Susana Alcelay
El Pacto de Toledo sigue un año después de comenzar sus trabajos enredado en comparencias, sin plazo para presentar sus recomendaciones.
oledo fue el lugar elegido en 1995 por los grupos parlamentarios para buscar soluciones a la crisis que entonces sufría el sistema público, que ese año sumó unos 3.000 millones de euros déficit. Reunidos durante un fin de semana todos los partidos se pusieron de acuerdo para salvar a las pensiones de la lucha partidista. La idea era «sacar» las jubilaciones del debate electoral. Es decir, que a partir de ese momento, las reformas en la Seguridad Social se tomaran por consenso y pensando en lasostenibilidad del sistema a largo plazo.
Aquel pacto político quedó impreso en un acuerdo parlamentario el 6 de abril de ese mismo año. 15 recomendaciones sirvieron de base para el acuerdo que posteriormente rubricaron el Gobierno y los sindicatos en 1996 y que dio lugar a la Ley de 1997 de Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social. Aquella norma incrementó de ocho a 15 el número de años para calcular la base reguladora de la pensión, fijó la revalorización de las pensiones según la evolución prevista del IPC y la creación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que comenzó a rodar con 2.000 millones. Tras llegar a rozar los casi 70.000 de fondos en los mejores momentos para el empleo en España, en la actualidad cuenta con 11.602 millones.
El Fondo, en las últimas
Fueron los estragos de la crisis, que se llevó más de 3,5 millones de empleos por delante, lo que obligó al Gobierno de Rajoy a abrir la «hucha» de las pensiones en diciembre de 2012. Este Fondo ya no sirve por sí solo para pagar las extras de los jubilados. El pasado junio el Ejecutivo autorizó que se pagaran 5.986 millones con cargo a un préstamo del Estado a la Seguridad Social por importe de 10.192 millones, casi el 60% de los recursos en un solo pago.
La situación financiera por la que atraviesa la Seguridad Social es similar a la que había en 1995. El sistema está en crisis, aunque más intensa que aquellos años, pero hay una gran diferencia respecto a los años 90, que no hay el entendimiento de los políticos que hubo entonces. Los partidos son incapaces de ponerse de acuerdo pese a que hace un año fueron llamados a reunirse de urgencia por el Gobierno.
Los políticos no responden
La presión del déficit y el inminente agotamiento del Fondo de Reserva forzaron a la comisión del Pacto de Toledo a reanudar sus trabajos el pasado octubre con la expectativa de tener las primeras conclusiones antes de verano. Esas recomendaciones no llegaron y, tras el paréntesis del verano, la comisión reanudó la pasada semana su actividad con nuevas comparecencias y sin tener claro un calendario o plazo para redactar las recomendaciones que deberían servir al Ejecutivo para elaborar una nueva reforma que permita solucionar el problema de suficiencia que tiene el sistema.
Enfrascados en peleas políticas, doce meses después de comenzar sus tareas, sus señorías no están siendo capaces de pisar el acelerador y poner blanco sobre negro las soluciones, al menos, por el lado de los ingresos para paliar el desfase entre las cotizaciones y los gastos del sistema. Fuentes de la comisión parlamentaria se han mostrado en declaraciones a ABC muy escépticos sobre la posibilidad de lograr un acuerdo de reforma entre todos los grupos teniendo en cuenta, recuerdan que, por ejemplo, Podemos exige la derogación de las dos últimas reformas de pensiones, la de 2011 y 2013, como premisa para entrar en materia. En cualquier caso, la fecha para elaborar y entregar estas conclusiones no está marcada en el calendario, aseguran las mismas fuentes.
Déficit de 18.600 millones
Y mientras los grupos se enzarzan en peleas políticas, la Seguridad Social sigue engordando su déficit. El agujero que registrará este año el sistema público será de 18.600 millones de euros, el mayor de su historia. El gasto en pensiones está creciendo en torno al 3% y esta evolución sitúa de forma recurrente la factura de las pensiones en récord. Definir con claridad la separación de las fuentes de financiación, es decir qué se paga con impuestos y qué con cotizacion, será clave para alivar las maltrechas finanzas del sistema.
Récord de empleo
Pese al crecimiento récord del empleo, del entorno del 3%, sigue siendo imposible pagar solo con cotizaciones las actuales pensiones. Una situación que ha provocado que la relación entre afiliados y pensionsitas esté en sus horas más bajas. Actualmente hay 2,2 afiliados por cada pensionista, la relación más baja en 18 años. Este ratio, que llegó al 2,71, su máximo, en diciembre de 2007, incluye también a los desempleados que reciben prestación, por los que cotiza el Estado. Su descenso también está contribuyendo a la caída de la ratio.
Las cuentas siguen sin cuadrar. El sistema público paga hoy 9.532.945 pensiones contributivas. Unas prestaciones que se pagan con las cotizaciones que abonan 19,19 millones de afiliados. Esto quiere decir que la Seguridad Social está abonando en la actualidad casi 1,2 millones de pensiones más que en 2007, pero con casi un millón de cotizantes menos. El número de pensiones ha estado creciendo de forma mantenida más de un 1% en los últimos años, también durante los seis años de crisis.
Pensión un 37% más altas
Más pensionistas y también con pensiones más altas. Los últimos datos ponen de manifiesto que las nuevas pensiones de jubilación, que son mayoritarias en el sistema, son ya un 37% más elevadas que las que causan baja. Lo que quiere decir que los que están accediendo a la jubilación tienen de media ingresos mensuales equivalentes a 1.324 euros, mientras que quienes causan baja percibían de media, 968 euros. Este desfase es uno de los principales motivos de preocupación de la Seguridad Social y todo indica que se mantendrá e incluso aumentará en los próximos años teniendo en cuenta que la relación entre salarios y cotización ha mejorado, lo que fundamenta esa mejora de las prestaciones que perciben los jubilados.
Gastos mesnuales de 8.790 millones
Esta relación se conoce como efecto sustitución y está provocando junto al aumento del número de pensionistas un constante aumento del gasto. La factura de las pensiones se situó en agosto pasado en 8.790 millones de euros, un nuevo récord. Hay que tener en cuenta, además, que el Estado completa una de cada cuatro pensiones con el denominado complemento a mínimos, una cuantía que se paga a quien no ha cotizado los suciente para percibir la pensión mínima. El 23% de las pensiones de jubilación ya lo reciben y el 34% de las de incapacidad; y el 31% de las de viudedad.
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