EL PAÍS Opinión
Lluís Bassets
El artículo 155 ha servido para defender el autogobierno catalán.
Manifestación del pasado domingo en Barcelona. JAVIER ETXEZARRETA EFE
Ahora ya sabemos, al fin, qué es el artículo 155 y también sabemos que funciona y cómo funciona. Sirve para destituir al Gobierno de una comunidad autónoma que se sitúa fuera de la ley gracias a una mayoría parlamentaria suficiente para controlar las instituciones. Había muchas dudas sobre su utilidad e incluso sobre sus efectos. Algo está ya bien claro: ha sido fulminante. Ahora sí que puede decirse con toda propiedad, sobre todo después del primer día laborable, que ha quedado bien claro qué legislación tiene vigencia en Cataluña, la Constitución española, y qué Gobierno es el responsable de todo lo que sucede en su territorio, el que preside Mariano Rajoy.
El artículo 155 tenía funciones disuasivas, como la bomba nuclear. Con su carácter coercitivo, servía para convencer a las comunidades autónomas sobre la necesidad de cumplir la Constitución en su territorio. Su indefinición permitió pensar que podía convertirse en una absorción de una administración por otra y en una anulación de la autonomía. Es lo que hubiera sucedido en caso de que se hubiera aplicado en la versión de seis meses solicitada inicialmente al Senado. Los sectores más centralistas del PP y de C’s soñaban incluso en convertirlo en el instrumento de recuperación de las competencias más polémicas, educación, finanzas, medios de comunicación y orden público, que son las que el gobierno de Puigdemont ha utilizado de forma más insidiosa para organizar el referéndum y luego preparar la independencia.
No ha hecho falta nada de todo esto. Ni un sola competencia ha sufrido. Al contrario, el artículo 155 ha servido para defender el autogobierno catalán; y el instrumento utilizado para conseguirlo ha sido la disolución del parlamento, el más democrático que pueda haber. Nadie podrá alegar dentro y fuera de España que no se busca el consenso de los gobernados, expresado de la forma más democrática que existe, que es el de las elecciones multipartidistas propias de los sistemas liberales de democracia representativa.
El éxito de Rajoy con la disolución es deslumbrante. Ha prestigiado a España como sociedad y a España como Estado de derecho. Ha prestigiado la democracia representativa frente a los populismos. A pesar de sus cinco años de inmovilismo, ha resuelto la crisis rápida y limpiamente, cumpliendo así la demanda que se le hacía desde las capitales europeas.
Lo siento mucho por los obsesos contra el PP, pero el tanto que se ha apuntado el partido del gobierno ante la opinión española e internacional es de los que hacen época. Solo faltaba la demostración ayer lunes de la eficacia de su decisión, con la excelente reacción de la bolsa. Quirúrgica, minimalista, tan breve como los son los plazos para celebrar elecciones, esta aplicación del 155 intensiva solo puede encontrar el rechazo de los directamente afectados o la estupefacción dubitativa de los beatíficos equidistantes como Ada Colau.
Políticamente, además, es un golpe certero al independentismo, pues le obliga a concentrarse en una difícil campaña electoral, en vez de seguir bregando por dar una ficción de vida a la república nonata, falsamente proclamada el 27 de octubre. Solo faltaban las peripecias rocambolescas de Puigdemont y sus consejeros fugados a Bélgica, que terminarán lastrando al independentismo ante las elecciones, sobre todo por el ridículo colosal al que ha llegado, justo en el momento en que se encuentra bajo la mayor intensidad de los focos mediáticos de todo el mundo.
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