El Tribunal Supremo ha afirmado que Francisco Franco se convirtió en jefe del Estado de España “el 1 de octubre de 1936”, tan solo tres meses después de que estallara una guerra civil que duraría casi tres años. Así figura en un auto hecho público este martes, en el que el
alto tribunal frena la exhumación del dictador del Valle de los Caídos y que ha creado una gran controversia, no solo por la decisión de paralizar el desenterramiento, sino porque en octubre de 1936 el Gobierno de la Segunda República que encabezaba Manuel Azaña desde mayo de aquel año seguía desempeñando sus funciones ejecutivas. Si la Guerra Civil no terminó hasta el 1 de abril de 1939, ¿se puede considerar que Franco llegó a la jefatura del Estado dos años y medio antes?
“El tribunal tiene razón desde un punto de vista jurídico, ya que no ha habido una ruptura legal con el franquismo”, argumenta José Álvarez Junco, catedrático emérito de Historia del Pensamiento de la Universidad Complutense. No significa, según Junco, que “el mandato de Franco fuera legal desde un punto de vista ético”, pero “recibió incluso el reconocimiento de la comunidad internacional”, recuerda el historiador, que advierte con pesar de que, en el caso de que se exhume a Franco, “quizá tenga que hacerse con honores de jefe de Estado”.
También cree que Franco fue jefe de Estado desde el 1 de octubre de 1936 Enrique Moradiellos, que ha publicado recientemente Franco. Anatomía de un dictador (Turner). “Pero los términos en los que se expresa el Supremo son imprecisos al caer en la simplificación, y las simplificaciones pueden ser medias verdades”, apunta este historiador en una entrevista telefónica. Porque en aquel momento había otro jefe de Estado: Manuel Azaña Díaz.
Según Moradiellos, ganador del Premio Nacional de Historia en 2017 por el libro
Historia mínima de la Guerra Civil (Turner y el Colegio de México), la Junta de Defensa Nacional, dirigida por los militares que encabezaron el intento de golpe de Estado, cedió a Franco todos los poderes —legislativo, ejecutivo y judicial— y le proclamó el 30 de septiembre de 1936 “
generalísimo de los ejércitos nacionales, un cargo para llevar adelante la guerra, y autoridad política para edificar un Estado alternativo al republicano, que todavía no había caído”. “Y a eso”, continúa Moradiellos, “se le llama jefe del Gobierno del Estado”, que Franco simplificó como jefe del Estado. Los nombramientos se hicieron efectivos un día después. Pero al mismo tiempo,
Manuel Azaña era jefe del Estado de la República, según los términos de la Constitución vigente en España y reconocida internacionalmente en aquel momento. Es decir, había dos mandatarios: uno en la parte insurgente, “que ocupaba algo menos de la mitad de España”, y otro en la parte republicana.
¿Cuándo se puede afirmar que Franco es el jefe de Estado de toda España? Según Moradiellos, a partir del 27 de febrero de 1939, cuando recibió el reconocimiento de la mayor parte de los países, entre ellos, todos los europeos. “Azaña, que se encontraba en París, decide cesar en sus funciones de jefe de Estado, porque la República había perdido el reconocimiento internacional”, explica el historiador. Según la Constitución de 1931, debía asumir el cargo de forma interina el presidente del
Congreso de los Diputados, que era Diego Martínez Barrio, de la derecha republicana. “Sin embargo, para tomar posesión de su cargo, debía hacerlo en territorio nacional, pero también se encontraba en París y no acudió a España, de manera que no pudo hacerlo”, cuenta Moradiellos, que concluye que aunque la República no se rindió hasta el 1 de abril de 1939, se había quedado sin dirigente, “por lo que Franco es a todos los efectos jefe del Estado desde el 27 de febrero” de aquel año.
Sin embargo, hay un factor al que apela el historiador Paul Preston, autor de la famosa biografía del dictador Franco. Caudillo de España (1994), para invalidar su nombramiento al frente de la jefatura del país: la ilegitimidad del levantamiento. “Franco nunca fue legalmente jefe del Estado, a no ser que se crea que cualquier cosa que hiciesen los golpistas de 1936 fuera legítimo”, afirma el historiador en un correo electrónico. Por tanto, según considera, la afirmación del Tribunal Supremo “es incorrecta”.
De la misma opinión es Gutmaro Gómez Bravo, profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid y experto en el franquismo y en la Guerra Civil española. “Asumir la legitimidad jurídica del franquismo es un error histórico”, protesta el investigador, que cree que “el Tribunal Supremo está tomando partido”. “Tenía otras alternativas, como aludir en el auto a la Segunda República o mencionar que en las guerras civiles el derecho no tiene valor”, añade.
Pero acudiendo a los hechos, independientemente de que “gusten o no”
—Moradiellos no duda en llamar a Franco dictador—, no puede negarse que hubiera dos Españas, expone. Precisamente por ello, razona el historiador, hubo una “guerra civil, que es un conflicto armado con duración continuada en el tiempo entre dos facciones que antes del inicio de las hostilidades pertenecían al mismo Estado y que pugnan por imponerse la una a la otra”. Y en la contienda de España, cada bando, tenía su propio jefe de Estado, aunque uno hubiera sido elegido democráticamente y otro hubiera sido nombrado tras un pronunciamiento militar.
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