El trilema de Porrera

EL PAÍS OPINIÓN

Mariola Urrea Corres

El punto de partida para el necesario pacto sobre el nivel de autonomía será a la baja tras el 155.

Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y Jordi Turull llegan a la reunión de Gobierno de la Generalitat.MASSIMILIANO MINOCRI EL PAÍS

En agosto tuve la oportunidad de conocer el Priorato junto a una pareja de buenos amigos. Él, catalán. Me detengo ahora en un detalle curioso que llamó mi atención esa mañana en Porrera para ilustrar el desafío que tendremos que afrontar, más allá de lo que ocurra el viernes en el Senado, si queremos hacer de este país un lugar en el que la defensa de las identidades nacionales no implique discutir la lealtad al Estado, hasta negarlo.

Durante el paseo pude observar que en el balcón del Ayuntamiento, aquel día, ondeaba la señera (con mástil y crespón negro, por los atentados de Barcelona y Cambrils) y, como en tantos otros pueblos de Cataluña, también la estelada, en una disposición menos solemne, pero visible. Las banderas y el nombre de la plaza en la que se sitúa la casa consistorial: plaza de la Constitución, ofrecían una estampa que representa, en mi opinión, la verdadera tensión sobre la que se asientan los elementos del trilema que resolvió el pacto de 1978 y que hoy se ha quebrado: Constitución, autonomía y vocación de independencia.

Quizás compartan conmigo la idea de que la aceptación de la Constitución de 1978 fue posible gracias, entre otros consensos, al que posibilitó un nivel de autogobierno más rápido y elevado para las nacionalidades, a la vez que se ofrecía a aquellos otros territorios llamados regiones un acceso más lento y menos intenso a la autonomía. Ya habrá ocasión de valorar la evolución de nuestro sistema autonómico en esa comisión parlamentaria que, al parecer, se creará en breve. Hasta entonces, basta simplemente con apuntar que la Constitución de 1978 ha sido considerada un éxito, en parte, porque ha permitido que la vocación de independencia que siempre ha existido en algunos territorios de España se limitara en términos políticos a algo testimonial y, por tanto, asumible para el sistema autonómico. En ello tuvo mucho que ver el alto grado de satisfacción que el desarrollo del autogobierno generó tanto en las instituciones como en la propia ciudadanía de aquellos territorios. Sin embargo, cuando la satisfacción ha decaído y los intentos de mejora por los cauces de reforma previstos al efecto han encontrado obstáculos para su materialización, la vocación de independencia se ha transformado en una nueva aspiración política, cuyo respaldo social e institucional se percibe como una amenaza al orden constitucional vigente.

¿Cómo volver a hacer compatibles los elementos del trilema? Hay quien piensa que tomar el control de Cataluña en virtud del artículo 155 es un instrumento necesario e imprescindible, incluso si el president de la Generalitat decidiera convocar elecciones autonómicas para conocer las preferencias de los catalanes. A mí, esta solución me plantea muchas dudas, y no solo por las dificultades para aplicar las medidas ya anunciadas por el presidente del Gobierno. En cualquier caso, más allá de la decisión final que apruebe el Senado, parece claro que esta condicionará el punto de partida para reconstruir, en una futura reforma constitucional, el nuevo pacto sobre el nivel de autonomía que necesita España. El problema es que, tras la aplicación del artículo 155, la propuesta de partida será a la baja.