Lluís Bassets
El debate sobre los presos y sobre el artículo 155 está superado por los hechos, es auténticamente bizantino.
Lazos amarillos en las sillas vacías de los tres exconsellers y el vicepresidente del Govern de ERC, en una reunión del partido. ANDREU DALMAU (EFE)
Da un poco de angustia que haya gente con tan poca vergüenza como para seguir diciendo todavía que las ideas son objeto de persecución en España. O que no hay libertad de expresión, como se desprende de las quejas del Colegio de Independentistas, perdón de Periodistas.
No hay que seguir en el debate semántico sobre si tenemos políticos presos o presos políticos. Yo personalmente no quiero de ningún tipo, ni políticos que estén en prisión por haber cometido delitos de carácter político, como sería intentar dar un golpe de Estado, ni presos que fueran a prisión por expresar sus opiniones o ideas. Tenemos los primeros, y yo los quisiera en casa lo antes posible, y no tenemos ni uno solo de los segundos, por lo que no hay que discutir mucho más sobre los presos políticos.
El último argumento sobre los presos de conciencia o debido a sus ideas ha entrado en este debate de la mano, primero de las declaraciones del inefable fiscal Maza, y después de la liberación bajo fianza de Forcadell y de la Mesa del Parlamento, en cumplimiento de las condiciones exigidas por los tribunales, sea la Audiencia Nacional sea el Supremo, para evitar la prisión incondicional, tal como la sufren ahora Oriol Junqueras y los demás consejeros y dirigentes independentistas.
Todos ellos saben a estas alturas que, para quitarles la prisión incondicional, se les pide que acepten la Constitución y la aplicación del artículo 155, y de esta demanda algunos deducen que todo ello demuestra plenamente que se trata de presos por sus ideas, porque no aceptan la Constitución, ni el 155, ni tampoco quieren renunciar a la vía unilateral para obtener la independencia.
La realidad es que nadie está obligado, los diez presos tampoco, a aceptar todas estas condiciones. Lo que se les pide a los presos es una de las tres condiciones imprescindibles para evitar la prisión incondicional que les ha dictado como sospechosos de rebelión o sedición, además de algunos otros delitos de menor calibre. La primera condición responde al riesgo de fuga, que Puigdemont ha agravado con su actitud; pero bien mirado, y sobre todo con las elecciones ya convocadas, no parece que sea real. La segunda condición, que es la destrucción de pruebas, que tampoco parece demasiado evidente, dado que ya no tienen acceso a sus despachos y que la policía judicial ya ha reunido un montón.
La única condición que puede interesar aún al tribunal es la tercera, la de la reincidencia. Si los presos tienen la intención de seguir haciendo lo que habían hecho hasta el momento de su detención, es decir, intentar crear en Cataluña una república independiente sobre las cenizas de la Constitución española y una vez descabezado el territorio español, entonces parece del todo lógico que intenten impedirlo los tribunales encargados constitucionalmente a evitar que sucedan cosas de este tipo.
La prisión incondicional en prevención de una reiteración delictiva puede ser tan repugnante como se quiera, y sobre todo si se aplica a políticos que conocemos y que incluso son amigos y conocidos, pero también es lo que ocurre con el artículo 155. Ni el propio Rajoy quería aplicarlo. Una y otro caen por su propio peso, como ocurre con los objetos sometidos a la ley de la gravedad. ¿O alguien, por ejemplo la señora Ponsatí por lo que se deduce de sus declaraciones a RAC1, pensaba que se podía proclamar la república, suspender la Constitución española, sin contar con ningún tipo de fuerza —ninguna, ni la auténtica fuerza, ni apoyo internacional, ni ninguna legalidad, ni siquiera la legitimidad de una mayoría social bien construida—, y luego dejar a la gente en la plaza y marcharse de fin de semana sin que pasara nada?
La cárcel y el 155 son muy graves, es cierto. Es una catástrofe que se haya llegado hasta aquí. Todo ello es bien penoso para la democracia española y para el autogobierno catalán. Pero no dejan de ser un efecto prácticamente inevitable de una causa, como es un intento lento y frustrado de golpe de Estado parlamentario, en gravísima vulneración de la legalidad y del orden constitucional, que nunca debió producirse .
Todo esto pertenece a estas alturas a un debate bizantino. La mejor o quizás única virtud del 155 es que sirve para hacer unas elecciones tan pronto como se ha podido, y en las que se presentarán todos, de forma que ya están legitimadas por la vía de los hechos, incluso por la CUP. Si los políticos presos se adaptan y conseguimos entre todos que salgan y participen en la campaña, podremos dejarla definitivamente atrás y hablar del futuro. Por cierto, sin unilateralidad; dentro de la Constitución aunque sea para cambiar la Constitución o para separarse; y gracias al 155.
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