EL PAÍS INTERNACIONAL
Pablo Guimón
A pocos días de que la primera ministra inicie la salida de la UE, quienes defienden la revocabilidad del proceso ganan terreno en el debate público.
La primera ministra británica, Theresa May, en conferencia de prensa des Bruselas, el pasado 9 de marzo. DYLAN MARTINEZ REUTERS
Resulta extraordinario que le despidan a uno por rebelde a los 83 años. Pero eso es exactamente lo que le ha pasado esta semana a lord Heseltine, peso pesado del Partido Conservador británico, con una experiencia de Gobierno que se remonta al de Edward Heath en 1970. Cenaba con su esposa cuando recibió una llamada para comunicarle que la primera ministra prescindía de sus servicios como consejero. El motivo: haber apoyado la enmienda al proyecto de ley del Brexit que pedía un papel decisivo para el Parlamento en el proceso de salida de la UE.
“Esto me libera de la obligación de guardar silencio”, explicaba Heseltine a EL PAÍS, dos días después de su despido. “Hace una semana no habría aceptado hablar de esto con usted. Ahora puedo decir lo que pienso”.
Lo que piensa lord Heseltine es que “el Parlamento es soberano”. “No sabemos cómo va a cambiar la opinión pública de aquí a que terminen las negociaciones de salida”, señala. “Si la opinión pública cambia, el Parlamento está ahí para interpretarla. El referéndum sucedió en 2016, después de años de estancamiento económico y de adoctrinamiento sobre la inmigración. Si varían las circunstancias, puede cambiar la opinión pública. En ese caso, el Parlamento tiene la responsabilidad de tomar en consideración ese cambio y, si procede, reflejarlo”.
Lord Heseltine, despedido como consejero de May. DANIEL LEAL-OLIVAS AFP
Muchos entre el 48% de los votantes que apoyó la permanencia en la UE piensan, como Heseltine, que el Brexit no es necesariamente irrevocable. O, al menos, que no es un cheque en blanco al Gobierno. Pero quien osara siquiera plantearlo era acusado de traicionar la voluntad del pueblo. Hasta ahora. A pocos días de que Theresa May inicie oficialmente la ruptura, se ha roto el tabú y quienes cuestionan la doctrina oficial reclaman su espacio en el debate.
Tony Blair ha lanzado una misión contra el Brexit en defensa de quienes reivindican “el derecho a cambiar de opinión”. John Major, en un discurso extremadamente crítico con el Gobierno, rompió una lanza en favor de “aquellos que muestran preocupación por el Brexit”. “No desautorizan la opinión del pueblo”, dijo, “porque ellos son el pueblo”. Ambos, Major y Blair, pertenecen al pasado. Pero procede destacar lo insólito de que dos ex primeros ministros, de distinto signo, coincidan en una crítica tan dura al Gobierno.
Tras la llamada al cierre de filas encarnada en el “Brexit significa Brexit” de May, se ha abierto un espacio político para el disentimiento. El centrista Partido Liberal Demócrata pagó cara su participación en el Gobierno de coalición con los tories y pasó de 57 diputados a ocho. Pero con su frontal oposición al Brexit está creciendo en las encuestas hasta sus mejores índices en cinco años; ha cosechado excelentes resultados en las elecciones parciales de los últimos meses; ha ganado 4.000 nuevos afiliados desde enero y, en Londres, su militancia se ha duplicado.
La ruptura del tabú trasciende el ámbito de la política. El pasado jueves, la BBC emitió un incendiario mensaje del respetado científico Richard Dawkins. “No tenemos derecho a condenar a futuras generaciones a acatar irrevocablemente los transitorios caprichos del presente”, explicaba. “El Brexit tiene enormes ramificaciones, consecuencias complejas. Cameron esquivó al Parlamento y derivó esta decisión a una mayoría simple de votantes poco informados. Se nos dice que el pueblo británico ha hablado. ¡No lo ha hecho! La fugaz opinión en un solo día de una estrecha mayoría de un público ignorante y engañado se publicita ahora como la sagrada e irrevocable palabra del pueblo británico”.
Científicos contra el Brexit. Británicos por Europa. Grupos de residentes de otros países miembros. Los diferentes colectivos surgidos durante la campaña tejen alianzas que cristalizarán en una manifestación contra el Brexit convocada para el próximo día 25.
La resistencia a considerar que el Brexit es un asunto cerrado se apoya en diversos argumentos. Hay quienes cuestionan la legitimidad del referéndum y hay quienes consideran que aprobar el inicio de un proceso no significa aceptar a ciegas sus resultados, cualesquiera que sean.
El Tribunal Supremo falló en enero a favor de la activista Gina Miller en su pleito contra el Gobierno, y obligó a este a someter la activación del Brexit a la aprobación parlamentaria. El fallo de la más alta instancia del país se construye sobre un principio sagrado. “Mi sentencia dice que solo el Parlamento puede dar y quitar derechos”, explicaba esta semana Gina Miller a EL PAÍS. “El artículo 50 es un disparo, pero hasta que no dé en la diana no conoceremos los daños. No se sabrá qué derechos y libertades se ven afectados hasta que terminen las negociaciones. Por eso, en virtud de la sentencia, el Parlamento debe tener un voto real al final del proceso. Si se le niega, volveré a los tribunales”.
Los dos últimos primeros ministros conservadores, Major y Cameron, pueden dar fe de cómo una pequeña minoría de diputados euroescépticos lograron hacerles la vida imposible. ¿Quién dice que ahora no pueden invertirse los roles? El propio Jean Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, sorprendió a todos el pasado viernes al decir que confía en que “los británicos retornarán al barco”.
Hoy en este país parece que nadie apoyó la guerra de Irak. Pero un veterano diputado laborista recuerda que, al principio, los sondeos indicaban que la mayoría de los británicos estaba a favor. “Si este proceso resulta un desastre como aquella guerra”, concluye, “puede que dentro de unos años nadie recuerde haber votado por el Brexit”.
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