Álvaro Sánchez/Tommaso Koch
Portales como YouTube deberán controlar el contenido que alojan y dar una remuneración justa a los creadores.
Las páginas de Facebook, Google, Youtube, LinkedIn y Wikipedia.
La carrera de obstáculos en que se ha convertido la aprobación de la directiva de derechos de autor supera una nueva valla. Las negociaciones a tres bandas entre Comisión Europea, Parlamento y Estados miembros terminaron este miércoles, al filo de las 20.20 de la tarde, después de tres días de discusiones —y meses de debates previos—, con un acuerdo que permite seguir adelante con la tramitación de la polémica ley. El texto recoge el derecho de los dueños de los contenidos a recibir una remuneración justa por el uso de sus obras en la Red, y obliga a plataformas como YouTube a conseguir licencias de los creadores o, en su ausencia, a usar medidas para controlar previamente el material que los usuarios comparten. La normativa enfrenta a creadores, editores de prensa y empresas culturales con catedráticos, activistas y gigantes como Google y Facebook. Todavía no se ha dicho la última palabra. El documento deberá ser votado en el Parlamento Europeo y refrendado por los Veintiocho.
Los dos bandos, aparentemente irreconciliables, chocan en un debate tan ideológico como económico que ha movilizado a los lobbies y más de dos años después de su inicio ha derivado en emocional y bronco: no han faltado amenazas de muerte, augurios apocalípticos sobre el fin de la libertad en Internet y toneladas de spam en los correos electrónicos de los eurodiputados. Varios de ellos reconocen que es el asunto más polémico y duro que el Parlamento haya tratado en años. Los furiosos encontronazos discurren sobre todo en torno a dos artículos, el 11 y el 13. El argumento central de los partidarios de modificar la anquilosada directiva europea, concebida en 2001, cuando los móviles no eran inteligentes y nadie los consultaba cada 10 minutos, es que las tecnológicas ganan una ingente cantidad de dinero en publicidad dando acceso a obras creativas de terceros, y esos ingresos no se comparten con sus autores como deben. Enfrente, sus críticos alertan de la muerte de Internet tal y como se conoce hasta ahora y la legalización de la censura preventiva.
Los autodenominados defensores de los creadores son favorables a que agregadores de noticias como Google News paguen a periódicos y revistas si reproducen fragmentos de publicaciones de sus medios: para ello, el artículo 11 otorga a los editores de prensa un derecho a conceder licencias a estas plataformas por usar sus obras. Las compañías informativas ven en la norma una fuente de ingresos adicional en medio de la crisis del sector. "Es un paso enorme para los creativos europeos y para proteger la calidad del periodismo independiente", ha celebrado el eurodiputado popular Axel Voss, ponente de la iniciativa.
Google responde que la imposición puede acabar siendo contraproducente para los medios: según un estudio publicado por la multinacional americana la semana pasada, el tráfico de las webs de noticias caería un 45% de salir adelante la norma. Google News amenaza incluso con dejar Europa, como ya hizo con España tras la aprobación de una norma parecida. El texto, eso sí, solo afecta a agregadores de noticias y fragmentos de artículos: el enlace está a salvo, así como los usuarios que quieran compartir contenidos. La Comisión Europea ha destacado que los periodistas se beneficiarán de los beneficios generados por sus publicaciones. En el otro bando, en cambio, se señala que acabará beneficiando únicamente a los editores y no a los periodistas.
Pero sobre todo las miradas se han centrado en el artículo 13. Dicho apartado recoge que los portales que almacenan, optimizan y difunden contenidos de usuarios con fines comerciales (como YouTube) se responsabilicen de lo que los internautas suban. Por ahora se les consideraba puertos seguros: es decir, solo están obligadas a un control a posteriori, cuando se les advierte de una violación del copyright. La directiva pretende forzar estos portales a negociar con los creadores y, si finalmente no hay acuerdo, por lo menos a realizar el "máximo esfuerzo" y tomar medidas antipiratería. Los críticos sin embargo creen que eso se traduce en filtros previos que multiplicarían la censura y el poder de estas plataformas, castigando a los internautas, además de suponer un coste que solo los colosos como YouTube pueden asumir. Aunque la propia norma impone "mecanismos de reclamación y reparación" eficaces para las eventuales quejas de los usuarios y que una "revisión humana" se encargue de resolver las controversias.
En un principio, Francia y Alemania discrepaban acerca de su alcance. París quería que todas las compañías lo implementaran, independientemente de su tamaño. Berlín era más flexible y pedía exenciones para las pequeñas empresas. Finalmente quedarán excluidos aquellos portales con menos de tres años de actividad, ingresos inferiores a 10 millones y que no alcancen los cinco millones de usuarios. La norma contempla también excepciones explícitas para la enseñanza online, la investigación, enciclopedias, entidades dedicadas a la preservación del patrimonio cultural y usos como la sátira (lo que protegería GiFs o memes).
Para YouTube, si no se suaviza el artículo, se pondrá en riesgo su actual modelo. La empresa recuerda que solo en el último año ha pagado a los titulares de derechos 800 millones de euros en Europa. "Las compañías que actúan adecuadamente, ayudando a los propietarios de derechos a identificar y controlar el uso que se hace de su contenido, no deberían ser responsables de aquello que suben los usuarios, como tampoco lo es una compañía telefónica del contenido de las conversaciones que se tienen por teléfono", defendió Marco Pancini responsable de Asuntos Públicos de YouTube en Europa, Oriente Medio y África, en una tribuna publicada en este diario a comienzos de mes.
El proceso avanza a contrarreloj, y si sufre algún tropiezo en el camino, corre el riesgo de descarrilar ante la cercanía de las elecciones europeas del 26 de mayo. En los últimos meses se han ido quemando etapas. El pasado septiembre, el Europarlamento aprobó seguir adelante con la reforma -algo que los mismos diputados habían rechazado pocos meses antes- y empezar la negociación con Consejo y Comisión. A mediados de enero, las diferencias entre Francia y Alemania paralizaron temporalmente su tramitación. La semana pasada ambas potencias desbloquearon el pacto. Y este viernes 20 países — todos menos Italia, Polonia, Holanda, Suecia, Finlandia, Luxemburgo, Malta y Eslovaquia, que seguían reticentes— le dieron luz verde. España se alineó con la propuesta franco-alemana, y ha empujado para que en las negociaciones con la Eurocámara se mejoren las condiciones de los titulares de derechos de autor.
Las esperanzas de sus opositores se centran ahora en conseguir una mayoría parlamentaria capaz de modificar los artículos más polémicos o, de no ser posible, de paralizar la norma en el pleno que se celebrará en marzo o abril. Para lograrlo deben convencer a un amplio número de diputados de que el nuevo documento empeora ostensiblemente el anterior, dado que la reforma fue apoyada en la última votación por 438 diputados, con solo 226 en contra y 39 abstenciones. Y deben hacerlo a toda prisa. Al menos en eso, todos los bandos comparten el mismo problema: ya no queda tiempo para nadie.
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