Reyes Rincón/Fernando J. Pérez
La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han admitido la querella contra la Generalitat y los miembros de la Mesa y les ordena comparecer este jueves y viernes.
El expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el resto de su Govern, están llamados a comparecer ante la Audiencia Nacional el jueves y viernes a las nueve de la mañana, después de la que la juez Carmen Lamela se haya considerado competente en la querella del fiscal que les acusa de los delitos de rebelión, sedición y malversación. Media hora después, la presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, tendrá que declarar como investigada en el Tribunal Supremo. La Sala de lo Penal ha admitido este martes a trámite la querella presentada por la Fiscalía General del Estado contra Forcadell y otros cinco exdiputados por los mismos tres delitos. El instructor de la causa en el Supremo será el magistrado Pablo Llarena, que ha citado a los seis también el jueves y viernes.
La magistrada de la Audiencia Nacional acuerda, como pedía la fiscalía, que los imputados que tendrán que comparecer en su juzgado, depositen una fianza conjunta de 6,2 millones de euros en el plazo de tres días. Con esta cantidad se pretende el reintegro a las arcas públicas de los fondos supuestamentes empleados en la organización y celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre. En caso de no presentar esa fianza, sus bienes podrán ser embargados.
Aunque los querellados todavía no están imputados formalmente, según la juez Lamela, la magistrada entiende que Puigdemont y sus exconsellers "urdieron una estrategia de la que habría de ser todo el movimiento secesionista perfectamente organizada y con reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y asociaciones independentistas (ANC y Òmnium)".
Según el auto de 16 páginas, en la querella del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, "se exponen de manera seria, racional y lógica" los motivos para una inicial calificación de los hechos como delito de rebelión, penado con hasta 30 años de cárcel.
La magistrada no abre una pieza nueva sino que incorpora la querella del fiscal a la causa abierta el pasado 6 de octubre por sedición por los altercados de los días 20 y 21 de septiembre contra la Operación Anubis de la Guardia Civil contra los preparativos del referéndum ilegal. Por esta causa están en prisión los líderes de la sociedad civil independentista Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.
La magistrada avanza que en la misma sesión en la que serán interrogados -aunque tienen derecho a no declarar- se celebrará una vista para valorar "la adopción de medidas cautelares de carácter personal", en la que la fiscalía podría solicitar el ingreso en prisión de los principales imputados.
Los imputados del Parlament
El escrito dictado por el instructor por el Supremo para citar a los investigados no especifica la hora ni el orden de las comparecencias. En un procedimiento poco habitual, el magistrado cita a los seis a las 9.30 de los próximos días 2 y 3 de noviembre. Solo les especifica que declararán en calidad de investigados y que, por tanto, deben acudir con abogado.
La citación ha llegado apenas una hora después de que el Supremo acordara admitir a trámite la querella de la Fiscalía contra los seis miembros de la Mesa del Parlament que permitieron que se votara la declaración de independencia. Todos eran diputados del Parlament disuelto el pasado viernes, pero que mantienen su condición de aforados por ser miembros de la Diputación Permanente de la Cámara, a excepción de uno de ellos: la expresidenta, Carme Forcadell; el que fuera miembro de la Mesa hasta el pasado mes de julio y actual presidente del grupo Junts pel Sí, Lluís Maria Corominas; los también miembros de la Mesa y diputados del mismo grupo Anna Simó, Lluis Guinó y Ramona Barrufet; y el secretario tercero de la Mesa, Joan Josep Nuiet i Pujals.
En una resolución acordada por unanimidad y de la que ha sido ponente el presidente de la Sala, Manuel Marchena, el Supremo acepta su competencia ante el aforamiento que Forcadell y otros cuatro de los querellados mantienen por ser miembros de la Diputación Permanente del Parlamento catalán y ante el hecho de que, según sostiene la Fiscalía en su querella al referirse a los aspectos internacionales del proceso soberanista, parte de los hechos imputados se han producido fuera del territorio de la comunidad autónoma catalana.
Sobre los delitos denunciados en la querella, la Sala explica que el fiscal alude a la existencia de un delito de rebelión (artículo 472 del Código Penal) con una extensa argumentación encaminada a justificar la concurrencia de violencia, que, en principio, es requisito para que exista este delito. Pero el Supremo no lo ve tan claro todavía y se decanta por esperar a que la investigación avance y las diligencias que acuerde el instructor confirmen o desmientan el relato del fiscal. "Será entonces cuando pueda precisarse (…) si esos actos son susceptibles de integrar las exigencias del tipo previsto en el artículo 472 del Código Penal o, por el contrario, han de ser subsumidos en los artículos 477 y 17.1 del Código Penal, que castigan la conspiración para la rebelión, delito en el que, por definición, los elementos del tipo proyectado no llegan a tener realidad al no superar los conspiradores la fase propiamente preparatoria”, señalan los magistrados.
La decisión de admitir a trámite la querella la han tomado los cinco miembros que componen la Sala de Admisión de lo Penal del Supremo. A partir de ahora, será el instructor, Pablo Llarena, el que se haga cargo de la investigación. Él será el que les tome declaración el próximo jueves y viernes y decida si, como pedía el fiscal en su querella, cita a declarar de manera urgente a los seis querellados y celebra una vista para la petición de medidas cautelares. Entre estas medidas estaría, previsiblemente, la solitud de una fianza por los gastos del referéndum ilegal del 1 de octubre. En su querella, la Fiscalía solicita una fianza conjunta de 6,2 millones de euros, que corresponden a partidas presupuestarias vinculadas a la celebración de la consulta secesionista. Esta fianza tiene carácter solidario, es decir, que los querellados, si así lo acordaran los jueces, deberían reunir entre todos la cantidad. En caso de no depositarla, el fiscal reclama que sus bienes sean embargados.
La resolución de este martes deja además en manos de Llarena otra decisión importante, derivada también de una petición de la Fiscalía: que el Supremo asuma la investigación de las otras querellas presentadas contra los miembros de la Mesa del Parlament y que hasta ahora investiga el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). El tribunal catalán investiga desde hace meses a Forcadell por desobediencia y prevaricación a raíz de tres querellas sucesivas presentadas por la fiscalía por permitir diversas votaciones en el Parlament: las conclusiones de la comisión del "proceso constituyente", una propuesta sobre el referéndum y el debate sobre las leyes de ruptura.
Además, el Ministerio Público ha pedido que se cite a declarar como testigos a los miembros de la Mesa José María Espejo-Saavedra (de Ciudadanos) y David Pérez Ibáñez (del PSC), que se opusieron a que se votara la independencia; y al letrado mayor del Parlament Antoni Bayona i Rocamora y el secretario general de la Cámara, Xabier Muro. Asimismo, el fiscal solicita que el Supremo pida que se una a la causa una copia de los acuerdos de la Mesa del Parlament que permitieron la tramitación y debate de la ley de referéndum y la de transitoriedad y el acta de las sesiones del Parlament de los días 6 y 7 de septiembre (en las que se votaron estas leyes) y de los días 26 y 27 de octubre (cuando se aprobó la declaración de independencia); diversas resoluciones del Tribunal Constitucional y una hoja “histórico penal” de los querellados.
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