Ángeles Espinosa
El Reino, seguido por Emiratos Árabes, Kuwait y Bahréin, pide a sus ciudadanos que abandonen Líbano.
Saudíes en una feria de diseño, en la ciudad de Jedda AMER HILABI AFP
La escala de la campaña anticorrupción lanzada por Arabia Saudí el pasado fin de semana se ha revelado este jueves más amplia de lo inicialmente apreciado. Por un lado, la fiscalía ha anunciado que son dos centenares los detenidos y estimado el expolio en 86.000 millones de euros. Por otro, la investigación se ha extendido al vecino Emiratos Árabes Unidos, donde el Banco Central ha pedido a las entidades financieras información sobre las cuentas de varios saudíes afectados por la purga.
“De las 208 personas detenidas [desde el sábado], 7 han quedado en libertad sin cargos”, ha informado el fiscal general y miembro del Comité Supremo Anti-Corrupción, el jeque Saud al Mojeb, en un comunicado difundido por la agencia estatal, SPA. “De acuerdo con las primeras investigaciones, estimamos que el valor de los fondos públicos malversados puede alcanzar los 375.000 millones de riales [86.000 millones de euros]”, añade. Pero esa cifra tal vez sólo sea la punta del iceberg, ya que la agencia Reuters menciona hasta 688.000 millones de euros defraudados.
Al Mojeb habla de “corrupción sistemática y malversación” a lo largo de varias décadas. También asegura que el nuevo Comité Anti-Corrupción, que preside el príncipe heredero, Mohamed Bin Salmán, está trabajando “con rapidez”. Aunque la formación de dicho comité fue anunciada el pasado sábado, apenas unas horas antes de que se lanzara la operación en la que se detuvo a 11 príncipes, 4 ministros y decenas de altos cargos, el fiscal menciona una investigación preliminar durante los últimos tres años.
“La escala de prácticas corruptas que se han descubierto es muy amplia”, afirma. “Las pruebas son muy sólidas y confirman las sospechas originales que llevaron a las autoridades de Arabia Saudí a iniciar la investigación”.
Nadie que conozca el Reino del Desierto se sorprenderá de las revelaciones. El país ocupa el puesto 62 en el índice de corrupción de Transparency International. Sin embargo, la mayoría de los observadores han visto la selectiva campaña lanzada por el príncipe Mohamed como una purga palaciega para consolidar su poder y eliminar voces críticas antes de su ascenso al trono. Ello es debido, tal como ha escrito el periodista saudí autoexiliado Jamal Khashoggi, a que se ha producido en medio de un clima “de completa intolerancia a la menor crítica” a sus reformas. Hasta 70 personas, entre intelectuales, periodistas y clérigos, han sido detenidos desde septiembre sin que se hayan explicado las causas.
El fiscal general ha confirmado que ha pedido al Banco Central que suspenda las cuentas de “personas de interés” para la investigación. De acuerdo con fuentes bancarias, más de 1.700 se han visto afectadas. También el regulador de Emiratos Árabes ha solicitado a los bancos de su país información sobre las cuentas de 19 ciudadanos saudíes, un posible primer paso para congelar sus haberes.
Estas medidas han creado inquietud en la comunidad financiera y de negocios tanto dentro como fuera de Arabia Saudí. Por ello, Al Mojeb ha repetido el mensaje ya lanzado por otros altos funcionarios de que la purga no ha afectado a la actividad comercial normal y que sólo se han congelado cuentas personales, no corporativas. “Las compañías y los bancos continúan sus operaciones como de costumbre”, subraya.
A la vez, el rey Salmán ha procedido al nombramiento de 30 nuevos jueces y la promoción de otros 26 en diferentes niveles de la judicatura, informa la agencia SPA. No está claro si esta decisión está vinculada con la operación en curso. Entre los detenidos el pasado septiembre, había siete magistrados de un tribunal especializado en terrorismo y el presidente del juzgado de lo penal de Al Khobar.
Por otra parte, Arabia Saudí ha pedido este jueves a sus nacionales que no viajen a Líbano y ha instado a aquellos que se encuentren en ese país a abandonarlo “tan pronto como puedan”, sin especificar una amenaza concreta. La medida, que poco después también han anunciado EAU, Kuwait y Bahréin, parece otro paso más en la decisión saudí de plantar cara a Teherán en la región. El pasado sábado, su protegido y hasta entonces primer ministro libanés, Saad Hariri, anuncio su dimisión desde Riad, aduciendo amenazas a su vida de las que indirectamente acusó a Irán y a Hezbolá.
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