La Comisión Europea lleva siete años examinando minuciosamente las prácticas de Google. Y ha llegado a la conclusión de que el servicio de compras comparativas del gigante estadounidense vulnera las reglas de la competencia al colocar su propio sistema (Google Shopping) en un lugar destacado cuando el usuario realiza una búsqueda. Paralelamente, Google utilizaría determinados criterios en sus algoritmos para situar en peor lugar los servicios de compras comparativas rivales, con lo que estaría inhibiendo la competencia basada en los méritos de los mercados y obteniendo una ventaja ilegal.
La multa de 2.424 millones de euros que ha recibido Google Inc. y su sociedad matriz, Alphabet, además de ser la más elevada impuesta por la Comisión Europea, es una sanción ejemplarizante, según ha querido dejar claro la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager. Hasta ahora, la mayor multa era de 1.060 millones y recayó en la empresa de microprocesadores Intel. Para determinar la cuantía de la sanción, la UE ha tenido en cuenta la duración y gravedad de la infracción, así como los ingresos de Google derivados de su servicio de compras online en los 13 países afectados. El coloso de Internet defiende que el objetivo de Google Shopping es conectar a los usuarios con los anunciantes de modo que sea útil para ambas partes. Y ha anunciado, como no podía ser de otra manera, que considera apelar la decisión de Competencia.
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Nadie duda de que Google, con su potente motor de búsqueda, proporciona productos y servicios que contribuyen notablemente al desarrollo de la sociedad digital. Junto a otras tecnológicas, ha tenido un gran peso en la modernización de las comunicaciones, el impulso del comercio electrónico y la expansión de la educación. Google ha cambiado la vida de millones de personas a mejor. Pero los consumidores son también ciudadanos, y como tales tienen derechos, que deben ser respetados por las empresas y garantizados por las autoridades competentes.
Google y la Comisión cultivan desde hace tiempo una tensa relación que, lejos de amainar, puede verse aún más agudizada. El Ejecutivo comunitario tiene abiertas otras dos investigaciones: una relacionada con los supuestos contratos abusivos de Google en el mercado publicitario y otra sobre la inclusión de Android en móviles y tabletas. Bruselas tiene también a esta y otras compañías tecnológicas en el punto de mira por las prácticas de ingeniería fiscal ideadas para reducir el pago de impuestos.
La dura reconvención a Google no debe ser interpretada como una manía persecutoria sino como una prueba más del compromiso comunitario en favor de la competencia. La UE ha defendido férreamente estos principios y se ha enfrentado a otras multinacionales como Boeing o Microsoft por abusos de posición de dominio o prácticas contrarias al libre mercado. Sin desdeñar los efectos positivos de la globalización ni defender un proteccionismo desfasado, cualquier empresa que aspire a hacer negocio en la UE, con un mercado de 500 millones de habitantes, tiene que hacerlo con el máximo respeto a las reglas de juego comunitarias.
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