Miguel Ángel Noceda
Todas las fuerzas políticas y territoriales se concertaron para establecer unas bases sobre las que modernizar el país.
De izquierda a derecha, Enrique Tierno Galván (PSP), Santiago Carrillo (PCE), José María Triginer (FSC), Joan Reventós (PSC), Felipe González (PSOE), Juan Ajuriaguerra (PNV), Adolfo Suárez (UCD), Manuel Fraga (AP), Leopoldo Calvo-Sotelo (UCD) y Miquel Roca (minoría catalana). EUROPA PRESS
Este miércoles, 25 de octubre, se cumplen 40 años de la firma de los Pactos de la Moncloa (fueron dos, denominados Acuerdo sobre el programa de saneamiento y reforma de la economía y Acuerdo sobre el programa de actuación jurídica y política), que se convirtieron en un paradigma mundial de diálogo y convivencia democrática entre todas las fuerzas políticas y territorios (incluidos, evidentemente, los nacionalistas vascos y catalanes). Los pactos permitieron a España iniciar el camino de la modernización que la llevaría a integrarse en la Unión Europea y a tener uno de los periodos más largos de prosperidad de su historia.
La radiografía de aquella España de 1977 presentaba, en el terreno económico, un cuadro clínico explosivo que revelaba unas cifras que se parecían poco a las que había manejado la oficialidad franquista. Era una economía muy intervenida que llegaba duramente lacerada por la crisis económica mundial causada por el encarecimiento de los precios del petróleo tras la guerra del Yom Kippur entre árabes e israelíes de 1973. El PIB era de 9,1 billones de pesetas, con un PIB por habitante equivalente a 3.000 dólares (hoy supera los 28.000 dólares); un crecimiento en términos reales del 2,8% que parecía sólido, pero con un consumo privado más débil, en torno al 1,5%. El déficit público (en torno al 2%) no era alarmante, pero no incluía muchos organismos autónomos o empresas públicas e industrias que luego tendrían que pasar por la reconversión. La inflación estaba oculta por la Junta Superior de Precios (JSP) y aquel año se disparó hasta un escalofriante 26,4%, aunque en algún momento del año llegó a rebasar el 30%, y los tipos de interés para créditos personales superaban el 10%, aunque no tardarían en sobrepasar el 20%.
También apareció entonces otro de los graves problemas estructurales de la economía española, que se ha instalado a lo largo de los 40 años, el desempleo, que se vio alimentado por la vuelta de muchos emigrantes, en parte atraídos por la apertura, pero también porque la crisis del petróleo había hecho mella en los países en los que se encontraban. En 1973, los parados rondaban los 325.000, según la Encuesta de Población Activa (EPA). En diciembre de 1976 había pasado a 627.990 y a 760.060 un año después, para superar el millón a finales de 1978. La tasa de paro sobre la población activa era a finales de 1977 de 5,69%. Desde entonces se desbocó hasta superar el 25% y los cinco millones de desempleados de los últimos años.
Además, el peso del sector primario era todavía alto. De los 12,5 millones de trabajadores ocupados que había en 1977 (casi 19 millones en la actualidad), 2,5 millones lo estaban en agricultura (ahora hay menos de un millón) y más de 5,3 millones ya estaban en el sector servicios, cifra que en la actualidad ha crecido hasta los 14 millones. El turismo, la primera industria nacional, trajo a España 34 millones de visitantes, bastante menos de la mitad de los más de 80 millones que se esperan para este año si no se tuercen las previsiones por la crisis catalana.
El sector empresarial era una mezcla de monopolios y oligopolios, controlados en su mayor parte por el Estado, que había acogido en su seno a empresas quebradas de todo signo y condición como solución alternativa al cierre antes de tener que enfrentarse a problemas sociales. Era una economía intervencionista y rígida que no tenía capacidad competitiva, en la que la JSP fijaba el valor de compra de los artículos básicos mediante los escandallos de costes. Una antigualla franquista.
Era una economía intervencionista y rígida sin capacidad competitiva
Todo estaba roto o descosido. La decisión del Gobierno de Suárez (UCD), recién salido de las urnas el 15-J, de devaluar la peseta casi un 20% era un síntoma claro de la crítica situación que vivía el país. Con los precios desbocados y la estructura social maltrecha no cabía otra salida que buscar un gran acuerdo nacional con la participación de todas las fuerzas políticas y sociales. Suárez encargó a Enrique Fuentes Quintana, vicepresidente al frente del área económica, y a Fernando Abril Martorell, vicepresidente encargado del área política, que pusieran en marcha la maquinaria para corregir las grandes lacras que lastraban la economía española: la inflación, el desempleo y el fuerte déficit exterior, que superaba los 11.000 millones de dólares.
Estaban en marcha los Pactos de la Moncloa. Se trataba de involucrar a todos. “O los demócratas acaban con la crisis económica o la crisis acaba con la democracia”, afirmó Fuentes Quintana recuperando una frase de un político republicano de 1932. Y allí estaban invitados los políticos que venían del franquismo con ánimos de cambio y los partidos de izquierda; los sindicatos, recién salidos de las catacumbas, y los empresarios, que acababan de constituir la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
“La idea era un ajuste general para luego abordar una Constitución para todos y no que estuviera partida, ése era el sentido profundo de aquellos pactos”, sostiene José Luis Leal, entonces director general de Política Económica. Leal, que luego sería ministro de Economía con UCD, formó el equipo que redactó el documento técnico base para los pactos junto a Manuel Lagares, subsecretario de Economía; Luis Ángel Rojo, director del Servicio de Estudios del Banco de España, y Blas Calzada, director general de Estadística.
“Situación insostenible”
El documento técnico tenía que pasar la aprobación política. Abril negoció primero con Carrillo, lo que no agradó mucho al PSOE, que había salido de las elecciones generales con una clara perspectiva de llegar al poder. Quizá por ello mostró bastantes reticencias a dar su respaldo, cuando la propia UGT (su sindicato hermano) no los veía mal. Sin embargo, Felipe González accedió a firmar. “Había un evidente riesgo de descarrilamiento, los ingresos no iban bien, la balanza exterior presentaba un enorme déficit, empezaba a aflorar el desempleo..., la situación era insostenible”, afirma Carlos Solchaga, que unos años después sería ministro de Industria con el PSOE y, después, de Economía.
La ausencia de los sindicatos y la patronal de la histórica foto de la firma en la Moncloa se debió, según recuerdan algunos de los protagonistas, a que los pactos tuvieran más la rúbrica política de las fuerzas representadas en el Parlamento. “Los Pactos de la Moncloa se hicieron porque los sindicatos nos negamos a hacer el pacto social que nos proponía Suárez”, recuerda Nicolás Sartorius, dirigente entonces de Comisiones Obreras y del PCE; “le sugerimos que lo importante era alcanzar un acuerdo económico y político. Si hubiera alcanzado un pacto social con nosotros, probablemente habría pasado de buscar acuerdos tan amplios con los partidos como los que dieron lugar a los Pactos de la Moncloa”.
pulsa en la foto
“Lo que la gente quería”, destaca Solchaga, “era pasar de la falta de libertad sindical a tener sindicatos libres, de la falta del derecho de huelga a la aplicación del derecho de huelga, de un sistema paternalista de protección de trabajadores al Estatuto de los Trabajadores y la Ley Básica de Empleo. Los ciudadanos querían pasar de un statu quo a otro, pero sin pensar en las dificultades para financiar ese cambio en plena crisis económica”.
Con los precios desbocados y la sociedad maltrecha no cabía otra salida
Por ello, además de un acuerdo de ajuste salarial, se abordó la implantación de un sistema fiscal moderno, del que se encargó especialmente Francisco Fernández Ordóñez como ministro de Hacienda (años más tarde sería ministro de Asuntos Exteriores con Felipe González). Junto a Fuentes Quintana, creó el modelo actual de IRPF. Para Sartorius fue una de las claves, “porque permitió invertir en campos en los que el país estaba profundamente retrasado, como la educación y la sanidad y permitía comenzar a implantar el Estado de bienestar”. Con el sistema franquista de impuestos indirectos, la presión fiscal apenas suponía el 22% del PIB (frente al 37% actual), por lo que no había ingresos suficientes para hacer frente a los compromisos de gasto a los que el Gobierno de Suárez estaba llegando con los sindicatos.
Pero, además de introducir un impuesto progresivo sobre la renta, se sentaron las bases del sistema financiero moderno, se reformó una Seguridad Social que estaba dispersa en innumerables montepíos, muchos de ellos quebrados, se construyeron escuelas que permitieron que todos los niños tuvieran acceso a la educación.
También se puso en marcha un programa, presupuestario y monetario, que permitió, en un año, rebajar al 16,5% la tasa de inflación sin que por ello se produjeran pérdidas de poder adquisitivo para los asalariados; el déficit del sector exterior se transformó en excedente, pero no pudo evitarse el aumento del paro. Ello fue así, en parte, porque cuando el programa comenzaba a dar sus frutos tuvo lugar un nuevo episodio de alza de los precios del petróleo que los llevó en muy poco tiempo a superar los 100 dólares por barril, lo cual, para una economía como la española, muy dependiente del petróleo, fue una auténtica catástrofe.
Los Pactos de la Moncloa, que no se prorrogaron quizá por razones electorales (el PCE hubiera preferido un Gobierno de concentración, pero el PSOE quería sustituir cuanto antes a UCD), fueron un cambio fundamental que sirvió, más allá del consenso político y de la corrección de algunos desequilibrios, “para sanear la economía y sentar las bases para acercarse a Europa y el posterior crecimiento”, apostilla Leal, quien luego sería ministro de Economía con UCD.
En materia política, el acuerdo permitió modificar las restricciones de la libertad de prensa, quedando prohibida la censura previa, y un cambio de la legislación sobre secretos oficiales. Asimismo, se aprobaron los derechos de asociación política, de reunión y la libertad de expresión, tipificando los delitos correspondientes por la violación de los mismos. Se creó el delito de tortura; se reconoció la asistencia letrada a los detenidos; se despenalizó el adulterio y el amancebamiento; se derogó la estructura del Movimiento Nacional, así como otras medidas sobre la restricción de la jurisdicción penal militar…
Los Pactos de la Moncloa fueron, con sus luces y sus sombras, el arreón definitivo para consolidar la democracia en España y dar paso a la Constitución de 1978, aunque hubo algunos peligros difíciles de sortear, como el intento del golpe de Estado del 23-F en 1981. Pero, para entonces, la democracia ya había cogido carrera y era difícil detener a una mayoría abrumadora que quería libertad. Después de la firma comenzó la labor de modernización del país. Los Gobiernos de UCD, cogidos por alfileres y formados por una sopa de letras de grupos, hicieron lo que pudieron para modernizar la economía. En 1982, tomó el relevo el PSOE, que completaría el camino hacia Europa.
TRES CATALANES ENTRE LOS 10 FIRMANTES
La coincidencia del 40 Aniversario de los Pactos de La Moncloa con la grave crisis de Cataluña confiere a aquellos acuerdos mucha más relevancia. Los desencuentros que se han producido estos días amenazan con tirar por la borda aquel espíritu constructivo y de entendimiento, que, quizá, se ha roto por no haber sabido los dirigentes de un lado y otro avanzar en el diálogo que se fraguó entonces. Fue un sentimiento que se reflejó en que, entre los 10 firmantes de los Pactos, había tres catalanes: Miquel Roca (por Convergència i Unió, hoy reconvertido en PDCat ), Josep Maria Triginer (por la Federación Catalana del PSOE) y Joan Reventós (por Convergencia Socialista de Cataluña).
Los pactos se firmaron en el Palacio de la Moncloa, que se había convertido en la sede del Gobierno tras el nombramiento de Adolfo Suárez como presidente, para después ser ratificados en el Congreso de los Diputados dos días después y en el Senado el 11 de noviembre de 1977. Además de los tres catalanes citados plasmaron su rúbrica Suárez en nombre del Gobierno; Leopoldo Calvo-Sotelo, por UCD, fundado por Suárez a partir de varios grupos impulsados en su mayor parte por políticos que habían sido dirigentes durante el franquismo (el propio Suárez había sido ministro secretario general del Movimiento); Felipe González, por el resucitado PSOE; Santiago Carrillo, por el PCE, que había sido legalizado la Semana Santa de aquel año; Enrique Tierno Galván, por el Partido Socialista Popular (PSP); Juan Ajuriaguerra, por el Partico Nacionalista Vasco (PNV), y Manuel Fraga Iribarne, por Alianza Popular, que no suscribió el acuerdo político, pero sí el económico. Viniendo de donde venía, se entiende su postura.
SUBIDA SALARIAL DEL 22%, INFLACIÓN DEL 26,4%
Los sindicatos y la patronal no firmaron los pactos, aunque concedieron su apoyo, los primeros implícitamente representados por los partidos de izquierda (PSOE y PCE) y los empresarios porque ya se habían convencido de que los tiempos estaban cambiando y había que aceptar la transición a la democracia. Eso no quería decir que las organizaciones sindicales (Nicolás Redondo lideraba UGT y Marcelino Camacho, CC OO) y la patronal quedaran al margen.
“Siempre prestaron un sólido apoyo”, sostiene José Luis Leal, que negoció con los sindicatos un aumento salarial del 22% (20 puntos más dos de deslizamiento) cuando la inflación acabaría ese año con el 26,4%. Aquel acuerdo allanaba el camino para el pacto político, pero no resultaba muy explicable que los sueldos subieran menos que la inflación, lo que llevó a Camacho a decir aquello de “las matemáticas de la burguesía”. Pero los sindicatos aceptaron y tuvieron que soportar que en alguna fábrica más de un militante les arrojara el carnet a la cara.
“Lo más importante es que, tras ese acuerdo, se empezaron a calcular los salarios sobre la inflación prevista y no sobre la pasada y, a cambio, se procedió a realizar la reforma fiscal, que era absolutamente necesaria”, enfatiza Nicolás Sartorius, uno de los negociadores por CC OO. Probablemente, el sacrificio era porque no sólo era salario real de lo que se hablaba. “Había que considerar también el salario social; es decir, aumentar el gasto social en capítulos que mejoraban notablemente el Estado de bienestar, como educación y sanidad”, completa el exministro socialista Carlos Solchaga.
No hay comentarios:
Publicar un comentario