EL PAÍS DUI
José Ignacio Torreblanca
El programa de Puigdemont ha sido utilizar la autonomía para acabar con la autonomía.
En la imagen Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y Jordi Turull. MASSIMILIANO MINOCRI
Tal nivel de perversión ha introducido el procés en nuestra vida democrática que los analistas especulan con toda naturalidad sobre lo que pasaría si Puigdemont convocara elecciones legales. Sí, legales. Lo que implica que nos creemos la posibilidad de que convoque elecciones ilegales, esto es, plebiscitarias, referendarias, de desconexión, de transitoriedad o de algún nuevo tipo que alumbre el arsenal surrealista del procés.
En los países normales no es preciso añadir legales a elecciones: se da por hecho. En España, hasta hace unos años, tampoco lo era. Pero ahora, como hablamos de alguien que ya convocó un referéndum ilegal y que se ha instalado en la ilegalidad y la desobediencia estructural a la Constitución, la aclaración es obligada.
No sabemos qué dirán los historiadores del procés. Pero para los politólogos solo se puede definir como “la utilización fraudulenta de las instituciones del autogobierno para lograr la independencia”. El programa político de Puigdemont, Junqueras, Forcadell y compañía ha sido y es utilizar la autonomía para acabar con la autonomía. Así de simple. Por eso está justificada la aplicación del 155. Al fin y al cabo, ¿qué otra cosa puede significar restaurar la legalidad constitucional que no sea impedir que nadie se sirva de la Constitución para acabar con ella?
No se trata, entiéndase bien, de acabar con el independentismo. Como idea, como proyecto político, como aspiración, sentimiento o lo que se quiera, el independentismo es legal y legítimo, y los partidos que defienden la independencia, también. Lo que no lo es es utilizar el Govern, el Parlament, los Mossos, los medios públicos, los funcionarios y los impuestos de los catalanes para, ilegalmente, acabar con el autogobierno.
En una democracia, todas las elecciones son, por definición, legales. Sirven para elegir un Gobierno que gestione el autogobierno —con sus carreteras, escuelas y hospitales—, no una manera de ganar tiempo, salvar los muebles y seguir alimentando el procés.
Desde el inicio, el procés ha sido un gigantesco fraude de ley. Además de acabar con el Estado de derecho en Cataluña, ha roto la convivencia, dividido a la sociedad, acabado con el catalanismo, puesto en fuga a las empresas y cosechado el rechazo de toda Europa. ¿Alguna razón para dejarlo continuar?
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