Eslovaquia.
“En España, los impuestos ambientales y la reforma fiscal verde han tenido siempre mayor apoyo académico que relevancia presupuestaria y receptividad política”, defiende un informe publicado por Funcas y elaborado por los profesores universitarios Alberto Gago y Xavier Labandeira. Ambos académicos recuerdan que un estudio publicado por la Comisión Europea sobre el potencial recaudatorio que tendría una reforma fiscal verde en la UE apuntaba que España podría ingresar 13.365 millones (1,13% del PIB) adicionales en 2018 si incrementara la imposición medioambiental. Y, en 2035, el impacto alcanzaría los 32.801 millones (1,75% del PIB). “En un marco de consolidación fiscal como el español (...), la imposición energético-ambiental puede desempeñar un papel crucial para reforzar el binomio crecimientos/competitividad, mantener la agenda de cambios en el modelo económico en la transición hacia una economía baja en carbono y asegurar la viabilidad de las políticas emergentes: eficiencia energética, renovables, distribución de rentas, e I+D”, apunta el texto de Funcas. Gago y Labandeira recuerdan que tanto la CE como la OCDE han recomendado en repetidas ocasiones que España podría elevar la recaudación de los tributos verdes, lo que permitiría una reducción de la presión fiscal sobre el trabajo.
“España es uno de los Estados miembro que más uso hace de las subvenciones a los combustibles fósiles. El diferencial diésel-gasolina no está justificado desde una perspectiva medioambiental: el diésel emite niveles superiores de varios contaminantes atmosféricos y debería estar sujeto a impuestos más elevados”. Esta es la opinión que emitió el pasado febrero la Comisión Europea.
La presión fiscal sobre el gasóleo es inferior a la gasolina, un hecho que no tiene sentido en términos sanitarios y medioambientales. De hecho, se han multiplicado las voces que reclaman restringir la circulación de los vehículos diésel, especialmente los antiguos. El Ministerio de Hacienda ha estudiado la posibilidad de equiparar los impuestos del gasóleo a la gasolina, pero hasta la fecha se ha resistido a aprobar esta medida por los efectos negativos que podría tener sobre la economía. El Ejecutivo argumenta que España se encuentra geográficamente lejos del mercado europeo y ello significa que las empresas españolas deben realizar mayores kilómetros para distribuir sus productos por el mercado único. Es el principal argumento de Moncloa para justificar que España tenga una presión fiscal sobre los carburantes, especialmente el gasóleo, por debajo de la media europea.
Aun así, el Plan Presupuestario 2017 que el Gobierno remitió a Bruselas contemplaba un incremento de los impuestos verdes que aportaría 500 millones adicionales. En el documento no se detallaba ninguna medida. Un hecho que sugiere que el Ejecutivo incluyó esa partida simplemente para contentar a Bruselas y comprometerse sobre el papel a cumplir una de sus recomendaciones. Sin embargo, no existe ningún interés real en elevar los impuestos verdes y tampoco se contempla subir los impuestos sobre el gasóleo como pide la Comisión Europea.
España cerró el año pasado con un déficit público del 4,3% del PIB y debe bajarlo hasta el 3,1% este año y al 2,2% el siguiente. Hacienda confía en que el incremento de los ingresos por la mejora de la economía, el control sobre el gasto público y las menores partidas a intereses y desempleo serán suficientes para cumplir con los objetivos sin aplicar ningún incremento tributario.
De hecho, el Gobierno ha pactado con Ciudadanos incluir en los Presupuestos de 2018 una rebaja en el IRPF que exonerará del impuesto a los asalariados que ganan hasta 14.000 euros anuales. Hoy no abonan el tributo los que no llegan a los 12.000 euros anuales.
Hacienda vincula una reforma de la fiscalidad medioambiental al nuevo sistema de financiación autonómica que actualmente se está negociando. Las comunidades han ido estableciendo tributos medioambientales en los últimos años. La idea del Gobierno es poner algo de orden en el batiburrillo de tributos autonómicos. Sin embargo, la reforma del sistema de financiación no será sencilla. El Ejecutivo solo puede sacar adelante un nuevo modelo si logra el apoyo del PSOE.
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