EL PAÍS COLUMNA
Javier Ayuso
Puigdemont ha conseguido defraudar a todos con una declaración trilera.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. ALBERT GEA REUTER
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont perpetró ayer su penúltima burla al Estado de derecho. Mediante varios juegos de palabras, el líder catalán declaró de hecho un estado independiente en forma de república, aunque inmediatamente pidió al Parlament “que suspenda la declaración de independencia para dialogar durante las próximas semanas”.
En ciertos sectores del catalanismo se aseguraba ayer que el president no había declarado la independencia. Pero ¿cómo se puede suspender algo que no se ha declarado? Como buen trilero, Puigdemont movió los vasos con rapidez y sacó la bolita bajo el recipiente de un supuesto diálogo, sin aclarar si se quiere negociar algo más que la secesión. Eso sí, se fijaba un plazo de semanas para “solucionar el conflicto de forma acordada”.
Ante este paso de independencia condicionada al diálogo, el Gobierno de España, anunció anoche lo que debería de haber hecho hace algunas semanas: requerir al Govern para que anule todas las decisiones ilegales adoptadas desde el 6 de septiembre. En caso contrario, se pondrá en marcha la maquinaria para ejercitar el artículo 155 de la Constitución, previo paso por el Senado, que les permite “adoptar las medidas necesarias para obligar al cumplimiento forzoso de las obligaciones legales”. Es decir, a tomar el mando en Cataluña.
El discurso de Puigdemont siguió la tónica habitual del líder separatista catalán. Empezó con un relato tramposo, pero bien armado, de la historia reciente de las relaciones entre el Estado y la Comunidad Autónoma y acabó legitimando los resultados de un referéndum ilegal y sin garantías (lo calificó de éxito político), antes de decir que “el Govern no se desviará ni un milímetro de sus compromisos” y que “Cataluña se ha ganado el derecho a ser un estado independiente”.
El mensaje iba dirigido a varios públicos muy diferentes. En primer lugar, al Gobierno, al que intentaba volver a engañar con buenas palabras y buenas intenciones. También al PSOE, en busca de romper la unidad constitucional con llamadas a la democracia y promesas de diálogo. Y, por supuesto, a los gobiernos y las instituciones europeas, a los que quiere volver a cortejar, tras el portazo recibido en los últimos días, en busca de una mediación internacional. Dudo que ninguno de los tres saliera convencido.
Como tampoco lo estuvieron los socios más radicales del Govern, los antisistema de la CUP, que mostraron su enfado y decepción por no haber convertido la sesión de ayer del Parlament en una fiesta de la república catalana.
Puigdemont ha conseguido defraudar a todos. Su declaración trilera de independencia pone en marcha la maquinaria del Estado de derecho para reinstaurar el orden constitucional y su petición de suspensión le convierte en un traidor para buena parte de los secesionistas. Esta vez, la burla no ha funcionado.
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