Javier Tahiri
La economía avanzará un 2,3% en 2018 y creará 78.000 empleos menos por el impacto en el consumo y la inversión.
La prolongación del pulso independentista que mantiene la Generalitat con el Gobierno ha tiznado las perspectivas de la economía española para el año que viene, en lo que parece ser la confirmación definitiva de la desaceleración de la actividad. El Ejecutivo mandó ayer al filo de la medianoche el plan presupuestario prorrogado de 2018 a la Comisión Europea, el llamado «draft budgetary plan». En el documento, de casi cincuenta páginas, el Gobierno empeora sus previsiones de avance del Producto Interior Bruto, de déficit público y empleo para el próximo año por la crisis catalana y la prórroga de los Presupuestos para 2018.
De esta forma, a ojos del Gobierno la economía crecerá este año un 3,1% este año -una décima más que lo estimado en julio, cuando presentó su último cuadro macroeconómico-. No obstante, si las cifras mejoran de manera generalizada para este año, empeoran en el siguiente. En 2018 el PIB repuntará un 2,3%, tres décimas menos que en las anteriores previsiones y por debajo de las estimaciones del FMI, que auguraba un 2,5%.
El Ejecutivo achaca en su informe a Bruselas este empeoramiento a la crisis independentista de Cataluña y a la inestabilidad política generada que impiden aprobar las cuentas para el próximo año. El Gobierno cree que la tensión política en la región lastrará la inversión empresarial y el consumo, lo que explica este mayor pesimismo en sus previsiones.
«La desaceleración refleja la moderación del ciclo económico, que recogen las previsiones de los principales organismos nacionales e internacionales, pero también una ligera contención de la demanda interna, resultado del impacto negativo derivado de la incertidumbre asociada a la actual situación política en Cataluñay de la ausencia de un instrumento básico de política económica como son los Presupuestos Generales del Estado», desgrana el Gobierno en el informe.
De esta forma, el plan presupuestario prorrogado calcula la evolución de los principales indicadores en base al supuesto de que no se produce cambio de políticas alguno. El empeoramiento económico para el año que viene salpica a todas las estimaciones del Ejecutivo. La demanda nacional, que suma inversión y consumo, es la principal afectada por la tensión en Cataluña y a la misma se atribuyen cuatro décimas menos de crecimiento: de pasar a aportar un 2,2%, ahora lo hace un 1,8%.
En contraposición, al haber menor consumo -pasa de crecer un 2,4% en las anteriores previsiones para 2018 a hacerlo solo un 1,8%-, hay menos compras al extranjero y el sector exterior contribuye 0,5 décimas, una más que en las anteriores previsiones. Para este año, el Ejecutivo también reduce en una décima la aportación de la demanda interna y la sube en dos para el sector exterior ante el músculo inagotable de las exportaciones.
Menor consumo y menos inversión es sinónimo de destrucción de empleo. Si bien el Ejecutivo mejora su previsión para el mercado laboral este año, al calcular que el paro bajará al 17,2%, dos décimas menos que en sus anteriores pronósticos, el próximo año el desempleo caerá a menor velocidad de lo previsto en un inicio: en lugar de cerrar en el 15,4%, estará en el 15,5%. Asimismo, en lugar de crear 503.000 empleos en 2018 como antes calculaba, se generarán 425.000, según las previsiones enviadas ayer: 78.000 puestos de trabajo menos respecto a las anteriores estimaciones, en definitiva.
Amenaza independentista
El propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tildó ayer de «muy perjudicial» para la continuidad de la recuperación económica el desafío independentista de la Generalitat, antes de presidir un acto organizado por «El Economista». En sus palabras, la conducta del Govern constituye una «amenaza» para el empleo de los catalanes, y si persiste «se van a empobrecer».
El Gobierno debe enviar cada año, para el 15 de octubre, su plan presupuestario del ejercicio siguiente. Como aún no ha presentado su borrador de cuentas, ante la falta de apoyo del PNV debido a la eclosión de las tensiones políticas con Cataluña, debe remitir un plan prorrogado de las cuentas de 2017, con una actualización de sus previsiones económicas a futuro. Ya el año pasado, cuando para estas fechas no se había formado ni Gobierno, el Ejecutivo, entonces en funciones, mandó un plan prorrogado a Bruselas.
Pese a ello, el Ejecutivo aclara a la Comisión Europea que su objetivo es aprobar los Presupuestos cuanto antes. Hasta entonces, sus previsiones de déficit público también suben: del 2,2% que preveía en julio se pasa a un 2,3%, una décima más. El Gobierno atribuye este empeoramiento al comportamiento menos positivo de la actividad y a la propia prórroga de las cuentas, que le impide adoptar las medidas correspondientes para asegurar el cumplimiento.
Esta décima de aumento redunda en un mayor desequilibrio de la Administración Central para 2018 -su déficit pasa del 0,7% al 0,8%- mientras que en el resto de subsectores públicos nada cambia: las comunidades tienen un objetivo del 0,4%, la Seguridad Social del 1,1% y las corporaciones locales deben cerrar con equilibrio presupuestario. No obstante, pese a que las autonomías mantienen el mismo objetivo,contarán con 4.020 millones menos de recursos si no hay nuevos Presupuestos: el resultado de no actualizar sus entregas a cuenta del sistema de financiación. El Ejecutivo podría aprobar esta revisión de forma independiente pero así eleva la presión política para recabar apoyos.
En cualquier caso, el objetivo del 3,1% para este año no está en riesgo, según asegura el informe. Curiosamente, la prórroga de las cuentas posterga la rebaja fiscal de IRPF apalabrada con Ciudadanos y congela el gasto para el siguiente ejercicio, lo que en principio ayuda a bajar el déficit. Un efecto que se antoja insuficiente al repasar el informe: el Ejecutivo detalla que, de no haber Presupuestos, las ocho décimas de reducción del 3,1% al 2,3% se deberán por completo al repunte del PIB. Pese a ello, estas previsiones marcan el fin de una época: el ciclo de crecimiento disparado de la economía española ha quedado atrás.
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