La restauración de la legalidad vía el 155 oxigena una sociedad agotada.
Tras unas semanas de tensiones desbordadas que culminaron en la declaración de independencia aprobada el viernes por el Parlament y la posterior aprobación en el Senado del plan del Gobierno para restaurar la legalidad constitucional, Cataluña vivió ayer una jornada de significativa tranquilidad.
Por un lado, comenzaron a aplicarse las medidas tomadas por el Gobierno al amparo del artículo 155 de la Constitución. Cabe destacar la normalidad con la que los responsables de la seguridad y el orden público aceptaron sus ceses y solicitaron a sus sucesores que así lo transmitieran a lo largo de toda la cadena de mando. La fluidez y el tono que ha presidido la sustitución del mayor Trapero por su número dos despejan una gran incertidumbre. La desaparición de cualquier duda sobre el papel de los Mossos d’Esquadra en las semanas venideras era absolutamente esencial de cara a asegurar que la restauración del orden constitucional y la celebración de elecciones pudieran celebrarse con plenas garantías de seguridad, derechos y libertades.
No cabe decir lo mismo por el momento de TV3, otra institución crucial para la recuperación de la normalidad, que se prestó sin más explicaciones a difundir un mensaje del cesado presidente de la Generalitat en el que éste fingía desconocer su cese y, parapetado tras los símbolos institucionales habituales, aparentaba de forma fraudulenta seguir todavía al frente del Govern. Un hecho que nos hace recordar que los medios de comunicación públicos catalanes, muy cuestionados por su trayectoria al servicio del procés, no pueden dejar duda alguna sobre su vocación de ofrecer una información rigurosa y de calidad a toda la sociedad catalana.
En todo caso, es fundamental que se aclaren las ambigüedades que dejó traslucir Carles Puigdemont, ya expresidente de la Generalitat, en dicho mensaje. Ni al propio Puigdemont ni a nadie le puede caber duda de que el president ha sido cesado en su cargo, junto con todo el Govern, y sus funciones asumidas por el Gobierno de la nación en virtud del artículo 155 de la Constitución. La claridad en este punto no solo debe ser absoluta de cara a poner fin a la lamentable percepción habida hasta ahora respecto a la existencia de legitimidades y legalidades contrapuestas sino determinante a la hora de dirimir el futuro legal del propio Puigdemont.
Pero lo más importante de la jornada es que las calles y la vida ciudadana estuvieron presididas por la más absoluta normalidad. No es poco en una sociedad deliberadamente polarizada durante años por el independentismo. El trauma de esa división dio paso ayer a un horizonte de convivencia en paz y sin desgarros. El artículo 155, pese a la retórica independentista, no es una agresión a la sociedad catalana, sino un alivio frente a un procés tóxico en lo político, económico y cívico que ha generado hastío, cuando no miedo.
El nulo impacto dentro y fuera de Cataluña de la declaración de independencia del viernes prueba que el secesionismo ha forzado tanto los procedimientos, retorcido los hechos y estresado tanto a la ciudadanía con sus ilegalidades, cambios de rumbo y divisiones internas, que ha llegado a su momento culmen completamente desacreditado. Con su esperpéntico y tramposo proceder y con el empuje decisivo de la sociedad y el Estado, el procés se ha derrotado a sí mismo a la vista de todos. Lo que queda ahora por delante es lograr que ese fracaso se encauce hacia la recuperación de la normalidad política, económica y cívica. Eso obliga a todo el mundo a colaborar al máximo para lograr un clima de tranquilidad, respeto y convivencia con vistas a las elecciones del próximo 21 de diciembre.
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