Carlos Carnicero Urabayen
El divorcio de España sería un auténtico salto al vacío que aparejaría de forma automática la salida de la UE y de la zona euro.
Si los independentistas están dispuestos a saltar, no tendrán agua en la Unión Europea para amortiguar su caída. En el caso de que Cataluña declare su independencia de España el 2 de octubre, los promotores no tendrán apoyo institucional, legal o político en Bruselas ni otras capitales europeas; sería un auténtico salto al vacío que aparejaría de forma automática la salida de la UE y de la zona euro. Ante lo ocurrido en las últimas horas, Bruselas manda un rotundo aviso a través del presidente del Parlamento Europeo: "Cualquier acción contra la Constitución de un país va contra la UE".
La realidad en Bruselas sitúa en el terreno de la fantasía la pretensión de los independentistas catalanes de declarar la independencia y permanecer en la Unión Europea, incluso de lograr una adhesión futura de forma rápida y sencilla. "El proyecto independentista no puede construirse sobra la nada europea", ha resumido el europarlamentario socialista Ramón Jáuregui en un encuentro con periodistas.
El presidente del Parlamento Europeo, el conservador Antonio Tajani ha reiterado por carta a la europarlamentaria Beatriz Becerra cuál es la posición oficial europea repetida sistemáticamente por los presidentes de la Comisión Europea – al margen de su color político - desde Romano Prodi en 2004:
"Si una parte del territorio de un Estado miembro dejase de formar parte de ese Estado por convertirse en un nuevo Estado independiente, los tratados [el ordenamiento jurídico que rige la UE] ya no se aplicarían en ese territorio. En otras palabras, un nuevo Estado independiente se convertiría, por su propia independencia, en un tercer Estado en relación a la Unión Europea". Tajani añade: "Cualquier acción contra la Constitución de un país va contra la UE".
En el mes de julio, el actual presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, repitió el mismo mensaje. Y añadió que cualquier Estado que aspire a entrar en la Unión Europea debe cumplir con el procedimiento normal de adhesión, algo que implica años de negociaciones y que está supeditado a la voluntad unánime de todos los Estados miembros. En otras palabras: no hay atajos ni para permanecer ni para volver a entrar.
Más allá de la realidad jurídica europea, conviene tener presente que la propia concepción de la UE – nacida para integrar y no disgregar; eliminar fronteras frente a construir nuevas – explica en gran medida el poco apetito europeo por ver nacer nuevos Estados y eventualmente incorporarlos.
Las tensiones territoriales que vive España no son una rareza en la Unión Europea. Las pulsiones nacionalistas de Córcega en Francia, Flandes en Bélgica, Véneto o Tirol del sur en Italia, Baviera en Alemania y Escocia en Reino Unido siguen con mayor o menor intensidad vigentes. Pero en ninguno de estos casos se ha producido una rebelión contra el Estado de derecho como ha ocurrido en Cataluña en las últimas horas. Por las formas y por el fondo, es fácilmente comprensible por qué los líderes de estos países no tendrían interés en reconocer una Cataluña independiente ni en admitirla después con los brazos abiertos en la Unión Europea: estarían alimentando posibles golpes en sus propios sistemas democráticos.
Si bien Reino Unido acordó con Escocia la celebración de un referéndum pactado y legal sobre su independencia en 2014 – recordemos que Reino Unido, a diferencia de España, no tiene una Constitución escrita -, las sentencias de los tribunales constitucionales italiano (2015) y alemán (2017), cuyos ordenamientos jurídicos son similares al español, han negado el derecho a realizar un referéndum de autodeterminación en el Véneto y Baviera, respectivamente. En suma, ni los líderes europeos tienen incentivos para abrazar una Cataluña independiente ni reconocen su derecho para un referéndum de autodeterminación.
DELEGACIÓN CATALANA
La Generalitat lleva tiempo esforzándose mediante sus servicios diplomáticos en cambiar este escenario adverso en Europa y preparar el terreno, llegado el caso, para el aterrizaje de una Cataluña independiente. La delegación de la Generalitat ante la UE, al frente de la cual está Amadeu Altafaj, está estratégicamente situada en la Rotonda de Schuman, a pocos metros de la Comisión y el Consejo Europeo. El coste del alquiler del local, que tiene 2.391 metros cuadrados, roza el millón de euros anuales. Tanto la cuenta oficial de Twitter de la delegación como la del propio Altafaj se han dedicado en las últimas horas a difundir información sobre la aprobación de la Ley del Referéndum, pero no consta en sus perfiles apoyo internacional alguno al Procés.
Los esfuerzos por lograr apoyos para la independencia no han cosechado éxitos conocidos. En enero pasado el president Carles Puigdemont, acompañado de su número dos, Oriol Junqueras y Raul Romeva, el responsable de Relaciones Exteriores, acudieron a Bruselas en un intento de buscar apoyos para su independencia. No fueron recibidos por ninguna autoridad de las instituciones europeas – aunque aseguraron que no lo pretendían - y se limitaron a realizar una conferencia – convenientemente anunciada por anuncios pagados por la Generalitat en Financial Times y otros diarios europeos – en una de las salas del Parlamento Europeo, organizada por eurodiputados catalanes independentistas. Como resultado: público sobre todo catalán, poco eco en la prensa internacional y nulo impacto diplomático.
DE ESPALDAS A EUROPA
La hipotética independencia de Cataluña implicaría la salida de la Unión Monetaria Europea. Ese nuevo Estado podría optar por seguir utilizando el euro, pero con nula influencia sobre su tipo de cambio ni sus tipos de interés. Sería una moneda extranjera sobre la que no tendría influencia, lo que podría encarecer sus exportaciones y reducir su competitividad. De igual modo, la independencia también produciría la desconexión de Cataluña del Banco Central Europeo (BCE), algo que eliminaría el acceso al crédito de las entidades financieras catalanas. Igualmente, se suspendería la recepción de fondos europeos o el acceso a los fondos del Banco Europeo de Inversiones.
Otro de los precipicios por los que saltaría un nuevo Estado catalán sería el del comercio internacional. En la actualidad, Cataluña, en cuanto que parte de un Estado miembro de la UE como es España, disfruta del mercado único, lo que le permite circular libremente por Europa a sus productos, capitales, personas y servicios. La introducción de aranceles supondría sobrecostes en sus exportaciones. Y quedaría automáticamente excluida de la red de acuerdos comerciales que la Unión Europea tiene formados con países por todo el mundo. Esos sobrecostes afectarían negativamente a la competitividad de esos productos frente a los españoles y del resto de la UE.
Un nuevo Estado catalán sería particularmente vulnerable ante un revés comercial de estas características dada su particular dependencia en las exportaciones. Las cifras de 2015 muestran que el 62,3% de sus exportaciones se dirigen al exterior y el 37,7% al resto de España (el peso de las exportaciones catalanas respecto al PIB de 2015 representa el 47,7%, por encima de la media de la UE (33,2%).
AGENCIA EUROPEA DEL MEDICAMENTO
El salto al vacío que preparan los independentistas coincide ahora con los esfuerzos del Gobierno español por lograr trasladar una agencia europea a Barcelona. Como consecuencia del Brexit, la Agencia Europea del Medicamento, que actualmente está en Londres, emplea a 890 trabajadores y recibe visitas anuales de unos 35.000 expertos, será trasladada a partir de abril de 2019 a uno de los 27 estados de la Unión. Barcelona compite con ciudades como Ámsterdam, Atenas, Bruselas, Milán o Dublín. En noviembre los ministros de exteriores de la UE decidirán mediante votación el destino. A pesar de que en teoría se regirán por criterios técnicos, nadie duda de que la incertidumbre generada en Cataluña dificulta sus posibilidades de éxito.
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