Roberto Pérez
- El alto endeudamiento del sector público, un riesgo añadido ante el previsible repunte de los tipos de interés.
Una deuda acumulada de 1,175 billones de euros y creciendo, que se traga 56.000 euros por minuto solo por intereses, en una economía con síntomas de ralentización y con un sector público que sigue produciendo números rojos. Es el delicado cuadro que presentan, en su conjunto, las arcas de las administraciones españolas justo cuando el Banco Central Europeo (BCE) finiquita el programa de compra de deuda soberana en los países de la Eurozona. Enero de 2019 es la fecha tope, tras cuatro años en los que el BCE ha sido el gran parapeto que ha protegido a países especialmente expuestos por sus niveles de endeudamiento y, de paso, ha sido un seguro para evitar vulnerabilidades que pudieran haber contagiado a toda la economía del Euro.
El BCE ha decidido cerrar ese grifo por el que han salido varios billones de euros en estos tres años, aunque pliega velas de forma gradual. En cualquier caso, la retirada de esta política de compra de deuda abre un nuevo escenario de incertidumbres. La fundamental es qué va a ocurrir ante el previsible repunte de tipos y cómo va a afectar a países potencialmente vulnerables por sus niveles de deuda pública acumulada.
España es uno de esos estados con indigestas cifras de endeudamiento y uno de los más directamente aliviados por esas políticas de protección financiera desplegadas por el BCE en el último trienio. Baste un dato: España paga menos intereses que en 2012, pese a que acumula una deuda pública un 32% mayor que hace seis años. La razón radica en que los tipos de interés se han mantenido por los suelos y, además, el Estado ha extendido su paraguas sobre las autonomías para -en la práctica- subsidiarles el precio de su deuda y evitarles el sobrecoste que les hubiera supuesto financiarse directamente en los mercados -Cataluña ha sido la más beneficiada, con una deuda autonómica que lleva años instalada en la calificación de «bono basura»-.
Sobrecostes a la vista
A partir de ahora queda por ver cuánto va a costar el fin del programa de compra de deuda del BCE y el aumento de los tipos de interés que los expertos dan por seguro. De entrada, España parte con un endeudamiento que sigue en cifras de récord y con unos intereses que tiene que pagar con endeudamiento añadido, porque los costes de funcionamiento de su sector público siguen siendo mucho mayores que los ingresos que es capaz de generar.
El año pasado, el conjunto de la Administración Pública española -estatal, local, autonómica y la Seguridad Social- pagó 29.817 millones de euros por intereses en cifra consolidada, una vez descontados los pagos internos que se realizan entre ellas -el fundamental, los intereses que las autonomías abonan al Estado por el dinero que les ha prestado-. De esos 29.817 millones, en torno al 83% de la factura corresponde a la deuda de la Administración del Estado, un 15% a la autonómica y alrededor del 2% a la de las entidades locales. Es significativo que las autonomías paguen solo el 15% de esa factura, cuando en realidad concentran el 25% del endeudamiento público de España. La razón radica en que una gran parte del precio de la deuda autonómica cae sobre las espaldas de la Administración del Estado, como consecuencia de los mecanismos extraordinarios de financiación -caso del FLA- que desplegó para auxiliar a las autonomías y, especialmente, a Cataluña.
Actualmente, con el precio del dinero por los suelos, los intereses de la deuda pública española se tragan en torno al 2,5% del PIB. Del 1 de enero al 30 de septiembre -último dato oficial disponible- España desembolsó por su deuda pública 21.730 millones de euros. En todo el año pasado, 29.817 millones; 31.356 millones en 2016... Cifras que contrastan con los menos de 17.000 millones anuales que se pagaban en 2005, 2006 y 2007, cuando la deuda pública de España era tres veces menor que ahora.
Cada vez son más las voces que alertan de los riesgos a los que se enfrenta España por su alto nivel de deuda pública y el previsible sobrecoste que le va a generar. «Ya se ha acabado la barra libre de liquidez del BCE, se está anunciando una subida de tipos y, a poco que suban, va a agravarse el gasto de la Administración española», explica Juan Carlos Higueras, profesor de EAE Business School. «Es un problema» que se complicará «más aún si coincide con un cambio de ciclo económico», con un PIB a la baja.
Adictos a la deuda
España se cuenta entre lo que Higueras llama «gobiernos ‘‘yonkies’’ de la deuda», países que «basan sus programas políticos en el gasto público por encima de sus posibilidades». Y advierte que «mientras no haya una voluntad firme para no gastar más de lo que se ingresa y para llegar a niveles de superávit con los que desarrollar políticas de crecimiento estable, será necesario seguir emitiendo deuda en una suerte de círculo vicioso sobre elementos clave como el déficit, los impuestos y la propia deuda». El Fondo Monetario Internacional (FMI) también lleva tiempo insistiendo en que España debe reducir deuda pública y atajar el déficit. En octubre, el FMI revisó a la baja las previsiones de crecimiento del PIB, y volvió a conminar al Estado a actuar con más vigor para meter en cintura el déficit y la deuda, porque «el ciclo económico está llegando a su madurez y varios riesgos ensombrecen el panorama a medio plazo».
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