Ramón Muñoz
El Gobierno aprobará este viernes el convenio que permitirá a una sociedad pública gestionar las autopistas en liquidación y volver a privatizarlas a finales de 2018.
El Gobierno dará el pistoletazo de salida esta semana al rescate de las nueve autopistas de peaje en quiebra. El Consejo de Ministros aprobará un convenio el próximo viernes, en la última reunión antes de las vacaciones estivales, que permita a a la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres (Seittsa), de titularidad pública, asumir la gestión de esas autopistas y preparar su relicitación para que vuelvan a manos privadas a finales de 2018.
Así lo ha anunciado el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en una entrevista con EL PAÍS, en la que ha señalado que el coste de ese proceso de reversión al Estado de las vías de peaje será “sustancialmente menor” a los 3.500 millones de euros en los que lo cifra el sector y otros organismos.
El titular de Fomento ha adelantado también que en 2018 pondrán en marcha el plan más “ambicioso” de compra de trenes para la red convencional de Renfe. que superará los 1.600 millones de euros, y que próximamente se convocará un concurso para que Renfe Mercancías tenga un socio privado. También explica los planes del AVE, y la fórmula de colaboración público-privada que va usar el Gobierno para su plan de inversión de 5.000 millones en carreteras.
Pregunta. ¿Cómo se van a rescatar las nueve autopistas de peaje en quiebra?
Respuesta. No se puede hablar de rescate, porque esas autopistas entran en liquidación judicialmente, y esa infraestructura revierte al Estado, queramos o no. Y lo que el Gobierno va a hacer es prepararse para cuando llegue ese momento. Para eso, el Consejo de Ministros va a aprobar en su última reunión de julio un convenio para encomendar a la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres (SEITTSA) la gestión de esas autopistas durante el periodo desde que reviertan al Estado hasta que se vuelvan a licitar. Porque nuestra vocación no es renacionalizar esas autopistas sino poder volverlas a poner en el mercado.
P. ¿Y que incluye ese convenio?
El coste del rescate estará “sustancialmente por debajo” de los 3.500 millones
R. Ese convenio permitirá que SEITTSA, que es una sociedad pública, realice los estudios de tráfico y de demanda, así como de viabilidad, que se someten a información pública; después elaborará los pliegos y la auditoría de situación de cada una de las autopistas para preparar a partir de ahí las condiciones de la relicitación, de forma que a finales de 2018 se puedan volver a poner en el mercado.
P. ¿Y cuánto le va a costar al contribuyente? ¿Algunos organismos hablan de 3.500 millones? ¿Cómo se va a hacer la nueva licitación?
R. Esa cifra es la que figura como importe máximo en los pliegos de licitación, pero nuestra impresión es que se situará sustancialmente por debajo. Además, la nueva licitación servirá para aminorar el efecto de la responsabilidad patrimonial de la administración (RPA). Aún está por decidir si lo hacemos en uno o dos bloques, pero todas saldrán al mismo tiempo.
P. ¿Se podrán presentar las mismas empresas que las han llevado a la quiebra? ¿Cómo se garantiza que el Estado no tendrá que volver a rescatarlas?
R. La licitación se tiene que hacer como marca la ley, con un procedimiento abierto y un concurso público. Pero los pliegos de las nuevas licitaciones, van a ser muy restrictivos y, obviamente, el riesgo de las previsiones de tráfico y el de los sobrecostes por las expropiaciones no forman parte ya de este proceso. Se va a hacer con unas condiciones y con un rigor y una transparencia absoluta para que haya el mayor grado de control que evite que esa situación se vuelva a producir. Y hay que tener en cuenta que el Gobierno anterior de Mariano Rajoy introdujo cambios legislativos para que este tipo de concesiones no se plantearan como se plantearon aquellas.
P. Además de esas vías, está dar una solución a las autopistas de peaje que se concedieron en los años 70 y 80, y que comienzan a vencer a partir del próximo año. ¿Se plantean que dejen de ser de peaje?
R. No se va a prorrogar el contrato actual, no se va a ampliar el periodo concesional para el concesionario actual y a partir de ahí las autopistas revertirán al Estado. Luego tendremos que tomar la decisión sobre qué hacer con esas vías, que aún no se ha adoptado. El Gobierno tomará la decisión pensando en el interés general. Es un tema que me gustaría abordar dentro del Acuerdo Nacional por las Infraestructuras que estamos impulsando con todos los grupos políticos.
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