José María Camarero
Menos grupos, oficinas y plantillas y más ajustes para evitar otra burbuja marcan diez años tras la crisis.
El beneficio de la gran banca ha superado los 16.600 millones de euros en 2018, un 22% más que el ejercicio anterior, en lo que supone el sexto incremento anual consecutivo. Aun quedan lejos los 23.400 millones que ganó todo el sector hace diez años. Entre una cuantía y otra no solo median unos 7.000 millones, sino también un reguero de fusiones, cierres de oficinas, recortes de plantilla, limpieza de balance del ladrillo tóxico y un rescate millonario para la mitad del sector.
Diez años se han cumplido desde que los empleados de Lehman Brothers salieran de sus oficinas en Nueva York cargando con sus pertenencias, en lo que fue el germen de una crisis que impactó durante años al sector y cuyas consecuencias siguen sobre la mesa. Con las cuentas de 2018 sobre la mesa, ningún banco es ahora como en 2008. Tampoco la relación que tienen los clientes con su entidad es la misma una década después.
Salvo contadas excepciones, la marca del banco con el que opera se ha transformado. Las antiguas cajas se han fusionado entre ellas o bien se han integrado en las grandes corporaciones. De casi 50 entidades, España ha pasado a tener poco más de diez grandes grupos. «A nivel doméstico, la mayor parte de este trabajo de integraciones ya está hecho», explica Francisco Uría, socio financiero de KPMG. Queda pendiente la integración entre Unicaja y Liberbank, cuyos responsables negocian desde diciembre esta operación. La reconversión del sector no ha parado: desde los primeros SIP (Sistema Institucional de Protección), una combinación heterogénea de todo tipo de cajas, pasando por las adquisiciones a un euro de parte de estas entidades entre los grandes grupos hasta el último rescate del Popular. De paso, el Estado ha inyectado más de 100.000 millones de euros en todo tipo de ayudas de las que no prevé recuperar de forma íntegra.
De este cruce de intereses ha derivado una de las peores consecuencias de esta década: la reestructuración de la banca. La plantilla del conjunto de entidades financieras se ha reducido en un 30% -casi 100.000 trabajadores menos- y el goteo es incesante. Para este año, Santander tiene previsto aplicar otro ERE para completar la absorción de Popular, y CaixaBank hará lo mismo dentro de su nuevo plan estratégico, además de las continuas salidas de personal que se registra año tras año.
La sangría de trabajadores de banca ha ido en paralelo a la del cierre de oficinas, un proceso cuyo impacto ha sido mucho mayor para los clientes. Lejos quedaron los bajos de edificios de los nuevos barrios donde las entidades pujaban por abrir una oficina. Ahora, esos locales han quedado desiertos de rastro financiero. En diez años, la reducción de sucursales ha superado el 40%. Estos cierres «tienen que ver mucho con la crisis, pero también con el hecho de que la tecnología ha tomado una dimensión enorme», explica Francisco Uría.
A la banca ya no le hace falta una sucursal en cada esquina porque la mayor parte de la operativa habitual -transferencias, pago de recibos, movimientos, peticiones, etc.- se hacen a través de internet. Junto a este proceso el sector ha iniciado lo que Juan Ignacio Sanz, profesor de ESADE, define como una «redefinición de las oficinas». Cada vez hay más sucursales de amplias dimensiones, dedicadas al asesoramiento, en las que los clientes incluso pueden tomarse tranquilamente un café.
España todavía se encuentra lejos de los niveles de digitalización bancaria que tienen otros países europeos, como los nórdicos, donde el 80% de las relaciones entre clientes y entidades es puramente digital. ¿Ventajas? La inmediatez y la facilidad para conocer el perfil de cada usuario. ¿Inconvenientes? La ausencia de contacto «requerirá un mayor esfuerzo en fidelizar a sus clientes, a los que ya no conocen tan bien como antes», explica Juan José Toribio, profesor de IESE.
Ademas, el cierre de oficinas, producto de esa digitalización, está provocando lo que los expertos consideran como un abandono bancario. Porque en 4.244 localidades de toda España ya no hay rastro de bancos. Representan un 52,2% de todos los municipios, según los últimos datos del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE).
En busca de la rentabilidad
Aunque de cara a la galería la banca gana cada vez más dinero -en los seis últimos años sus beneficios se han multiplicado por diez tras un 2012 nefasto-, sus intestinos aún viven con fragilidad. «Uno de los elementos más positivos del sector de los últimos años ha sido que han conseguido reforzar su capital y su solvencia», indica Francisco Uría. «Eso debe jugar en el futuro a favor de su confianza», apunta. La limpieza de balances ha sido la más cuantiosa que han realizado las entidades de toda la Unión Europea tras el 'boom' inmobiliario español que se vivió hasta bien entrado 2008. Solo el año pasado se despojaron de 90.000 millones de activos 'tóxicos'. Además, ya no pesa sobre ellos el impago de créditos, cuya tasa de morosidad superó el 13,6% en 2013; ahora se encuentra en el 6%.
Pero para disgusto de los banqueros -no así de sus clientes-, los tipos de interés siguen anclados en mínimos históricos del 0%. Así lleva el precio oficial del dinero desde mediados de 2014. Cuando todos los ejecutivos del sector pensaban que 2019 sería el año de la vuelta al incremento de tipos, el BCE no lo tiene ahora tan claro como hace algunos meses por la ralentización económica de la eurozona. «Las entidades tratan de recomponer su cuenta de resultados», explica Juan José Toribio, buscando ingresos ajenos a los puramente bancarios. Porque el margen de interés de las entidades sigue siendo muy escaso.
Las comisiones por la venta y gestión de fondos de inversión y los seguros son dos de las alternativas más buscadas. En el campo de la financiación, los créditos al consumo tratan de suplir las amortizaciones del negocio hipotecario. Pero son soluciones temporales: «Un banco está creado para ganar dinero con el margen financiero», explica Toribio. Y, con los tipos al 0%, no son capaces. «Por eso tratan de reinventarse», indica este profesor. Porque la rentabilidad del conjunto del sector es uno de los hándicap con los que tienen que capear.
Judicialización financiera
Los presidentes de la gran banca que han comparecido esta semana para presentar sus resultados anuales han tratado de explicar que el impacto de una posible resolución condenatoria del Tribunal de Luxemburgo por la comercialización del IRPH (Índice de Referencia de Precios Hipotecarios) entre sus clientes. Todos apuntan que el coste sería mínimo y no cuentan con que ningún tribunal anule un indicador que ha sido aprobado en el pasado por los supervisores.
La cuestión del IRPH es otra de las que les queda pendiente al sector en materia de comercialización de sus productos hipotecarios. Con la llegada de la crisis, y ante la imposibilidad de abonar las cuotas, los clientes comenzaron a percatarse de que las condiciones en las que les habían vendido esos productos no eran las correctas, porque se les había ocultado información o, en el mejor de los casos, no se les había informado sobre todos los riesgos asociados a esa operación.
El profesor Juan Ignacio Sanz, de ESADE, apunta que en estos diez años «ha cambiado radicalmente la relación del cliente con su entidad». Los ciudadanos «han aprendido mucho», explica este experto, quien recuerda que antes «había un gran desconocimiento de todas las cuestiones financieras» de los contratos.
El tsunami de demandas al que ha tenido que hacer frente la banca ya le ha supuesto un desembolso superior a los 2.000 millones de euros, fundamentalmente procedentes de la devolución de las cláusulas suelo. Aún sigue abierto el mecanismo extrajudicial puesto en marcha hace dos años por el Gobierno para que los posibles afectados por la limitación de los tipos de interés hipotecarios reclamaran a sus entidades sin necesidad de pasar por los juzgados. De este proceso se han resuelto 400.000 devoluciones, pero casi la mitad de las quejas han sido rechazadas por diferentes motivos.
Cuando los bancos aún no habían acabado de quitarse de encima el estigma de los suelos, el Tribunal Supremo abrió una nueva compuerta que pudo supone un coste millonario a las entidades por tener que reintegrar el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD). Finalmente, el alto tribunal evitó la retroactividad de esta medida, pero el Gobierno aprobó un decreto ley en el que obligaba a la banca a abonar ese tributo desde mediados de noviembre; hasta entonces, era el cliente el que lo pagaba.
La cuestión de las hipotecas referenciadas a otras divisas también ha afectado a varias entidades financieras que comercializaron créditos para vivienda vinculados a monedas ajenas al euro -habitualmente al franco suizo o al yen japonés- para abaratar sus costes, aunque la cotización de esas monedas ha disparado esa factura mensual.
Ante todas estas cuestiones a las que ha tenido que hacer frente la banca, los legisladores han negociado en los últimos meses la nueva ley hipotecaria, que se encuentra en su fase final en el Senado. Supone aclarar más los términos de estos contratos, en los que el peso de los gastos irá, sobre todo, a las entidades financieras.
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