Ignacio Zafra
Según un informe de la Fundación BBVA y el IVIE, España está por debajo de Portugal, Irlanda, Francia o Alemania.
(De izquierda a derecha) Álvaro Pérez Alonso 'El Bigotes', Pablo Crespo y Francisco Correa, 'cabecilla' de la trama, en la Audiencia Nacional. FERNANDO ALVARADOPOOL
Atajar la corrupción sería muy rentable. Hacerlo, mejorando a la vez otros elementos de calidad institucional, elevaría el PIB de España un 16% en el plazo de 15 años. O, lo que es lo mismo, añadiría algo más de 10.000 millones de euros al año a la riqueza nacional, según un informe de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) presentado este viernes. España se sitúa entre el 20% de países con mejor índice de gobernanza del mundo, pero dentro de este grupo, está significativamente peor de lo que le correspondería si se toma como referencia el grado de desarrollo de su economía.
Una vez obtenida esa foto fija, los autores calculan el impacto económico que tendría conseguir que, en 15 años, en España el control institucional igualara a la productividad. No se plantean qué ocurriría si la corrupción y las deficiencias en las instituciones desaparecieran del todo, porque lo consideran imposible. Pero solo con mejorar los controles al nivel adecuado al peso económico, el beneficio económico sería multimillonario.
Entre un 8% y un 30% más de riqueza
Según el estudio, el resultado de atajar la corrupción y mejorar el control institucional arrojaría en 15 años varios escenarios: podría sumar un 8% al PIB en la estimación más conservadora y un 30% en la más optimista. El “escenario central” que contemplan los profesores de la Universidad de Murcia Francisco Alcalá —que es también investigador del IVIE— y Fernando Jiménez, es el que indica que avanzaría un 16%, a razón de algo más de un punto al año, que se sumaría a la riqueza.
¿Por qué hacen proyecciones a 15 años? Las mejoras requerirían tiempo para ser implementadas. Es un plazo orientativo, apuntan. Y la riqueza llegaría de forma indirecta: “La mayor seguridad jurídica, la reducción de la corrupción, la eliminación de trabas administrativas, una mejor regulación y una mayor competencia incentivarían la inversión nacional y extranjera, harían más fáciles y rentables el emprendimiento y la innovación, y mejorarían la asignación de recursos privados y públicos hacia las actividades más productivas”, afirma Alcalá, que es catedrático de Fundamentos del Análisis Económico.
Para la evaluación, el estudio usa cinco indicadores de calidad regulatoria. En el que más cojea España es en el de control de la corrupción, entendida como “el grado en el que el poder público es ejercido para beneficio privado, así como la captura del Estado por las élites y los intereses privados”. O dicho de otro modo: “En la confianza que generan los políticos, los funcionarios, el sistema judicial y el sistema de recaudación de impuestos, así como las sospechas sobre la existencia de pagos irregulares en la adjudicación de contratos públicos”.
Evolución preocupante
El país obtiene mejor resultado en otros indicadores, como los de grado de participación política de los ciudadanos; el de calidad de los servicios públicos; o el que examina el cumplimiento de las leyes y los contratos, que engloba criminalidad y violencia.
El informe contiene un dato preocupante. España ha perdido un punto en el indicador global de calidad institucional (medido sobre 10 puntos): baja de 7,8 a 6,8 entre 2003 y 2017. Un periodo en el que sus instituciones se han visto sacudidas por numerosos casos de corrupción, lo cual, afirma, Alcalá, “ha afectado a la percepción que se tiene del país”. El investigador pide, sin embargo, observar la evolución con prudencia: “Cuando un caso de corrupción llega a los periódicos, a las televisiones o a los juzgados, normalmente ha pasado bastante tiempo, puede que hasta 10 años, desde que ocurrieron los hechos. Existe un desfase cronológico”.
En el estudio se citan los trabajos de otros investigadores, que consideran, por ejemplo, que España también ha sufrido un deterioro de la calidad democrática debido a la “colonización de las instituciones” por parte de los partidos, que empezó antes de 2003. Y Alcalá considera que, sin duda, en el descenso de la puntuación de España ha influido la crisis. “Mientras la economía marchaba bien, los fallos institucionales no eran considerados tan preocupantes como en la época de vacas flacas y de recortes”.
PEOR QUE PORTUGAL Y MEJOR QUE ITALIA
La clasificación de calidad institucional está encabezada por Noruega. Le siguen Nueva Zelanda, Finlandia y Suiza. España se sitúa en el puesto 31, a una considerable distancia de Alemania (10), Reino Unido (13), Francia (21) o Portugal (22).
Pero por encima de otros países mediterráneos, como Italia (39) y Grecia (48). Los Worldwide Governance Indicators del Banco Mundial se elaboran a partir de los indicadores específicos de 31 entidades de naturaleza diversa, que incluyen a Freedom House, Gallup, Transparencia Internacional, Heritage Foundation, Economist Intelligence Unit, Foro Económico Mundial, Political Risk Services, Institute for Management & Development y Reporteros sin Fronteras. A estos se les agregan otros indicadores creados a partir de encuestas con expertos, directivos de empresas y responsables de instituciones públicas.
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