SENTENCIA Números 902: Los teléfonos con recargo son ilegales en el servicio postventa. 4º ESO-Economía

CincoDías
Bernardo de Miguel

Todos esos servicios se han de facturar a precio de llamada normal, ya sea a un teléfono fijo o móvil.

(Pablo Monge)

El Tribunal de Justicia europeo ha declarado este jueves ilegales los números de teléfono con tarifas especiales que algunas compañías utilizan para su servicio post-venta. Los jueces europeos aseguran que esos recargos son incompatibles con la directiva europea de derechos del consumidor aprobada en 2011. Y en su veredicto exigen que, a partir de ahora, todos esos servicios se facturen a precio de llamada normal, ya sea a un teléfono fijo o móvil.

La sentencia se deriva de una reclamación en Alemania, donde una empresa de aparatos eléctricos y electrónicos ofrecía a sus clientes un servicio telefónico con el prefijo 0180. El coste de una llamada a ese número es superior al de una llamada estándar a un número alemán fijo o móvil.

La directiva europea de derechos del consumidor exige que, en caso de ofrecerse un servicio telefónico post-venta, el coste sea el de una “tarifa básica”. La norma, sin embargo, no define el concepto de tarifa básica. Durante el juicio, algunos gobiernos, como el de Holanda, justificaron el sobrecoste porque interpretan que el concepto de “tarifa básica” incluye los costes adicionales de poner a disposición del cliente un servicio de consulta.

La sentencia se deriva de una reclamación en Alemania, donde una empresa de aparatos eléctricos y electrónicos ofrecía a sus clientes un servicio telefónico con el prefijo 0180.

Pero el Tribunal de Justicia europeo, que se pronuncia tras una consulta prejudicial de los jueces alemanes, ha dictaminado que la tarifa básica equivale al precio de una llamada estándar y que en ningún caso puede exceder el coste de la llamada a una línea norma.

El Abogado General del caso defendió durante el juicio esa definición porque las tarifas especiales pueden disuadir al consumidor de ejercer sus derechos. Y se le penaliza por utilizar un servicio que ya aparecía incluido en su contrato con la empresa proveedora.