Editorial
A la determinación mostrada por el Senado y el Gobierno para hacer frente al desafío separatista, se sumó ayer la firme iniciativa de la Justicia. Con las dos querellas presentadas por el fiscal general, José Manuel Maza, el Estado de derecho completa la acción coordinada de sus tres poderes con el objetivo no sólo de detener la insurrección puesta en marcha hace años por los máximos responsables institucionales de Cataluña. También para evitar que queden impunes las irresponsables decisiones con las que han puesto en riesgo la estabilidad política, social y económica del país.
De esta forma, además de haber sido destituidos de sus puestos, el Govern al completo, con Puigdemont y Junqueras a la cabeza, y Carme Forcadell, junto a los miembros de la Mesa que posibilitaron la votación ilegal del pasado viernes en el Parlament, se enfrentan a las duras condenas que llevan aparejadas los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos. Delitos que, según la Fiscalía, habrían podido cometer de forma contumaz y reiterada al menos desde el mes de septiembre de 2015 y que, en el caso más extremo, podrían conllevar penas de hasta 30 años de cárcel si quedase demostrada la acusación más grave, la de rebelión contra el orden constitucional. Para reforzar esta acusación, la Fiscalía defiende que los constantes llamamientos a que los ciudadanos defendiesen en la calle sus resoluciones ilegales supone un acto de violencia en sí mismo, así como la "actitud proactiva de la policía autonómica ante el referéndum".
En total, las dos querellas afectan a 20 personas para las que la Fiscalía pide una fianza de 6,2 millones de euros para cubrir las responsabilidades civiles a las que podrían ser condenados. El ministerio público entiende que todos ellos podrían haber dispuesto de "ingentes caudales públicos" con los que sufragar los gastos tanto del referéndum ilegal del 1-O como de la campaña de propaganda llevada a cabo con la finalidad de recabar apoyos internacionales, tanto de medios de prensa extranjeros como de algunas personalidades.
Ayer por la tarde, el Tribunal Supremo, donde se juzgará a los miembros de la Mesa del Parlament por estar aforados, admitió a trámite la querella de la Fiscalía y nombró instructor de la causa a Pablo Llanera, que de forma urgente, tal y como le ha instado el fiscal general, llamará a declarar a los querellados para determinar las medidas cautelares que se les imponen. La Audiencia Nacional, donde se instruirá la causa contra los ex miembros del Govern, hará lo propio en los próximos días, dada la gravedad de las acusaciones. En ambos casos, si los querellados no atendieran al requerimiento de la Justicia, la Fiscalía ha pedido su detención inmediata y su traslado a dependencias judiciales. Por esta razón, en un ejemplo más del delirio esperpéntico en el que se ha instalado Puigdemont, y de su ánimo retador, el ex presidente de la Generalitat y cinco de sus ex consellersviajaron a Bruselas y desencadenaron especulaciones sobre una posible petición de asilo, además de escenificar un hipotético gobierno en el exilio. Una actitud que contrasta con el acatamiento de las consecuencias de la aplicación del artículo 155 de la mayor parte de los cargos afectados, entre ellos la propia Forcadell, y que parece ignorar que ni Bélgica ni ningún otro país de la UE va a seguir el ridículo juego de Puigdemont, por más que haya contratado los servicios de un abogado que impidió la extradición de algunos etarras. Esto sólo cabe en la cabeza de quien se niega a asumir su derrota y se resiste a pagar las consecuencias políticas y penales de sus acciones.
Las actuaciones del Senado, del Gobierno y de la Fiscalía han conducido a los independentistas a un callejón sin salida y a tener que asumir la imposibilidad de llevar a cabo sus propósitos. Pero no es suficiente: los ciudadanos merecen la certeza de que delitos tan graves no quedan impunes.
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