Josefina G. Stegmann
El agua que llega a nuestras casas depende de la red de distribución y saneamiento. La factura se queda corta para mantenerla adecuadamente.
Hoy 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua y el tema central de este año es la depuración de las aguas residuales y la importancia de su reutilización. El motivo por el que se ha elegido este tema es preocupante. La ONU señala que «a nivel mundial, la gran mayoría de las aguas residuales de nuestros hogares, ciudades, industria y agricultura vuelven a la naturaleza sin ser tratadas o reutilizadas, contaminando el medio ambiente y perdiendo valiosos nutrientes y otros materiales recuperables». Por eso, invitan a reducir la proporción de aguas residuales no tratadas y aumentar la reutilización segura.
En España, según datos de un estudio realizado en 2016 por la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS) contamos con «unas 2.000 estaciones depuradoras de aguas residuales, que tratan un total de 4.097 hm³ de aguas residuales, unos 102 m³ al año por habitante que cuenta con servicios de depuración».
Pero estos datos, al menos para Europa, no son suficientes. De hecho, la Comisión Europea llevó el pasado noviembre a España al Tribunal Europeo de Justicia por segunda vez al haber incumplido una sentencia de 2011 que nos exigía garantizar que las aguas residuales urbanas serían adecuadamente recogidas y tratadas en 17 aglomeraciones para prevenir riesgos graves para la salud humana y el medio ambiente. Por esta situación, que afecta a 1.400.000 personas, el Tribunal Europeo solicitó hacernos pagar más de 46 millones de euros. Las mayores incidencias de incumplimientos están en Extremadura, Andalucía y Canarias. «Nos faltan 17 estaciones depuradoras; otras 63 para cumplir el objetivo del horizonte 2021; y 567 para el horizonte 2027. Está claro que para los dos últimos casos aún estamos a tiempo», aclara Fernando Morcillo, presidente de AEAS.
Lo grave del asunto es que, al mismo tiempo, se incumple la directiva 91/271 de la UE que establece que las aguas residuales urbanas deben recibir un tratamiento adecuado antes de su vertido. La directiva obliga a que las aglomeraciones urbanas dispongan de sistemas de recogida y conducción de las aguas residuales y, en segundo lugar, que esas aguas se sometan a determinados tratamientos antes de su vertido a las aguas continentales o marinas. «Nos están sancionando por los municipios grandes, pero aparte de eso, hay un montón de municipios pequeños, de menos de 15.000 habitantes, que tampoco están cumpliendo con la normativa», señala Morcillo.
Caída de la inversión
Desde ambas asociaciones coinciden en la falta de inversión. «Si faltan depuradoras es porque no se han licitado o porque no funcionan. De hecho, muchas de ellas jamás se han puesto en funcionamiento porque los ayuntamientos no tienen medios para hacerlas funcionar. La red de saneamiento está muy obsoleta y hay que renovarla. De no hacerlo, hay riesgo, porque se está contaminando. El nivel de depuración es aceptable pero en un país como España, puntero en temas de agua, esto no debería ocurrir», apunta Aldonza. A su juicio, es necesario invertir en todo el sector, no solo en saneamiento. «La inversión pública es escasa. En estos momentos se sitúa en menos de 25.000 millones de euros al año, la mitad que en el año 2007. Y la opción público-privada no acaba de desarrollarse, al igual que la compra pública innovadora». Para Aldonza, la inversión anual debería ser de 60.000 millones al año, más unos 20.000 millones para el mantenimiento y conservación de lo que ya existe.
Liana Ardiles, directora general del Agua del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, explica que «las actuaciones se ajustan a la disponibilidad presupuestaria, y también hay que construir carreteras, ferrocarriles, hospitales, etc y, por eso, tiene que acompasarse la inversión con la senda presupuestaria». En este sentido, reconoce que al inicio de la legislatura (2013) «existían muchos incumplimientos en materia de aguas residuales y no había una planificación de inversión dirigida a dar respuesta a esa situación de incumplimiento».
Hay unanimidad en el sector en que el hecho de que las tarifas que paga el usuario no cubran todos los costes de los servicios de agua urbana está repercutiendo en el deterioro de las infraestructuras. También desde la organización Greenpeace: «Hay que tener mejores depuradoras e infraestructuras, somos los que menos pagamos de Europa y la Directiva Marco del Agua dice que los costes deben repercutir en los usuarios. Tenemos que empezar a pagar el precio real de la gestión del agua», señala Julio Barea, responsable de la campaña de agua de Greenpeace.
Precio del agua
La tarifa del agua está constituida por todos los servicios, es decir, abastecimiento y saneamiento (alcantarillado y depuración). «Normalmente el precio que paga una familia española es un 60% por el abastecimiento y un 40% por el saneamiento. En el caso de nuestros homólogos europeos es al revés, por lo que nosotros tenemos déficit en depuración respecto a Europa», lamenta el presidente de AEAS.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), una familia española gasta de media el 0,9% de su presupuesto anual en el recibo del agua, mientras que su gasto en teléfono le supone casi el 3%, y lo mismo para electricidad. Según Morcillo, el esfuerzo que hace una familia española para pagar el agua es el 63% del que hace la media europea.
Los españoles pagamos 1,77 euros por cada metro cúbico (1.000 litros) de agua para uso doméstico, según datos del Estudio Nacional de Suministro de Agua Potable y Saneamiento en España 2016, elaborado por AEAS. Es decir, con una moneda de 1 céntimo se sanean cerca de 6 litros de agua. Francia, Alemania, Holanda o Reino Unido pagan mucho más. En Dinamarca, por ejemplo, los usuarios aportan 6,5 euros por cada mil litros. «Pero no solo se abastece sino que se recoge y depura. Por tanto, hay que subir los precios, estamos en déficit y hay que hacer más depuradoras», explica Fernando Morcillo.
Además, desde el sector se incide en que tenemos que ser conscientes de lo que hay antes y después de que abramos el grifo o tiremos de la cisterna en casa. «Hay que transportar el agua ya tratada a las casas, y luego recogerla a través de saneamiento y depurarla para devolverla a los ríos. Hay que ser conscientes de todas las operaciones necesarias para que tengamos agua en el grifo», apunta Aldonza.
Aldonza, quien también es portavoz de la Plataforma Tecnológica Española del Agua, considera capital un aumento de inversión en el sector del agua ya que la I+D+i también se ha visto perjudicada. «Es necesario ver la I+D+i como negocio. Si solo se traduce en un trabajo que se queda en los cajones no sirve».
Otro capítulo son los impuestos verdes. «En verdad, cuando hablamos del precio del agua, éste es cero. Europa dice que es un bien público, pero que todos tenemos que contribuir vía impuestos, pero al final esta recaudación no va al agua y estamos viendo envejecer las infraestructuras», explica el presidente de AEAS.
Competencias atomizadas
«Las competencias del agua en temas de depuración y saneamiento son municipales y eso dibuja el panorama que tenemos. Es decir, ¿se le va a decir a un alcalde que suba el agua, que la cobre a su precio real? No, porque pierde votos. Las competencias están muy atomizadas. El Estado tiene competencias hasta que el agua llega al depósito de distribución y a partir de ahí, cuando se trata, las competencias las tienen los ayuntamientos», apunta Aldonza. El presidente de AEAS, por su parte, propone crear un mecanismo de regulación para armonizar la situación. «La respuesta inicial ante el saneamiento es de los ayuntamientos, pero al no tener capacidad, muchas comunidades han asumido cierta responsabilidad y se mezclan responsabilidades».
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