Berna G. Harbour
En un violento huracán, las personas que se sienten más seguras son las que están en el centro, en el ojo en torno al cual gira el peligro destructor que se ha puesto en marcha. Ahí predomina una falsa sensación de quietud. Valga esta figura para ilustrar el atrincheramiento del president Puigdemont y el entorno más radical que le rodea, que intenta sentirse a salvo manteniéndose en el mismo punto mientras la ecuación legalidad/ilegalidad gira violentamente a su alrededor. Ellos no se mueven. La ecuación sí. Y la inamovilidad nunca es inteligente.
Puigdemont, como máximo responsable del Govern y las fuerzas que impulsan el independentismo, no solo ha violado la Constitución y el propio Estatut al impulsar las leyes de Referéndum y Transitoriedad los pasados 6 y 7 de septiembre, como le recordaron sus propios letrados y el Tribunal Constitucional, sino que ha violado estas propias leyes, adoptando y excluyendo sus artículos a la carta, a conveniencia, conforme a sus oportunistas principios de que el fin siempre justifica los medios. Exactamente su fin, el que él y los suyos han elegido, que no el del conjunto de los ciudadanos de Cataluña.
La primera violación de la ley del Referéndum en Cataluña fue el cese de la Sindicatura, un organismo que la ley establecía como “órgano responsable de garantizar la transparencia y la objetividad del proceso electoral”, al que se dedicaban 11 detalladísimos artículos. La segunda fue la ausencia de papeletas prometidas (“es nulo el voto que no se ajusta al modelo oficial”, dice el artículo 8). La tercera es la ruptura del concepto de censo con garantías prometido en el artículo 9.2. La cuarta fue la neutralidad de las administraciones públicas catalanas y la abstención de utilizar recursos presupuestarios para favorecer cualquiera de las opciones recogidas en el artículo 10. Etcétera, etcétera.
Que después de estas autoviolaciones de la ley, los goles en propia meta, haya decidido incumplir (por el momento) la parte más arriesgada y menos sustentada de su contenido sin aclarar la senda de legalidad que adopta indica el irresponsable impulso del president como máximo dirigente de Cataluña. En un pleno caótico, retrasado por sorpresa, subordinado a las últimas reuniones de Puigdemont con sus aliados, el president ha intentado satisfacer a muchos sin satisfacer seguramente a nadie, incumpliendo su máxima responsabilidad.
“El resultado del referéndum tiene carácter vinculante", dice el artículo 4.3. “Si en el recuento de los votos válidamente emitidos hay más votos afirmativos que negativos, el resultado implica la independencia de Cataluña. Con este fin, el Parlamento de Cataluña, dentro los dos días siguientes a la proclamación de los resultados oficiales por la Sindicatura Electoral, celebrará una sesión ordinaria para efectuar la declaración formal de la independencia de Cataluña, concretar sus efectos e iniciar el proceso constituyente”, dice el 4.4.
Puigdemont ha recordado estos artículos, pero ha elegido proclamar que "asume el mandato" de la independencia para pedir a continuación al Parlament una suspensión de la declaración de independencia, aunque da por válidos unos resultados del referéndum que no tienen ningún peso jurídico.
La Ley de Referéndum debía morir ahora para dar paso a la ley de Transitoriedad. Los ciudadanos quedamos ahora a la espera de qué legalidad inspira a Puigdemont, cuando en realidad nos habría bastado que cumpliera la Constitución.
La tormenta desatada tiene ya consecuencias muy graves. Y el presidente ha incumplido su deber de abrir los ojos, abandonar por un momento el ojo del huracán, asomarse a la devastación que empieza a causar y frenar en seco por el bien de todos en una retirada y regreso a la legalidad. Ahora el huracán retomará fuerza, y él será el responsable.
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