Lucía Méndez
Hace sólo un mes, el 155 para Cataluña era un horizonte lejano, remoto, dramático y no deseado. Resultaba casi inimaginable que Carles Puigdemontresistiera al frente de la rebelión después de enviarle al jefe del Estado y, sobre todo, a los mercados como temibles heraldos de la ruina económica de una comunidad rica. A pesar de la división del mundo independentista, el todavía presidente de la Generalitat -le quedan siete días de mandato- ha soportado lo que ningún otro gobernante del mundo responsable aguantaría sin convocar elecciones para, acto seguido, emprender rumbo al Caribe. Y ahí tiene ya servido en bandeja el 155. En dos meses escasos, la rebelión de las autoridades catalanas contra la Constitución de 1978 ha obrado el milagro de legitimar políticamente el temido 155, hasta ahora considerado anatema por parte del PP y el PSOE. Pedro Arriola, que sigue siendo el gurú y coach de Mariano Rajoy, diría que la perspicacia e inteligencia del presidente ha obrado el milagro de que todas las banderas españolas gritaran al unísono desde las ventanas: «El 155, pero ya».
Enfrascados en las pequeñeces políticas, las tácticas del corto plazo, el ruido de las redes y las miserias diarias, corremos el riesgo de perder de vista la trascendencia histórica del acuerdo tomado por el Consejo de Ministros presidido por Mariano Rajoy y celebrado el 21 de octubre de 2017. La última vez que un Gobierno de España tomó la decisión de intervenir el autogobierno de Cataluña, una parte del territorio nacional, fue en 1934.
El acuerdo por el que Mariano Rajoy se convertirá de facto en el presidente de la Generalitat, y los altos funcionarios del Gobierno de la Nación en consellers en funciones durante seis meses, supone el fracaso de la España que se reinventó en 1978. La España que quiso, y logró, pasar la página trágica de la Guerra Civil y la dictadura de Franco. La España de las autonomías ha acabado naufragando por Cataluña, el mismo lugar por donde siempre ha naufragado España. El Estado y la comunidad autónoma catalana no han logrado encontrar una salida verosímil y no traumática al conflicto planteado por más de dos millones de ciudadanos catalanes que, mal que les pese, forman parte del Estado español.
Probablemente, ni las autoridades catalanas declaradas en rebeldía, ni el Gobierno de la Nación esperaban que el otro llegara tan lejos. Y eso que las señales estaban ahí, visibles desde muy lejos. Cada uno de los actores del conflicto confió en la debilidad del adversario. Rajoy pensó que el Gobierno catalán no se atrevería a llegar tan lejos. Un fallo de lectura de la Historia de España. Un olvido del papel que pueden jugar las pasiones en la convivencia de un país. Y el Gobierno catalán oteó que el Estado era tan débil que podría doblegarlo. Preso de una dinámica callejera que no quiso ni pudo controlar, el Ejecutivo autonómico catalán creyó haber vencido al Estado el 9-N y el 1-O -razones tenía para ello-, y puso la directa hacia la independencia, creyendo que Rajoy no iba a atreverse a aplicarle el artículo 155.
Así es como hemos llegado hasta aquí. Si Carles Puigdemont sigue adelante liderando a los rebeldes y no disuelve el Parlament en los próximos seis días, Cataluña se convertirá en un peligroso banco de pruebas para el Estado. Un Estado que no se puede permitir el fracaso en la incierta y peligrosa aventura de una comunidad gobernada desde Madrid. No después de haber fracasado el 1-O, con las urnas pasando por delante de las narices de los servicios de inteligencia y los Mossos declarados en desobediencia frente a los tribunales.
La principal preocupación de las personas que han negociado el 155, en representación del Gobierno y del PSOE, ha sido tomar las medidas necesarias para que las medidas adoptadas sean eficaces. Incluso en el caso extremo de tener que utilizar la fuerza -todo tipo de fuerza- para garantizar su cumplimiento. El contenido del acuerdo del Consejo de Ministros -por el que se destituirá a Puigdemont y a todo el Govern- terminó de un plumazo con el cándido deseo de un 155 blando, limitado, parcial, leve, mullido o suave. No hay tal, ni podía haberlo. Tanto el Gobierno como el PSOE harían bien en no poner paños calientes a una situación que es dolorosa, grave, cruda y peligrosa. El 155 no va a restaurar la legalidad constitucional como por ensalmo, ni va a reparar las heridas abiertas en la sociedad catalana. La normalidad no se recuperará de forma automática, ni la convivencia volverá de golpe. Por el contrario, una parte de la sociedad catalana reaccionará con disgusto ante la pérdida efectiva de su autogobierno. Por constitucional que sea la decisión, que lo es.
Los seis meses que nos aguardan se presentan como una eternidad ignota. Las consecuencias políticas, sociales y económicas del 155 son imprevisibles. Lo que pueda suceder la semana próxima, si definitivamente se produce la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), nadie puede saberlo a ciencia cierta. Igual de incierto se presenta el resultado de unas elecciones autonómicas convocadas desde Madrid. Nadie puede asegurar que, a pesar de sus obvios excesos y de su fanatismo excluyente, los partidos pro independencia vayan a perder la mayoría absoluta del Parlament.
La dirección del PSOE es consciente del riesgo político que supone corresponsabilizarse de la aplicación del 155 junto al PP. Sin embargo, es dudoso que pudiera hacer cosa diferente. El movimiento independentista pone en riesgo la supervivencia del propio Estado. Los socialistas pusieron en pie el edificio del 78. Con más personal y materiales que el propio PP. El PSOE gobernó la España constitucional durante 21 años. Por rebelde que haya sido frente al establishment, Pedro Sánchez no podía hacer otra cosa que acudir en auxilio del Estado, aún en compañía de Mariano Rajoy, sin abrir un abismo entre él y la historia reciente de su partido.
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