Lucía Abellán
Un documento interno de la Comisión Europea contempla planes de contingencia.
David Davis, en primer plano. y Michel Barnier, al fondo, a su llegada a la conferencia de prensa del pasado viernes en Bruselas. EMMANUEL DUNAND AFP
El sí del referéndum británico al Brexit sorprendió a Bruselas sin un plan de contingencia que amortiguara ese enorme desafío. Transcurrido más de un año desde la consulta británica, la Comisión Europea quiere evitar nuevos sobresaltos y se prepara ya por si el tortuoso proceso del Brexit descarrila. El Ejecutivo comunitario ha creado un grupo de trabajo que anticipa los efectos del divorcio, “incluidos planes de contingencia”, según un documento interno al que ha tenido acceso EL PAÍS. El equipo opera de forma paralela a la unidad que negocia con Londres.
Los planes de contingencia constituyen el secreto mejor guardado de cualquier coyuntura de riesgo. El motivo es que divulgarlos puede acabar precipitando el peor escenario. Bruselas negó tener un plan B en la crisis griega —para evitar que Grecia saliera del euro— y también en el referéndum británico de pertenencia a la UE. Aunque la hipótesis principal en la negociación del Brexit sigue siendo alcanzar un acuerdo con Londres antes de que venza el plazo previsto, el Ejecutivo comunitario explora ya las consecuencias del escenario más adverso: una salida brusca del club comunitario.
Para evaluar todas las hipótesis, el secretario general de la Comisión Europea, Alexander Italianer, ha constituido un grupo de trabajo, denominado Brexit Preparedness Group (Grupo de Preparación ante el Brexit), dirigido por Pascal Leardini, responsable de relaciones con otras instituciones en el seno de la Comisión. “Tenemos que prepararnos colectivamente, incluidos los planes de contingencia, para las consecuencias derivadas de la retirada de Reino Unido de la Unión”, alerta Italianer en una carta enviada a las direcciones generales más afectadas por el Brexit.
Sobre la mesa figuran dos escenarios: el de salida ordenada, que sigue siendo la apuesta principal, y el de ruptura sin acuerdo. Los trabajos abarcan ambas tesituras, según confirman tres fuentes al tanto del proceso. Bruselas plantea cuatro ámbitos de actuación detallados en el documento interno. El primero es apoyar a los Estados miembros, organizando seminarios técnicos o con reuniones de expertos. Para evitar interferir en el proceso más político que lidera el negociador europeo, Michel Barnier, el texto advierte de que esas conversaciones deben ceñirse a asuntos “de naturaleza puramente técnica”.
El segundo ámbito de actuación se centra en sectores y empresas afectados por el Brexit. El secretario general de la Comisión insta a dar toda la información necesaria y a movilizar a las agencias europeas cuando sea necesario. Una de las más sensibles en el contexto del Brexit —la Agencia Europea del Medicamento, que debe reubicarse de Londres a otra ciudad europea como consecuencia del divorcio con Reino Unido— ya trabaja en planes que garanticen su continuidadtras la mudanza.
En tercer lugar, la Comisión busca adaptarse internamente a la nueva situación, incluso modificando legislaciones. Como ejemplos, el documento cita “la desconexión de bases de datos [entre Londres y Bruselas]” y “la modificación de contratos [europeos] que establezcan la jurisdicción de los tribunales británicos”.
PRÓXIMAS FECHAS CLAVE
14 de noviembre. Los representantes de los Estados miembros se reúnen para tratar de diseñar los principios de la segunda fase de negociación. Aunque los Veintisiete se muestran poco convencidos de pasar con celeridad al segundo capítulo, el objetivo es acotar los asuntos (comercio, seguridad, Gibraltar...) objeto de discusión.
20 de noviembre. Los 27 países que conformarán la UE tras el Brexit deciden quiénes se quedarán con las dos agencias europeas que saldrán de Londres a causa del divorcio. La elección será por votación secreta. Barcelona concursa a la Agencia Europea del Medicamento, pero la crisis política la ha dejado casi sin opciones.
29 de noviembre. El Consejo Europeo tratará de pactar las directrices de negociación de la segunda fase del Brexit.
14 y 15 de diciembre. Si los jefes de Estado y de Gobierno constatan progresos suficientes en el divorcio, aprobarán las líneas maestras de esa segunda fase.
Acuerdos comerciales
Por último, la Comisión trabaja en prepararse externamente para el momento de la salida. Se trata de revisar todos los acuerdos internacionales en los que participa la UE y que, en mayor o menor medida, quedarán afectados por la separación británica. Entre los departamentos más concernidos figura Comercio. Reino Unido saldrá automáticamente de la treintena de acuerdos comerciales plenamente vigentes en Europa y eso requiere arreglos específicos.
Ha sido el propio presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, quien ha encargado a la secretaría general asumir esta tarea, según revela el documento. Aunque el objetivo es que los trabajos transcurran por un carril diferente al de la negociación entre Bruselas y Londres, Barnier también se reúne periódicamente con las direcciones generales de la Comisión para calibrar las consecuencias de la salida británica.
El responsable de este trabajo interno quiere contar con una persona de contacto en cada unidad para que el diálogo sea más fluido. El secretario general urge a los departamentos a cooperar “en este importante dosier”.
El ejercicio revela el creciente temor a que el diálogo del Brexit fracase. Por un lado, Bruselas tiende la mano a la primera ministra británica, Theresa May. Como muestra de buena voluntad, los Estados miembros han comenzado ya a idear la segunda fase del Brexit, la de la relación futura con Reino Unido. Por otro lado, los Veintisiete constatan que el divorcio no avanza y, sin progresos en este capítulo, no se puede pasar al siguiente.
La minirronda de negociación que concluyó el pasado viernes en Bruselas dejó cierta frustración en el flanco europeo. Barnier dio dos semanas al negociador británico, David Davis, para concretar el capítulo más retrasado de esta primera fase: la factura que Reino Unido tendrá que abonar por pagos pendientes al salir de la familia europea.
“Cuanto más tarden esos detalles, menos específicos serán los compromisos que adquieran los Estados miembros en la cumbre de diciembre”, vaticina desde Londres Mujtaba Rahman, responsable para Europa de la casa de análisis Eurasia. Aunque la hipótesis principal de este experto sigue siendo que a final de año se logren progresos suficientes en el divorcio para pasar a diseñar la relación futura, también alerta de los riesgos de incumplir esas metas. “Si no hay acuerdo en diciembre, alguna de las partes, o las dos, podría replantearse el proceso del Brexit”, augura.
LOS RETRASOS EN LA FACTURA GENERAN IMPACIENCIA
El ajuste de cuentas que Bruselas exige a Londres antes de concederle el divorcio resulta peliagudo. Para endulzar esa píldora, los negociadores europeos ofrecieron a los británicos intentar pactar ahora las grandes líneas de los pagos pendientes y dejar para más adelante la concreción de la cifra. De momento, la estrategia se ha revelado poco eficaz. La primera ministra británica, Theresa May, ha accedido públicamente a honrar esos compromisos, pero su Gobierno se resiste a detallarlos por escrito.
El proceso del Brexit está diseñado a imagen y semejanza de la ortodoxia bruselense. Las rondas de negociación transcurren según un calendario prefijado, con documentos negociadores que ambas partes intercambian previamente para discutir sobre propuestas concretas. Pero Londres no tiene intención de plasmar en un papel lo que considera que adeuda a sus socios europeos. “Es una aproximación táctica. No quieren usar toda la munición financiera en la fase primera de la negociación; también quieren guardar algo para la transición y la segunda fase”, interpreta Mujtaba Rahman, de Eurasia. La UE accede a obviar las cifras hasta el final del proceso, pero sí quiere ver los epígrafes que permiten calcular esos saldos.
En la práctica, la brecha entre lo que el Gobierno británico ofrece y lo que Michel Barnier reclama es enorme. A falta de cifras oficiales, la prensa británica ha dejado entrever que Londres podría pagar inicialmente unos 20.000 millones de euros, que en última instancia subirían hasta 40.000. Bruselas pide un mínimo de 60.000 millones. Según el último calendario establecido, queda menos de un mes para acercar esas metas.
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